BOGOTÁ.- Después de 52 años de enfrentamiento armado y 6 de negociación, el Gobierno de Colombia y la guerrilla firmaron, en el escenario del Teatro Colón en el centro de Bogotá, el Acuerdo definitivo de Paz por el que la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejarán las armas para convertirse en un partido político y terminará la guerra más antigua del continente americano.

En un sencillo y breve acto, ante unos centenares de invitados, miembros del cuerpo diplomático , representantes de las víctimas del conflicto y de todos los sectores políticos menos el “Centro Democrático” de Uribe, el Presidente Santos y el líder guerrillero Timoleón Gómez, Timochenko, firmaron el nuevo texto que modifica el suscrito el pasado 26 de Setiembre en Cartagena de Indias, e incorpora los puntos de vista de quienes votaron No en el pasado plebiscito del 2 de Octubre mostrando su disconformidad con el texto del acuerdo inicial de paz.

El jefe guerrillero realizó un discurso muy moderado en el que incluso dedicó un aparte para la felicitación y buenos deseos para el Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump. Mientras que Santos, desgranó un largo discurso protocolario que fue recibido sin mucho entusiasmo.

A partir de este momento se inicia el periodo de refrendación e “implementación” de los acuerdos. Tras el acto de la firma, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha llevado el libro de los acuerdos al vecino Parlamento en la Plaza de Bolívar, donde la Cámara de Representantes y el Senado le esperaban reunidos en Plenaria. El próximo martes se iniciarán los debates para que una semana se refrende el texto y se impulse un desarrollo legislativo que debe iniciarse con una Ley de Amnistía que dé seguridad jurídica a los guerrilleros y les permita dirigirse sin temor a los puntos de concentración repartidos en distintos lugares de Colombia, desde los que se dirigirán en unos meses a su reincorporación a la vida civil, con ayudas económicas para crear ámbitos de trabajo individual o cooperativo.

Los negociadores del Gobierno y la guerrilla se enfrascaron en modificaciones al acuerdo, que se había dado como “inamovible” y que han sido agregadas al texto como “erratas”

En los últimos días, retrasando la fecha inicial de la firma, prevista para el pasado martes, los negociadores del Gobierno y la guerrilla se enfrascaron en modificaciones al acuerdo, que se había dado como “inamovible” y que han sido agregadas al texto como “erratas”. La más importante, para responder al plante de sectores militares, especialmente los más levantiscos reunidos en la asociación de generales retirados, ha suprimido del texto la responsabilidad de los Jefes de las Fuerzas armadas en la actuación de sus subordinados, tal como prevé la Corte Penal Internacional, cuya mención ha quedado suprimida del texto, ante el temor del los altos mandos, activos o retirados de ser salpicados en procesos como los de los llamados “falsos positivos” (asesinato de campesinos y jóvenes, que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate).

Otras modificaciones se refieren a frenar los avances previstos en materia de reforma rural, cediendo ante los poderes de la derecha terrateniente; límites a la Justicia Espacial para la paz, eliminando la intervención de juristas internacionales; la restricción a la elegibilidad de los exgerrilleros en las 16 “zonas especiales de paz” donde han ejercido su influencia; la aportación de bienes de la guerrilla para la reparación a las víctimas y, muy importante, que el Acuerdo de Paz, no pase automáticamente al “bloque de constitucionalidad”, sino que tenga que ir siendo legislado por partes para considerarse como una reforma “blindada”.

A pesar de todo, como anunció “Público” el sector político encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, agrupado principalmente en el “Centro Democrático”, pero con sectores en otros partidos de la derecha, ha declarado la guerra al acuerdo de paz, con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2018, cuya campaña empezará en los próximos meses.
Uribe ha llamado a la “resistencia civil” en el Parlamento y en las calles, siguiendo el modelo de su antecesor, el caudillo conservador Laureano Gómez, quien se empeñó en una campaña para “hacer invivible la República”. abriendo una de las etapas más violentas de Colombia.