Esta semana ha comenzado en Mendoza (noroeste del país) un juicio que marca un precedente en el historial de causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983). No sólo por ser una megacausa que por primera vez tiene por imputados a varios jueces. Se pone la lupa en una de las patas que tuvieron los militares para sostenerse como poder de facto, y que hasta ahora aparece menguada dentro del universo de acusados por estos crímenes, castrenses en su inmensa mayoría: la de la complicidad civil con el terrorismo de Estado.

Uno de los magistrados consiguió sortear el juicio por problemas de salud mental, y se mantendrá con arresto domiciliario. Los otros cuatro se han sentado en el banquillo, junto a fiscales, militares y policías, acusados de no haber investigado detenciones ilegales, secuestros, torturas, violaciones de domicilio, robos de bienes, desapariciones, asesinatos, y hasta la apropiación de un bebé -hoy nieta recuperada - pese a los reclamos de hábeas corpus y denuncias directas de los familiares de las víctimas.

Una de las personas que consiguió resquebrajar esa impunidad judicial fue el juez de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo. 'Entre los años 1975 y 1983, se tramitaron en la Justicia Federal mendocina unos 350 hábeas corpus (170 aproximadamente corresponden al período 1975/1977) (...) por sujetos que revestían alguna apariencia de autoridad, o bien, que por alguna razón, podía presumirse estaban en poder de las fuerzas de seguridad', denunciaba Palermo cuando como fiscal pidió la elevación de la causa a juicio oral. 'No hubo uno solo que, a juicio de los magistrados que debieron resolverlos, tuviese mérito para intentar el hallazgo y la liberación de la víctima privada ilegalmente de su libertad'.

'El aporte que el Poder Judicial ofreció al plan sistemático de represión consistió en garantizar la impunidad de las aberraciones que se cometían mediante la no investigación de las mismas', concluía en su petitorio el funcionario judicial. 'Este aporte resultó determinante para que el ataque sistemático a la población civil haya podido ser llevado a cabo de la manera en que se llevó. (...) Estos jueces y fiscales no pueden ser considerados de otro modo que no sea como cómplices primarios de estos delitos'.

Después de dos años de investigación, se ha constituido este juicio que se convierte en un megaproceso por reunir en torno a sí 15 causas distintas con 41 personas imputadas en total. A lo largo de los 18 meses, serán llamados más de 600 testigos para esclarecer lo sucedido con 207 víctimas, entre las que hay desaparecidos y asesinados.

Dos de los jueces procesados son Luis Miret y Otilio Romano, que consiguieron reciclarse con la llegada de la democracia al ser reconocidos como camaristas. Hasta 2011, cuando fueron destituidos por un juicio político, eran figuras de peso dentro del poder judicial y político de la región.

No en vano, Mendoza no tuvo hasta hasta 2009 ninguna causa que llegara a juicio sobre los crímenes de la dictadura, aun cuando las leyes que garantizaban la impunidad, las de Punto Final y Obediencia Debida, habían sido anuladas seis años antes y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005.

Romano consiguió huir a Chile pero  la Corte Suprema lo extraditó de vuelta a Argentina. 'Ambos [jueces]', cuenta el reconocido periodista Horacio Verbitsky en el diario Página12, 'resistieron todo lo posible su alojamiento en la misma cárcel común en la que aguardaban el debate los policías y militares y la celebración de un único juicio, porque aún creían ser parte de una elite, diferente y superior'.

En 2011, el propio Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar a los jueces que colaboraron con los represores o que han tratado, a día de hoy, de entorpecer las causas de delitos de lesa humanidad.

Para desbaratar la impunidad judicial que algunos magistrados pueden crear en sus provincias en base a padrinazgos y favores políticos, empieza a ser común trasladar a jueces de otras provincias para que se hagan cargo de los juicios orales celebrados en un determinado territorio.

'Muchos de los hoy denunciados como cómplices de la dictadura, que eran civiles, estaban en funciones en el aparato judicial', explica a Público Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. ' Hay todo un procedimiento interno de los funcionarios que hay que destuitir para avanzar después en el juzgamiento. Las propias estructuras del poder juducial estaban enquistando gente que a su vez estaba acusada, y para los jueces era difícil avanzar, porque eran sus propios compañeros'.

Argentina ha procesado por delitos de lesa humanidad a 272 civiles hasta diciembre de 2013, un número pequeño si se tiene en cuenta que 2335 personas han sido imputadas hasta ahora. Entre ellos hay médicos, empresarios, personal de inteligencia, representantes de la Iglesia y 53 funcionarios judiciales, de los que 32 son jueces. 'Esto tiene que ver con la forma con la que se estructura la investigación de los hechos en los juicios', añade Varsky. 'Primero se comenzó con la identificación de los responsables directos, y luego se fue avanzando hacia otros posibles responsables, como son los civiles'.

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el año 2013 concluyó con 114 personas condenadas, un 27 % más que en 2012.

En la actualidad, hay 1069 procesados entre todas las causas. Hasta ahora se han condenado a 520 personas, mientras que 60 han sido absueltas. Si bien es cierto que sólo 71 condenas tienen sentencia firme, la cifra de detenciones ha ido siempre en aumento: el año pasado se arrestaron a 114 personas, por lo que la cifra de detenidos por delitos de lesa humanidad es ya de 927, de los cuales la inmensa mayoría se encuentran en prisión: un 62,1%, frente al 36,2% que tienen detención domiciliaria, un 1,1 % que se encuentra en dependencias de las fuerzas de seguridad, y un 0,6 % en hospitales.

Sólo un ex juez ha sido sentenciado hasta ahora, Víctor Hermes Brusa, en 2009.