El Tribunal Especial para Líbano (TEL), con sede en La Haya, comunicó ayer a la Fiscalía libanesa los nombres de varios ciudadanos de ese país, incluidos algunos miembros de Hizbolá, a quienes el TEL acusa del asesinato del ex primer ministro Rafiq al Hariri, ocurrido en Beirut el 14 de febrero de 2005.

El Gobierno libanés dispone ahora de 30 días para practicar las detenciones. En caso contrario, el TEL hará pública la identidad de los sospechosos y los citará a declarar en La Haya. El prolongado trabajo del TEL ha sido criticado por Hizbolá. El líder de la organización chií, que ha acusado del crimen a Israel, ha dicho que no permitirá la detención de ninguno de sus hombres.

El Gobierno de Beirut se encuentra ante una verdadera disyuntiva. El primer ministro Nayib Mikati, que acaba de formar, tras mucho esfuerzo, un Gabinete que está dominado por Hizbolá, es consciente de que el asesinato de Hariri divide profundamente a Líbano. Ayer, Mikati advirtió de que es más importante mantener la estabilidad del país que resolver el caso. La población está dividida en dos mitades casi iguales. Una se cree lo que dice el TEL y la otra, no.

En París, Saad al Hariri, hijo del ex primer ministro asesinado, y él mismo jefe del Gobierno hasta hace pocos meses, calificó la decisión del TEL de 'momento histórico', y pidió a Mikati que no eluda sus responsabilidades y obedezca las instrucciones que le llegan desde La Haya.

Es casi imposible hacer un pronóstico acerca de lo que ocurrirá en las próximas semanas, pero parece muy difícil que el Gobierno detenga a los sospechosos, ya que esto significaría la caída automática del Ejecutivo.