La Justicia argentina procesó el martes al jefe de la Armada, el almirante Jorge Godoy, y al exsubjefe de este cuerpo Benito Rótolo por el espionaje ilegal de dirigentes sociales, integrantes de organismos de derechos humanos y políticos, incluido el expresidente Néstor Kirchner.

El desarrollo de la causa que dirige el juez federal Daniel Rafecas ha dado pasos de gigante tras casi seis años de investigación, pues involucra de manera directa a uno de los más altos cargos de las Fuerzas Armadas.

Entre los nombres que la Marina tenía controlados está el de Néstor Kirchner

Rafecas considera probado que tanto el jefe de la Marina como el exvicealmirante dirigían los servicios de inteligencia de la Armada, encargados de vigilar incluso antes de que ambos asumieran su cargo a 'personalidades del ámbito público o privado y a agrupaciones políticas, sociales, sindicales y culturales', según puede leerse en el auto de procesamiento.

Al menos de 2003 a 2006, 'la clasificación de las personas se realizaba de acuerdo a sus ideas políticas, haciendo hincapié en su adscripción a modos de pensamiento catalogados como de izquierda', añade el auto. Esa información, a veces codificada, era después 'remitida a los escalones superiores de la Armada'.

La Marina también se infiltraba en actos de denuncia de las violaciones de los derechos humanos producidas durante la dictadura, como los del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria (instaurado por Néstor Kirchner en 2006, al cumplirse 30 años del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón).

En su catálogo de los espiados se hacía hincapié en los que eran de izquierdas

'La actividad de inteligencia interna fue habitual, prolongada y reiterada', concluye el juez, que ha pedido que se investigue la desaparición de 'partes de información' y 'otras pruebas documentales comprometedoras'.

Godoy, que fue designado por Kirchner en junio de 2003, y el exsubjefe de la Armada han sido acusados del delito de 'incumplimiento de los deberes de funcionario público'. Lo más probable es que ambos sean apartados de sus cargos.

Este caso fue impulsado en 2006 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo ante el que se presentó el cabo Carlos Alegre para denunciar que en la base aeronaval de Trelew (una localidad de la provincia de Chubut, en el sur de Argentina) había recibido la orden de realizar tareas de inteligencia política.

Ante la oposición del marino, los superiores le respondieron: 'Sos muy joven. Esto se hace desde siempre'. Como aun así se negó a acatar el mandato, fue sometido a maltratos. Alegre se refirió a una reunión en 2005 en la que 'se preparaba un plan de acción psicológica para contrarrestar la propaganda de izquierda'.

Tras su denuncia, la base de Trelew fue registrada y se comprobó que la cúpula de la Marina pedía información a todos los cuarteles. El responsable de inteligencia de la base y otros ocho marinos fueron destituidos y procesados. En 2008, la denuncia se amplió al jefe y al subjefe de la Armada.

El abogado de la acusación Rodrigo Borda explicó a Público que el proceso tiene una excepcional relevancia porque 'corrobora la hipótesis de que maniobras de inteligencia ilícita eran parte de una práctica sistemática de la Marina'.

La causa, que refleja que todavía hay sectores del Ejército en un país donde la investigación de los crímenes de la dictadura es asunto de Estado que presuntamente incurren en prácticas propias del régimen represivo, también desvela 'la autonomía de las Fuerzas Armadas, que tienen sus propios planes de inteligencia al margen de la política institucional'.

Aunque por ahora sólo la Marina está involucrada, lo revelado durante las investigaciones 'no es novedoso porque tiene que ver con prácticas de los militares que pertenecían a la Doctricina de Seguridad Nacional de la dictadura', enfatiza Borda, quien reconoce que algunos de sus compañeros del CELS han sido espiados.

Aunque estas actividades ya están prohibidas en Argentina por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional, la presidenta, Cristina Fernández, estableció, a raíz de esta causa, una reforma en el sistema de inteligencia argentino.

Además, la exministra de Defensa Nilda Garré, también espiada por la Marina, estableció una serie de medidas para fortalecer el poder civil respecto a todas las Fuerzas Armadas.

'No es fácil cortar con la inercia tan fuerte de las Fuerzas Armadas respecto a estas prácticas que arrastran de la dictadura', admite Borda. 'Este es un trabajo arduo que debe ser política no sólo de Gobierno, sino de Estado', sentencia.