La recién estrenada Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ha aprobado este sábado la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, después de que el Tribunal Supremo hallara méritos para su enjuiciamiento.

La decisión no supone ninguna sorpresa, ya que la fiscal general se había convertido en blanco de las críticas del presidente, Nicolás Maduro, quien la culpa de amparar la violencia fomentada por la oposición.

Al mismo tiempo, la Asamblea Constituyente, ha designado como nuevo fiscal general al defensor del Pueblo, Tarek William Saab. "Eso no puede quedar vacío porque se generará un problema que ya lo teníamos con la inacción del Ministerio Público", dijo en la primera sesión de la Constituyente Diosdado Cabello al proponer para el puesto a Saab, quien había pedido la destitución de Ortega Díaz.

Los constituyente aprobaron que "sea declarada la emergencia en el Ministerio Público, de tal manera que el señor Tarek William Saab pueda llegar al MP, tomando decisiones para la reestructuración del Poder Ciudadano, del Ministerio Público", tal como propuso Cabello.

Horas antes de esta destitución, la fiscal general había denunciado el "asedio" a la sede principal del Ministerio Público (MP) en Caracas por parte de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana que mantenía rodeada la institución. De hecho, los agentes han impedido la entrada al edificio a  Ortega Díaz, quien fue obligada a retirarse de la sede y sus alrededores por los efectivos minutos antes de su destitución.

La destitución fue sometida al voto de los constituyentes después de que el Tribunal Supremo de Justicia notificara a la Asamblea que había hallado méritos para enjuiciar a la fiscal, para su inhabilitación, prohibición de salida del país y congelación de sus bienes.

En una declaración a la prensa ofrecida poco después de la votación, el oficialista Cabello afirmó que la Fiscalía, en manos de Ortega Díaz, "hasta hace media hora se había convertido en un centro de la impunidad en este país".

"Estoy seguro que con Tarek William Saab va haber justicia, que no significa venganza, nosotros no actuamos en base a esa premisa", añadió.

Contra Ortega Díaz se había iniciado un procedimiento de "antejuicio de mérito" para evitar su inmunidad y despojarle del cargo, después de que esta cuestionara el procedimiento con el que el chavismo eligió a una treintena de magistrados que compone la corte suprema venezolana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ayer que había dictado medidas cautelares de protección a Ortega Díaz porque afronta un "riesgo inminente de daño irreparable".

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana apostados en la sede principal del Ministerio Público.- REUTERS/Andres Martinez Casares

La situación se registra un día después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida hace una semana y con poderes casi ilimitados para redactar una nueva Constitución y refundar cualquier institución del Estado.

La Constituyente había anunciado desde el inicio de su campaña que la "depuración" de Ministerio Público sería una de sus primeras acciones que tomaría una vez que ocupara el poder de la ANC.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó ayer al Ministerio Público de ser cómplice de la "insurgencia armada" que según su discurso ha vivido el país desde que empezara la ola de protestas contra su Gobierno el pasado 1 de abril.

Según el líder chavista, la Constituyente servirá para "que haya justicia" y se cure una "herida social" de la que, afirmó, forma parte "la complicidad del Ministerio Público con la insurgencia armada, la protección que la Fiscalía le ha dado a los violentos durante tres meses o más".

La fiscal general se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más vehementes contra Maduro dentro de las instituciones del Estado, y ha sido acusada de "traidora" desde el oficialismo.

Al igual que el Parlamento, de mayoría opositora, Ortega ha denunciado la Constituyente como un "fraude", y ha alertado de que este órgano plenipotenciario activado por Maduro es un instrumento del Gobierno para instaurar "un sistema personalista y totalitario".