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Latinoamérica Las agresiones a defensores de derechos humanos se disparan un 25% en Guatemala

55 personas fueron asesinadas y un total de 328 activistas (72 de ellos indígenas) han sufrido intimidaciones y ataques en el país centroamericano entre enero y octubre de 2017.

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Bernardo Caal Xol. Simone Dalmasso.

Las agresiones y amenazas a los defensores de derechos humanos en Guatelama se están disparando hasta límites alarmantes. Sólo entre enero y octubre del año pasado, 55 personas fueron asesinadas y un total de 328 activistas (72 de ellos indígenas) han sufrido intimidaciones y ataques en el país centroamericano. Es un 25% más que el año anterior (263), según el último estudio de la organización UDEFEGUA, que destaca además que el 40% de las víctimas son mujeres, líderes en muchas de las movilizaciones por la defensa de derechos que están teniendo lugar en Guatemala.

“Esta situación pone de manifiesto la indefensión de quienes defienden sus territorios en el país centroamericano, en muchos casos frente a grandes macro-proyectos empresariales en los que no se tiene en cuenta el impacto socio-ambiental ni hay consultas previas, libres e informadas a las comunidades afectadas”, señala la organización Alianza por la Solidaridad en un comunicado.

Las últimas cifras de estas agresiones —que en su mayor parte consisten en intentos de difamación, seguidos de asesinatos, intimidaciones y denuncias judiciales— se dan justo un año después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución instando al Gobierno de Guatemala a adoptar medidas urgentes de protección para los defensores de los derechos.

Sin embargo, la situación no ha hecho más que empeorar. El país debate actualmente la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, una normativa que quiere limitar la actividad de las ONG a acciones en sectores asistenciales y no de denuncia y que las organizaciones creen que tiene como fin “controlar, burocratizar y limitar la libertad de acción y de expresión”.

Paralelamente, se ha propuesto la reforma el Código Penal, de forma que sea considerado como delito de terrorismo la obstrucción al tráfico (habitual en manifestaciones y protestas) y como ciberterrorismo la utilización de las redes sociales para criticar y requerir acciones del Gobierno.

Uno de los casos de persecución judicial más sonados ahora en Guatemala es el del líder q’eqchi’ Bernardo Caal Xol, en prisión tras encabezar las protestas en defensa del río Cahabón frente a grandes proyectos hidroeléctricos (OXEC y RENACE). Caal Xol está encarcelado desde el pasado 30 de enero bajo acusaciones realizadas por trabajadores de la primera de estas empresas. En la segunda, RENACE, está implicada la empresa española Grupo Cobra (ACS), subcontratada para hacer la obra. Por este caso, se están desarrollando movilizaciones y cortes de carreteras en las comunidades del Cahabón exigiendo su libertad, ignoradas por las empresas y las autoridades.

Por su parte, ACS se escuda en que su participación como subcontrata le exime de responsabilidades en el respeto a los derechos humanos o el medio ambiente.
Alianza por la Solidaridad ha lanzado una campaña de recogida de firmas, con apoyo de Greenpeace España y de la ONG guatemalteca MadreSelva, en la que exige la inmediata puesta en libertad del líder q’eqchi’ y manifiesta la preocupación por el “hostigamiento y la criminalización” contra quienes luchan en defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente.