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¿Se puede juzgar a los políticos cuando se equivocan?

El ex primer ministro islandés fue a juicio el martes a petición del Parlamento como responsable de la crisis. Otros países tienen mecanismos parecidos

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Geir H. Haarde entró el martes en los libros de historia al convertirse en el primer mandatario que va a juicio por su gestión de la crisis económica. Quizá el dato más curioso del caso es que fue el propio Parlamento islandés el que decidió denunciar en 2009 la mala gestión del ex primer ministro. Con 33 votos a favor y 30 en contra, la Cámara Baja o Althingi, acusó a Haarde de violar la ley de responsabilidad ministerial, un articulado que permite a los diputados denunciar a un miembro del Gobierno si no cumple su tarea.

En España o Italia existe un sistema similar, aunque no del todo infalible, porque puede fallar sobre todo si los políticos cuestionados forman parte del Gobierno. También hay un mecanismo parecido en Francia, aunque el veredicto final le corresponde a un tribunal autónomo.  

Haarde acudió el pasado martes a la vista preliminar de su juicio por haber violado entre febrero y octubre de 2008, según la acusación de la Cámara, dicha ley de responsabilidad 'a conciencia o por negligencia grave'. El exprimer ministro se declaró inocente y se dijo víctima de una persecución política. Pero además, Haarde está acusado de no haber informado a las respectivas comisiones del Parlamento de las operaciones y problemas que estaban experimentando los tres mayores bancos del país: Glitnir, Kaupthing y sobre todo Landsbanki. ,

Las tres entidades, con la connivencia de Gobierno, inflaron sus activos hasta casi nueve veces por encima del PIB de Islandia. Un factor que fue letal, ya que la mayoría del capital que llegaba a los bancos era extranjero, en concreto holandés y británico. Cuando llegó la crisis financiera, explotó la burbuja de ensueño en la que habían estado viviendo y el sistema acabó en bancarrota.

La situación fue grave, ya que la quiebra de Landsbanki, por ejemplo, llevó a la ruina al grupo británico Baugur según informa The Guardian. Esta empresa tenía acciones en cadenas históricas de alimentación, electrodomésticos y ropa como House of Fraser, Debenhams y Woolworths. En enero de 2009, Woolworths cerró todas sus tiendas. Tenía una deuda de 385 millones de libras que ni Baugur ni Deloitte, la otra compañía que gestionaba los almacenes, pudieron hacer frente. 27.000 personas se fueron al paro. 

Baugur no era el único gran grupo empresarial que tenía sus ahorros en esos bancos y entonces llegaron las reclamaciones de Holanda y Reino Unido. El Gobierno islandés tuvo que asumir la deuda como suya, es decir, de los islandeses. En total, 4.000 millones de euros, un tercio del PIB, que los ciudadanos se negaron a pagar a través de dos consultas populares. Después cayó el Gobierno de Haarde y tras las elecciones, el nuevo Ejecutivo montó una investigación para esclarecer si el hundimiento se pudo haber evitado. 

La legislación islandesa permite juzgar a los miembros del Gobierno en el caso de que no cumplan con sus deberes gracias a la ley de responsabilidad antes citada. Y su juicio le corresponde un tribunal creado en 1905, presidido por el jefe del Tribunal Supremo, y al que no se había recurrido hasta el martes.

El proceso sólo tiene validez si existe una resolución parlamentaria, que debe ser votada en la Cámara. Si sale adelante, los diputados tienen que designar a un fiscal que se encargará de llevar el caso. La Cámara también organizará un equipo de cinco personas que asistirán al fiscal.

Mientras, el presidente del Parlamento debe notificar la decisión al Tribunal Supremo, que será el responsable del juicio y se encargará de informar a la persona acusada de las acciones legales contra él. Además tendrá que decidir si los cargos tienen fundamento, como ha sucedido en el caso de Haarde.

El resto del proceso se desarrolla como otro cualquiera, con reuniones entre la defensa y el fiscal, la citación a juicio y la posterior celebración del mismo. 

Dejando de lado la peculiaridad del caso islandés, hay muchos países que tienen mecanismo similares para fiscalizar las acciones del Ejecutivo o del Parlamento. En España, la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga, entre otras cosas, de analizar los casos de irregularidades de los parlamentarios y dar el visto bueno a que sean investigados o procesados si así lo solicita el Tribunal Supremo a través de un suplicatorio

La Comisión entonces escucha las alegaciones del político en cuestión, analiza el caso y somete a la votación de la Cámara a la que pertenece dar el visto bueno a dicha petición del Supremo. 

