El 8 de agosto desfilarán miles de atletas ante millones de personas en todo el mundo que seguirán la ceremonia inaugural desde sus casas. En los días siguientes usted podrá ver asombrosos nadadores, gimnastas irrompibles, futbolistas, tenistas, jugadores de hockey, atletas veloces, resistentes o de maratón; lanzadores de disco o de martillo; saltadores de pértiga: los Juegos Olímpicos de Pekín en la televisión.

La verdad, no sé si los Juegos Olímpicos en Pekín van a ser un éxito deportivo o mediático, pero hasta ahora no sólo no han ayudado –como prometía Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)– a mejorar los derechos humanos en China, sino que han contribuido a su deterioro.

Los tribunales chinos siguen condenando a muerte a miles de personas cada año, un número notable de las cuales son ejecutadas. Las personas que hacen frente a cargos por los que se les puede imponer la pena capital no reciben juicios con las debidas garantías. Eso sí, y fue una medida positiva, el 1 de enero de 2007 el Tribunal Supremo Popular recuperó su potestad de aprobar todas las condenas a muerte dictadas en China, en un intento de reducir el número de ejecuciones y prevenir errores judiciales. El 14 de junio de 2007, el Tribunal Supremo Popular emitió una notificación adicional donde hacía hincapié en que las causas por las que se pueda imponer la pena capital y se juzguen en primera instancia, deban verse también en audiencia pública.

Pero no nos engañemos. En el periodo previo a los Juegos Olímpicos, las autoridades chinas no han adoptado medida alguna para reducir el número de delitos por los cuales uno puede ser condenado a muerte: sesenta y ocho.

Lejos de actuar como catalizador de reformas, las autoridades chinas han utilizado la celebración de los Juegos Olímpicos como pretexto para ampliar el uso de la detención administrativa punitiva, en particular la “reeducación por el trabajo”. El 7 de febrero de 2007, el Departamento de Seguridad Pública de Pekín anunció que durante el año siguiente la policía ampliaría los periodos de rehabilitación forzosa de drogodependientes de seis meses a un año.

Ese mismo año se tuvo noticia de la existencia de centros secretos de detención establecidos a las afueras de la capital por oficinas de enlace en Pekín de gobiernos provinciales de China. Allí se detenía a personas que organizaban y firmaban peticiones hasta que pudieran ser devueltas por la fuerza a sus ciudades de origen.

En enero de 2008, la policía de Pekín lanzó una nueva campaña para “erradicar las actividades ilegales en la plaza de Tiananmen y a lo largo de la avenida Chang’an en el periodo previo a los Juegos Olímpicos”. Con ello se pretendía “erradicar las actividades ilegales que empañan la imagen de la ciudad y afectan al orden social”. Los principales objetivos eran mendigos, vendedores ambulantes sin licencia, distribuidores de folletos y taxistas ilegales.

A finales de junio de 2008, la policía de Shanghai envió notificaciones a activistas y personas que organizan y firman peticiones en las que les ordenaba presentarse ante la policía todas las semanas. Les advertían que no debían hablar con extranjeros, ni visitar Pekín hasta que terminasen los Juegos Olímpicos.

Después del terremoto que asoló la provincia de Sichuan, las autoridades educativas locales de la capital de la provincia, Chengdu, instaron a las escuelas a “establecer planes efectivos para garantizar la estabilidad” y pidieron vigilancia durante las 24 horas del día para “impedir absolutamente que las personas que organizan y firman peticiones acudan a Pekín”.

También se pretende “limpiar” a los activistas y defensores de derechos humanos para que no puedan protestar. Categorías de delitos definidas en el Código Penal en términos amplios, como “separatismo”, “subversión”, “alteración del orden público”, “poner en peligro la seguridad del Estado” y “filtrar secretos de Estado”, siguen utilizándose para procesar a personas dedicadas a actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos humanos.

A pesar de la introducción de nuevas normas sobre los medios de comunicación, que aumentan la libertad de los periodistas extranjeros para cubrir noticias en China, estos siguen denunciando obstrucciones y obstáculos para llevar a cabo entrevistas. El Club de Corresponsales Extranjeros de China documentó aproximadamente 180 casos en 2007. En julio de 2008, esta cifra había aumentado hasta los 230, incluidos más de 40 casos tras los disturbios de marzo en el Tíbet y más de 12, después del terremoto de Sichuan en mayo.

Los controles sobre Internet se han vuelto más estrictos a medida que se acercan los Juegos Olímpicos, y el control, la regulación y la censura se han extendido a diversas categorías de usuarios de Internet, como proveedores de servicios de Internet (ISP), autores de blogs y propietarios de sitios web. Se han cerrado numerosos portales por proporcionar información que las autoridades consideraron delicada.

Los derechos de los visitantes también están restringidos. El 2 de junio de 2008, el Comité Organizador de Pekín para los Juegos Olímpicos publicó unas directrices que violan el derecho a la libertad de expresión y asociación de las personas extranjeras. Las normas afirman que éstas no deben “poner en peligro la seguridad del Estado, menoscabar los derechos y los intereses de la sociedad ni alterar la estabilidad social”.

A los visitantes extranjeros se les advierte que no deben introducir en China ningún material (como material impreso, DVD, etc.) que “perjudique la política, la economía, la cultura o la moralidad de China”, ni intenten sacar del país materiales cuyo contenido “implique secretos de Estado”.

Los dirigentes mundiales, empezando por el presidente Zapatero, deben alzar públicamente la voz en favor de los derechos humanos en China y apoyar a los activistas individuales de derechos humanos de este país. Si no lo hacen, transmitirán el mensaje de que es aceptable que un gobierno sea anfitrión de los Juegos Olímpicos en una atmósfera de represión y persecución.

El COI debe utilizar su influencia con las autoridades chinas para que tomen medidas urgentes para mejorar la situación de derechos humanos en China e intervenir a favor de los visitantes de China durante los Juegos Olímpicos, para que no pierdan sus libertades básicas.

Esté atento. Cuando una madrugada vea a saltadores sin vértigo romper marcas mundiales o a atletas españoles conquistar medallas piense que, mas allá del himno, de las flores o del esfuerzo individual, existe un lado oscuro de los Juegos que las autoridades chinas hacen lo posible para impedir que llegue a su pantalla de televisión. No se resigne, no sea parte de la “conspiración del silencio”.