'¡Sobre todo, fíjate! Quiero que nuestra casa [en el Sáhara] haga esquina y sea soleada'. Esta recomendación que, según el economista marroquí Fouad Abdelmoumni, hacía en 1975 una mujer a su esposo que se estaba enrolando en la Marcha Verde, demuestra hasta qué punto la promesa del beneficio material, sin ser el motivo principal de la ocupación, no ha sido nunca ajena a las reivindicaciones marroquíes sobre la ex colonia española.

Rico en fosfatos (Fosbucraa es el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo), en pesca, y con un gran potencial en energía eólica y solar, el Sáhara esconde además la promesa, nunca confirmada del todo, del maná del petróleo.

Los observadores califican de 'robo' la explotación de los recursos del Sáhara

Riquezas que, al igual que la población del Sáhara, sus pueblos, y puede que incluso alguna casa soleada en una esquina, pasaron a estar bajo el férreo control de un país cuya clase dirigente disfruta desde 1975 de los beneficios de unas riquezas cuyo legítimo propietario es el pueblo saharaui.

Así lo estableció en 2002 el dictamen Corell, una carta dirigida al Consejo de Seguridad por el secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos, Hans Corell, en la que se recuerda que la explotación de los recursos naturales de la ex colonia por parte de Marruecos sólo sería legal si se hiciera atendiendo a 'los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental'.

Javier García Lachica, del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW en sus siglas en inglés), lo define como 'un robo', un 'expolio' que ha cobrado protagonismo por haber estado en el núcleo de las reivindicaciones del Campamento Dignidad.

Las riquezas del Sáhara ofrecen pingües beneficios, recuerda García Lachica. Por ejemplo, el acuerdo de pesca con la UE, cuya legalidad pusieron en entredicho los servicios jurídicos de la Eurocámara en febrero, proporciona a Marruecos algo más de 36 millones de euros anuales. De acuerdo con WSRW, Marruecos obtiene 'entre 1.500 y 1.600 millones de dólares anuales' por la explotación de los fosfatos saharauis.

Pero ¿a quién va a parar este dinero? Sin duda no a los marroquíes de a pie, que sufren un subdesarrollo que, en palabras de la experta en el Magreb Laura Feliú, es el corolario 'de la apropiación de los recursos por parte del régimen'; mucho menos a los saharauis, que padecen una tasa de desempleo que, por poner un ejemplo, alcanza 'el 45% en El Aaiún', según los datos de WSRW. Quienes se lucran en el Sáhara son algunos miembros del majzén, la estructura de poder feudal basada en redes clientelares que sustenta desde hace siglos a la monarquía marroquí.

El mejor ejemplo de ello es el propio Mohamed VI. Un artículo de 2009 de la revista Forbes atribuía a los fosfatos (marroquíes y saharauis), explotados por la estatal OCP, el incremento de la fortuna real en mil millones de dólares durante 2008. Forbes bautizó entonces al monarca como 'el rey de la roca'.

El Sáhara ha sido también un gran negocio para ciertos generales. Es un secreto a voces, refrendado por el informe Sáhara Occidental: el coste del conflicto, del International Crisis Group, que algunos militares se han hecho de oro acaparando y revendiendo las licencias de pesca.

Una corrupción que el difunto Hassan II veía con muy buenos ojos. Tras los golpes de Estado militares de 1971 y 1972, el Sáhara fue la salvación del entonces debilitado rey. Le permitió recuperar el consenso de la población y de las fuerzas políticas, subordinar la democratización del país a la consecución de la llamada 'integridad territorial' y de paso mandar al ejército bien lejos para luego corromper allí a sus mandos.

La víctima de esta situación es, primero, el pueblo saharaui y, después, el marroquí. Pese a invertir enormes sumas en subvencionar a los saharauis (muchos reciben sueldos por trabajos ficticios), Marruecos no ha logrado comprar la voluntad de un pueblo. ¿Y los marroquíes? Mientras sus líderes se lucran, el economista Abdel-moumni, citado en la revista Tel Quel, atribuye a la sangría de los gastos en el Sáhara (militares, subvenciones, prebendas, exoneración de impuestos, etc.) la pérdida del 3% del PIB del país.