El ex presidente peruano Alberto Fujimori y otros condenados por violaciones a los derechos humanos podrán salir en libertad gracias a una nueva ley aprobada por el actual gobierno de Alan García, denunciaron hoy organizaciones civiles.

El decreto ley 1097, que entró en vigor ayer, señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad 'surte efectos y rige para Perú a partir del nueve de noviembre de 2003', cuando el país andino se adhirió a ese convenio.

La norma también permite el sobreseimiento de un juicio por violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción. 'Se le está haciendo un inmenso favor a Fujimori', dijo hoy el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, al enfatizar que, con esta ley, el ex gobernante 'probablemente' estará libre 'antes de que termine la campaña electoral [de 2011]'.

Rivera explicó que si bien Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas cometidas durante su régimen (1990-2000), su defensa ha iniciado una 'estrategia legal para cuestionar a nivel constitucional su sentencia en el Tribunal Constitucional (TC)'. Fujimori está 'en perfectas condiciones para que el TC cuestione la sentencia y eventualmente declare la nulidad del proceso', añadió.

El decreto 1097 también permite que los militares o policías acusados de violaciones a los derechos humanos puedan cumplir arrestos domiciliarios en 'instalaciones militares o policiales' y el pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen. 'Hay nombres, hay casos emblemáticos que van a ser cerrados a partir de estos decretos legislativos', enfatizó la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano en una rueda de prensa junto a Rivera.

Cano se refería, entre otros, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a varios integrantes del grupo militar encubierto Colina (autor material de varios crímenes de lesa humanidad) y a ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista. Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón, la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara, la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos y de 42 reclusos en 1992.

Rivera, quien junto a Cano participó en el juicio a Fujimori, consideró que este decreto también busca proteger al actual presidente García de ser juzgado por la matanza de El Frontón, que se cometió durante su primer gobierno. El abogado recordó que una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.

'Obviamente se refería a Alan García, a su entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a Luis Giampietri', el actual vicepresidente y el ex jefe de la Armada que comandó las operaciones militares en El Frontón. Rivera advirtió que muchos de los acusados por violaciones a los derechos humanos saldrían en libertad y los ya sentenciados podrían ir a instituciones militares, mientras que tomará mucho tiempo para que eventualmente se declare inconstitucional a esta ley.

Las expertos en derechos humanos también cuestionaron otras tres leyes dictadas ayer, referentes al Código de Justicia Militar Policial, la organización y funciones del fuero militar policial y el uso de la fuerza por las fuerzas armadas en territorio nacional. Para las ONG el término 'grupo hostil' incluido en la ley sobre el uso de la fuerza, es demasiado amplio que 'podría ser instrumentalizado para criminalizar aún más algunas protestas sociales, especialmente, las de los pueblos indígenas'.