'No dejéis este lugar. Cuidadlo con coraje. Esta tierra es nuestra'. Dicen que fueron las últimas palabras del jefe indígena Nísio Gomes cuando, a sus 59 años, unos 40 pistoleros lo rodearon y lo mataron a balazos. Sucedió el pasado viernes, frente a 60 personas, entre las que se encontraba su familia. Según los testigos, hubo más víctimas: las autoridades han dado por desaparecidos a un niño de 5 años y a una mujer. Y, desde hace dos días, la comunidad que lideraba Nísio, de la etnia guaraní kaiowá, ha comenzado a volver a su tierra, muy cercana a la frontera con Paraguay, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

No es un caso aislado. Según un estudio del Consejo Indigenista Misionero, el número de indígenas asesinados ha aumentado desde los 43 de 2003 cuando Lula da Silva llegó al poder a los 60 del año pasado, con un pico de 92 muertes en 2007. La mayor parte se concentran en Mato Grosso do Sul, con 31 muertes en ocho años. Esos dramas personales se suman a una tragedia silenciada: la pertinaz violencia contra las comunidades indígenas, que abarca desde las detenciones arbitrarias hasta la miseria y la malnutrición infantil.

Como hace cinco siglos, la riqueza natural de sus tierras ancestrales provoca la masacre de los pueblos indígenas. La violencia se concentra en los territorios donde avanza el negocio agrícola y las grandes haciendas (en Mato Grosso), la construcciónde proyectos hidroeléctricos (en la Amazonia) o la minería (en el Noroeste).

La situación de los indígenas podría empeorar si se aprueba la enmienda a la Constitución que propone el Senado para que diputados y senadores tengan la facultad de 'aprobar y homologar la demarcación de tierras ocupadas por los indígenas', prerrogativa hasta ahora de la presidenta. Esto, dada la relevancia en las cámaras de los llamados ruralistas, en la práctica facilitaría que las reservas concedidas a los indígenas pasaran a ser explotadas por el agronegocio.