El Gobierno británico ha decidido asumir el discurso conservador sobre la inmigración. A seis meses de las elecciones, Gordon Brown ha anunciado restricciones a la llegada de extranjeros para ganarse el apoyo de aquellos que piensan que hay demasiada gente de fuera en Gran Bretaña.

Las encuestas que manejan los laboristas indican que son sus propios votantes de la clase trabajadora los que creen que el Gobierno ha sido demasiado tolerante con la inmigración, hasta el punto de que podrían quedarse en casa en las elecciones de mayo de 2010 o, en los casos más extremos, votar al partido ultraderechista BNP.

Los cambios afectan a la contratación en origen fuera de Europa para empleos cualificados en los que no hay candidatos británicos. El Gobierno limitará el número de profesiones en que se podrá hacer uso de esta opción.

Habrá una reducción inmediata en el caso de ingenieros de distintas especialidades, consultores sanitarios y técnicos de astilleros, y la lista continuará aumentando.

Para los empleos no cualificados, el Gobierno obligará a las empresas a ampliar de dos a cuatro semanas el tiempo que esos trabajos se ofertan en el Reino Unido antes de buscar sustitutos fuera de la UE. Los visados para estudiantes también sufrirán recortes y sólo se concederán para carreras universitarias de ciclo largo.

Brown anunció en persona los cambios en una conferencia . Antes había concedido una entrevista sobre el tema al diario conservador Daily Mail (dos millones diarios de difusión), el más reaccionario entre los periódicos sensacionalistas. Al igual que en la época de Blair, los laboristas muestran su interés en captar el interés de los lectores de la prensa amarilla.

Los extranjeros que pasen todos estos filtros deberán demostrar su buena conducta. “La gente quiere asegurarse de que los recién llegados acepten tanto las responsabilidades como los derechos”, dijo Brown. “Obedecer la ley, aprender inglés y hacer una contribución [a la sociedad]”.

Aquellos que se queden en el país tendrán que demostrar a los cinco años que se lo merecen, lo que les obligará por ejemplo a no ser condenados por un delito. Incluso los ciudadanos de otros países de la UE serán expulsados si reciben una pena de prisión de al menos doce meses.

No son sólo los conservadores o los ultras los que creen que el país debería cerrar las puertas a los inmigrantes. “Los trabajadores no tienen miedo a los extranjeros”, dijo ayer el secretario general del sindicato Unite. “Pero están enfurecidos con las empresas que explotan a los trabajadores extranjeros con salarios más bajos y peores condiciones laborales”.

Gran Bretaña es quizá el país europeo que más pronto comenzó a admitir inmigrantes. Esa época parece que ha tocado a su fin.