Japón cumplía este miércoles un año sin aplicar la pena de muerte, el periodo más largo desde principios de los 90.

La última vez había sido el 28 de julio de 2009, cuando dos presos japoneses y un recluso chino fueron ejecutados. La 'conmemoración' apenas ha durado unas horas, puesto que el país nipón ha vuelto a aplicar la pena máxima, rodeado desde hace décadas de secretismo: se aplica sin aviso previo a los condenados, sin testigos y siempre en la horca.

Los presos ajusticiados fueron Kazuo Shinozawa, de 59 años, responsable de la muerte de seis mujeres en el incendio de una joyería en 2000, y Hidenori Ogata, de 33, condenado por matar a una pareja en 2003.

En todo este año no se habían producido ejecuciones por la posición de la ministra de Justicia, Keiko Chiba, una abogada progresista y conocida abolicionista que no había firmado ninguna sentencia de muerte y que desde que llegó al Gobierno, en septiembre pasado, había optado por la cautela.

La propia Chiba estuvo presente en las ejecuciones, de las cuales el Gobierno nipón ha excluido las motivaciones políticas.

La ministra de Justicia anunció que se creará un comité sobre la aplicación de la pena de muerte

Keiko Chiba explicó que esta ha sido la primera vez que un titular de Justicia ha presenciado en Japón una pena de muerte y dijo que lo hizo 'porque es mi deber revisar el proceso, al ser yo la persona que lo ordena'.

Los dos presos fueron ejecutados en el Centro de Detención de Tokio, una de las siete cárceles japonesas donde puede aplicarse el máximo castigo y que Chiba tiene intención de abrir al escrutinio de los medios de comunicación próximamente.

Tras firmar las sentencias de muerte, la ministra de Justicia anunció que se creará un comité sobre la aplicación de la pena de muerte en Japón, donde más del 80% de la población respalda el máximo castigo.

'Siento la necesidad de que haya un debate serio sobre la pena de muerte', apuntó la ministra, que rechazó hablar de sus convicciones personales sobre el tema.

Las organizaciones de derechos humanos, críticas con el Gobierno, lo calificaron de 'duro revés'

La noticia fue recibida entre la indiferencia de la población japonesa, que apoya mayoritariamente la pena capital para los delitos de sangre, y el estupor de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que lo calificaron de 'duro revés', y que hasta ahora -y con un año sin ejecuciones- habían sido críticas con el Gobierno.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos tenían esperanza de que la llegada de Chiba al Ministerio de Justicia, en septiembre pasado, implicase la declaración de una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, previa a su abolición definitiva.

Después de valorar favorablemente ayer que hubiese pasado un año sin penas máximas en Japón, Amnistía Internacional (AI) tuvo hoy de nuevo que lamentar 'profundamente' el reinicio de las ejecuciones en Japón.

'Creemos que las dos ejecuciones han estado motivadas políticamente'

AI expresó su 'decepción y enfado' con la decisión de la ministra de Justicia, que no esperaban, y consideró que, antes de abrir un debate público sobre la pena de muerte, es preciso paralizar las ejecuciones.

'Ha sido un gran revés. Creemos que las dos ejecuciones han estado motivadas políticamente', dijo a Efe una portavoz de AI en Tokio.

El ministro portavoz de Japón, Yoshito Sengoku, salió en defensa de Keiko Chiba, de quien dijo que ordenó los ajusticiamientos 'de acuerdo con la ley y en cumplimiento de su deber'.