Publicado: 10.03.2016 22:25 |Actualizado: 11.03.2016 12:09

La Fiscalía de Sao Paulo pide detener a Lula da Silva por temor a la movilización de sus seguidores

El expresidente brasileño está acusado de blanqueo por la supuesta posesión de un apartamento en la playa sin declarar a Hacienda

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Lula da Silva abandona este miércoles un acto en Brasilia. REUTERS/Adriano Machado

Lula da Silva abandona este miércoles un acto en Brasilia. REUTERS/Adriano Machado

SAO PAULO (BRASIL).- La Fiscalía de Sao Paulo solicitó este jueves la detención preventiva del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos en un proceso por corrupción paralelo al que investiga las irregularidades en Petrobras. Los fiscales Cassio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo han argumentado que la prisión preventiva es necesaria para garantizar "el orden público, la instrucción del proceso judicial y la aplicación de la ley penal".

Los fiscales alegan en la denuncia que presentaron ante la Justicia que es "imprescindible" ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal. Según los fiscales, el arresto de Lula se hace necesario debido a que "es conocido que posee poder de expresidente de la República, lo que hace su posibilidad de evasión sea muy simple". Los fiscales agregan en la denuncia que los seguidores del exmandatario pueden promover "maniobras violentas" y presentarlo como "un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho".



La Fiscalía acusa al expresidente brasileño de de blanqueo de capitales y falsedad ideológica por, supuestamente, haber recibido un apartamento junto a la playa como pago de la trama corrupta de Petrobras.  Los investigadores creen que Lula es el verdadero dueño del tríplex ubicado en el Edificio Solaris, un condominio de lujo de Guaruja, en Sao Paulo, construido por el grupo de ingeniería OAS, involucrado en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal brasileña.

Los fiscales acusan a Lula de ocultación de patrimonio, una versión del delito de blanqueo de capitales por el que podría ser condenado a entre tres y diez años de cárcel, y falsedad ideológica, con un marco penal de uno a tres años. Su mujer, Marisa Letícia, y uno de los hijos del matrimonio, Fábio, han sido acusados de lavado de dinero.

Pese a la filtración de la denuncia en la que se solicita prisión para Lula y otras 15 personas (los diarios O Globo y O Estado de S. Paulo informaron de la petición de arresto de Lula citando documentos judiciales), fuentes de la Fiscalía evitaron comentar el tema y agregaron que los fiscales no se van a pronunciar sobre el mismo.

El abogado del ex mandatario dice que la petición de los fiscales es una nueva prueba de que hay una "campaña mediática" contra Lula

La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, ha restado importancia a la petición del Ministerio Público. "Se basa en testimonios de personas que sospechan que el inmueble estaba siendo construido para el ex presidente", ha indicado. Zanin Martins se ha mostrado seguro de que la solicitud de la Fiscalía será rechazada por la jueza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira por la "fragilidad" de los argumentos. "No tiene sentido atribuir una casa a un dueño que nunca la ha usado", ha esgrimido. El abogado del ex mandatario ha afirmado que la petición de los fiscales es una nueva prueba de que hay una "campaña mediática" contra Lula. 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibe el apoyo de un grupo de seguidores y simpatizantes del PT durante su visita a la Fundación Oswaldo Cruz, en Rio de Janeiro. REUTERS/Ricardo Moraes

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibe el apoyo de un grupo de seguidores y simpatizantes del PT durante su visita a la Fundación Oswaldo Cruz, en Rio de Janeiro. REUTERS/Ricardo Moraes

El Instituto Lula aclaró en enero (cuando la prensa se hizo eco de las pesquisas) que el ex presidente "nunca escondió que compró participaciones de Bancoop (la cooperativa) para tener un apartamento en el Edificio Solaris, algo que fue declarado a la Hacienda Pública". Además, explicó que "para tener el apartamento, tanto de hecho como de derecho, sería necesario pagar la diferencia entre el valor de las participaciones y el valor del inmueble". "Y la familia del ex presidente no ha ejercido ese derecho", subrayó.

Manifestación de la oposición el domingo

También elpresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao, cree que es improbable que un juez aprueba la petición de los fiscales. Al ser consultado por la posibilidad de que Lula pudiera integrarse como ministro en el Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, como han sugerido algunos miembros del gabinete, Falcao afirmó que la decisión depende de Lula.

Si entrara en el Ejecutivo brasileño, Lula solo podría ser juzgado en el Tribunal Supremo, dejándole fuera del alcance de las investigaciones estatales y federales.

La denuncia de Sao Paulo llega después de que el pasado viernes Lula fuera brevemente detenido por la Policía para interrogarlo por la red de cobro de sobornos a cambio de contratos de Petrobras, por lo que su defensa lo ha atribuido a un intento de manchar la reputación de Lula.

El eventual arresto del ex mandatario aumentaría de forma dramática la temperatura de una crisis que está complicando a Rousseff y podría polarizar aún más las protestas convocadas el domingo por la oposición para exigir que sea sometida a un juicio político.