El Gobierno israelí ha aprobado la edificación de casas temporales en el asentamiento judío de Kojav Yaacov, al sudeste de Ramala, para los colonos de Migrón, cuyo desalojo ordenó el Supremo para antes de agosto.

La decisión, unánimemente apoyada en la reunión del consejo de ministros, tendrá un coste de unos 25 millones de shekels (unos 5 millones de euros o 6.7 millones de dólares) que probablemente corran a cuenta del Estado, según una fuente oficial sin identificar citada por la edición digital del diario Haaretz.

Aún no se ha decidido el lugar de reasentamiento definitivo de los alrededor de 150 residentes en Migrón, un asentamiento ilegal bajo la legislación israelí (para el derecho y la comunidad internacional todos los son), edificado en 2002 sobre tierras privadas palestinas en el centro del territorio ocupado de Cisjordania. Los habitantes de Migrón se mudarán a sus casas temporales en Givat Hayekev de Kojav Yaacov antes del 15 de julio.

No obstante, se prepararán los terrenos en otro asentamiento judío cercano, Adam, por si las estructuras en Givat Hayekev no estuvieran listas para el 1 de agosto, la fecha tope que dio el Supremo al Estado tras seis años de incumplimiento de las ordenes de demolición.

En declaraciones a la agencia oficial palestina Wafa, Nabil Abu Rudeina, portavoz del presidente palestino Mahmud Abás, considera la decisión contradictoria con las frecuentes declaraciones públicas de Netanyahu sobre sus deseos de paz en Oriente Medio. Abu Rudeina pide además a la comunidad internacional que presione a Israel para que detenga la ampliación de los asentamientos judíos en Jerusalén Este y Cisjordania.

El pasado marzo, la máxima autoridad judicial del país rechazó un pacto que habían alcanzado el Ejecutivo derechista de Netanyahu y los colonos de Migrón que consistía en aplazar su evacuación hasta que concluyese la construcción de un nuevo asentamiento en una colina cercana, previsiblemente en el 2015, y mantener en pie las casas, por si regresaban en un futuro. Antes de esta sentencia y tras varias solicitudes de aplazamiento, el Supremo había fijado el 30 de marzo de 2012 como fecha límite para vaciar la colonia.