El caso más sonado es, quizá, el de Javier Barrionuevo. En noviembre de 1995, el ex ministro de Interior socialista quedó en manos del Tribunal Supremo por su relación con los GAL después de que los diputados escucharan el informe de la Comisión y votaran a favor de que fuera juzgado.

Ése fue precisamente el mismo procedimiento que se utilizó hace dos años con Jesús Merino, diputado del PP que está siendo investigado en relación con el caso Gürtel.

En 1993, durante el final del segundo mandato de François Mitterrand en Francia, se creó la Cour de Justice de la République (CJR), que es un tribunal formado por 15 jueces que se encargan de juzgar a los miembros del Gobierno que cometan algún tipo de irregularidad en el desempeño de sus funciones.

La Cour de Justice de la République decide cada caso con independencia del Parlamento Se diferencia del sistema español en que este organismo está configurado para desvincular el caso de la mediación del Parlamento, lo que quizá le dé mayor independencia.

De esta manera, una persona que denuncia a un ministro, por ejemplo, debe dirigirse a una comisión de evaluación dependiente del Tribunal Supremo que decide si el caso debe evolucionar en un proceso judicial o si, por el contrario, no hay evidencias de delito. Una vez pasado este trámite el caso quedaría en manos del fiscal general que recopilaría toda la infomación necesaria y la dejaría en manos del CJR, que decidiría mediante votación secreta.

Quizá el caso más peculiar en Europa sea el de Italia, donde a semejanza de España existe una comisión parlamentaria que estudia las acusaciones (Junta de autorización a proceder) y las somete a la votación de la Cámara. La principal diferencia es el Tribunal de Ministros, que es la corte que debe juzgar a los diputados que en el ejercicio de sus funciones hayan cometido un delito.

Ahora bien, si Barrionuevo llegó a ser juzgado por el escándalo del GAL, fue porque algunos diputados socialistas votaron a favor y otros se ausentaron del Parlamento. Eso en Italia, cuando se trata de permitir que se investigue a un diputado, es difícil que suceda con los miembros de la mayoría gubernamental. 

Hay dos ejemplos recientes y muy llamativos para darse cuenta de los fallos del sistema. Uno es el de Nicola Cosentino, exsecretario del Gobierno Berlusconi acusado de asociación mafiosa y tráfico de basuras en Campania. El 22 de septiembre del año pasado, la Cámara denegó a la Fiscalía el permiso para utilizar los pinchazos telefónicos de los que disponía y que le relacionaban con la Camorra.

El otro se refiere al último escándalo sexual del propio Silvio Berlusconi. Il Cavaliere está imputado en el caso Ruby por abuso de poder y prostitución de menores. El primer ministro ordenó la excarcelación de Karima el Mahroug, alias Ruby, durante la madrugada del 27 de mayo de 2010, alegando que se trataba de la nieta del dictador egipcio Hosni Mubarak y que su detención podía provocar un conflicto diplomático con Egipto.

Berlusconi gracias al sistema puede librarse de las acusaciones de prostitución de menores en el caso Ruby Fue la consejera regional del Pueblo de la Libertad de Berlusconi en Lombardía, Nicole Minetti, la que la recogió de la comisaría. Pero como Ruby era menor de edad, tendría que haber sido asignada a una casa de acogida al no querer hacerse cargo de ella sus padres. La Fiscalía empezó a investigar los motivos de su puesta en libertad y explotó la trama de prostitución.

 La Junta de autorizaciones de la Cámara intervino en dos ocasiones sobre este caso. La primera, sometiendo a votación del Parlamento el permiso que la Fiscalía solicitó para registrar la oficina de Giuseppe Spinelli, el contable de Berlusconi. Como la vivienda estaba a nombre del premier, entonces tenían que seguir este procedimiento. El permiso fue denegado.

La segunda es clave para el desarrollo final de la trama. La Junta consiguió que el Parlamento votara a favor de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para que sea el Tribunal de Ministros el que juzgue a Berlusconi y no el Tribunal de Milán, dando por hecho que Berlusconi solicitó la excarcelación de Ruby actuando en calidad de primer ministro.

El voto del Parlamento fue favorable, y el Constitucional se tiene que pronunciar el 9 de julio. Si le diera la razón a la Cámara, todas las pruebas de la Fiscalía se anularían, se eliminaría la acusación por prostitución de menores y el Tribunal de Ministros sólo decidiría si hubo abuso de poder al llamar a la comisaría.