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Los nómadas pierden la batalla en Reino Unido

Violento desalojo del mayor campamento de la comunidad 'traveller'

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Los 400 habitantes de Dale Farm no tuvieron ninguna opción ante la Policía. Los residentes del mayor campamento de caravanas del Reino Unido fueron desalojados por la fuerza una vez agotados los recursos judiciales.

Allí vivían 82 familias de travellers (viajeros), una comunidad nómada reconocida como grupo étnico en Gran Bretaña con su propio dialecto, cuyos orígenes históricos parecen estar en Irlanda. El grupo de Dale Farm se asentó en 2001 en las afueras de Basildon, a 48 kilómetros al este de Londres, al comprar una antigua planta de desguace que estaba situada en una zona no urbanizable.

Los 400 desalojados llevaban diez años en caravanas sin permisos

El Ayuntamiento de Basildon lleva desde entonces intentando deshacerse de ellos. Los travellers se encuentran ante una tesitura similar a la de los gitanos. No pueden ya trasladarse por el país, pero al mismo tiempo los ayuntamientos no permiten que se queden en su demarcación ni ellos quieren vivir separados.

La orden de desalojo se produjo en septiembre, pero fue paralizada por un tribunal. Tras perder los recursos, los travellers sabían que la llegada de la Policía era inminente.

Un centenar de agentes antidisturbios apareció a las siete de la mañana y comenzó a derribar las barricadas que rodeaban las caravanas. La respuesta de los residentes, con los más jóvenes lanzando piedras y ladrillos, provocó varias cargas y la detención de siete personas. La Policía empleó pistolas eléctricas Taser para inmovilizar con descargas a dos personas.

Se trata de un grupo étnico reconocido en Gran Bretaña y con dialecto propio

Los residentes prendieron fuego a una caravana, aunque es posible que el fuego se originara de forma accidental. Varios jóvenes enmascarados se subieron a una torreta hecha con andamios y resistieron allí durante buena parte del día. La operación, casi completada, se suspendió al caer el sol.

El Ayuntamiento sostiene que tenía derecho a recuperar un terreno comunal y que durante diez años había dado una oportunidad a las negociaciones con los travellers. En total, y contando con el despliegue policial y los gastos legales de ambas partes, el desalojo ha costado 20 millones de euros.