El cerco empezaba ayer a estrecharse en el caso Bettencourt de fraude fiscal, tráfico de influencias y financiación política irregular en torno a Nicolas Sarkozy. La Justicia, según reveló la prensa, ha ordenado la incautación de la contabilidad de la campaña que llevó al político conservador al poder supremo en 2007, para investigar detalladamente las alegaciones sobre el dinero que recibió de la multimillonaria heredera de L'Oréal.

Así lo reveló ayer el gran diario regional Sud-Ouest, cuyo radio de acción abarca la ciudad de Burdeos, feudo del canciller Alain Juppé, y donde se encuentran los jueces que se ocupan actualmente del polémico caso Bettencourt. La agencia Reuters solicitó al tribunal confirmación de la noticia, y este se atuvo al clásico no comment oficial. Es decir, que la noticia no fue desmentida ni confirmada por esos juzgados, a los que tuvo que ser trasladado el caso hace unos meses para que escapara de la región de París y de los constantes obstáculos que oponía el fiscal Philippe Courroye (amigo de Sarkozy) a la jueza Isabelle Prevost-Desprez.

La Justicia rastrea entregas en efectivo de la millonaria de L'Oréal, Bettencourt

Según Sud-Ouest, uno de los diarios más solventes de Francia, el juez Jean-Michel Gentil ha ordenado que se le transfiera toda la documentación: miles de documentos en los que se detallan los gastos y, sobre todo, los ingresos de la candidatura de Sarkozy en 2007. Dichos documentos estarían en vías de transmisión por parte de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y de Financiaciones Políticas (CNCCFP), que es el organismo encargado de conservarlas y de verificarlas.

Este último trámite, la supervisión, ya se ha demostrado que no lo hace con especial atención, puesto que en 1995 validó las cuentas del candidato conservador Edouard Balladur (cuyo portavoz entonces era Sarkozy), de las que luego se descubrieron irregularidades notorias, entre otras las relacionadas con el actualmente en trámite caso atentado de Karachi.

Ahora, y respecto a la campaña 2007 de Sarkozy, el juez Gentil debe buscar si hay huellas de entregas en metálico (o en cheques superiores a lo autorizado) para el político derechista por parte de la multimillonaria y heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Esas entregas se realizaban en el palacete de la multimillonaria, en la acaudalada ciudad de Neuilly-sur-Seine, de la que Sarkozy fue alcalde. Varios testigos las han evocado en particular, la excontable de Bettencourt, Claire Thibout aunque parte de ellos se retractaron después. Sarkozy siempre ha descartado la existencia de esas entregas, pero ahora la decisión del juez indica que las considera indicio racional.

Una ilegalidad grave podría invalidar la elección de Sarkozy y toda su legislación

Eric Woerth, que fue el tesorero de la campaña, ya tuvo que dimitir por su implicación en el caso Bettencourt. Sarkozy lo sacrificó en 2010, cesándolo de su cargo de ministro del Presupuesto, al quedar en evidencia que la señora Bettencourt defraudaba masivamente al fisco.

Se da la circunstancia de que, en el ordenamiento jurídico francés, el descubrimiento de una ilegalidad importante en las cuentas de la campaña de un candidato puede conducir a la invalidación de su elección. Si así ocurriese, como lo ha recordado una exministra ecologista de centro, Corinne Lepage, todas las leyes y reglamentos aprobados bajo su dirección quedarían abolidas y nulas de derecho, con efectos retroactivos.