Marina Silva, quien inesperadamente logró el 19,3% de los votos en las elecciones presidenciales brasileñas del 3 de octubre, no decidirá a qué candidato apoya en la segunda vuelta hasta dentro de diez o 15 días.

Ni siquiera descarta mantenerse neutral entre los dos presidenciables, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) , y José Serra, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Marina ha prometido que será coherente. 'El voto no es de Marina ni de José Serra ni de Dilma. El voto es del elector', afirmó. Su elección, dice, no dependerá de lo que uno u otro le ofrezcan, sino de un análisis imparcial de ambos programas. Silva reclamará un aumento del gasto en educación y una forma de hacer política 'más transparente'.

Marina ha abierto un proceso de negociación dentro del Partido Verde (PV), que se inclina por Serra. Le tocará lidiar con la máquina de un partido en el que es una recién llegada. Paralelamente, el Movimiento Marina, desvinculado del partido, ha iniciado consultas en internet para cotejar las preferencias de los electores.

Nadie duda en Brasil de que el voto a Marina superó con mucho el voto ecologista. Lo dijo la propia Marina: 'Somos conscientes de que el resultado que tuvimos es mucho mayor que el partido'. Los analistas siguen interpretando de dónde vienen los casi 20 millones de sufragios de la senadora: de izquierdistas disgustados con el PT, de los simpatizantes de Lula que rechazan a Dilma o de los cristianos recelosos de la ambigüedad petista en el tema del aborto.

Todos intentarán seducirla. Cada uno jugará sus cartas: el PT intentará rentabilizar que Marina fue durante décadas compañera de militancia y ministra de Medio Ambiente con Lula (200308). El PSDB se centrará en la maquinaria del PV, que mantiene alianzas con los tucanos en varios estados.

Pero no es fácil para Marina inclinarse por ninguno. Rousseff defiende el modelo desarrollista que antepone el crecimiento a la sostenibilidad, por el que Silva abandonó el PT, y Serra forma parte de la coalición que representa a la industria agroalimentaria, cuyos intereses suponen uno de los mayores peligros para la selva amazónica. La pregunta que queda en el aire es hasta qué punto la decisión de Silva influirá en sus votantes.