Publicado: 28.03.2011 08:00 |Actualizado: 28.03.2011 08:00

Occidente sólo ataca cuando existe una amenaza para sus intereses

Doble rasero. La resolución 1973 para Libia es una excepción en un mundo liderado por la protección de la soberanía de los estados

 

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Érase una vez un país secuestrado por un dictador con millones de desplazados y centenares de muertos desde que unas elecciones intentaron acabar con él. Un magnífico caso para la comunidad internacional que reconoció en 2005, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la "responsabilidad de proteger" a las poblaciones civiles.

Este país existe. Es Costa de Marfil, que desde los comicios presidenciales de noviembre de 2010 se hunde cada día más en el caos y la guerra civil. El think tank International Crisis Group recomienda un despliegue militar internacional, además de la ya existente misión de Cascos Azules. Pero no se hace nada. "El Consejo de Seguridad debe decir si existe una amenaza para la paz y en este caso no lo ha hecho. Es quizá inadmisible, pero así es. Costa de Marfil no es Libia, está lejos de Europa", reconoce Philippe Moreau-Desfarges, especialista en relaciones internacionales y autor de ensayos sobre la injerencia.

La resolución 1973 revela los equívocos de la comunidad internacional

Una intervención militar, como la que se está llevando a cabo contra la Libia de Muamar Gadafi tras adoptar el Consejo de Seguridad la resolución 1973, no es algo tan fácil, sobre todo cuando aún existen en el planeta al menos 55 dictaduras, según el Índice de Democracia 2010 de The Economist. En las listas que Foreign Policy publica cada año sobre los peores dirigentes del mundo y sobre los "estados fallidos", siempre aparecen los mismos nombres y países: Kim Yong-il (Corea del Norte), Teodoro Obiang Nguema (Guinea Ecuatorial), Omar Hasán al Bashir (Sudán); Somalia, Yemen, Afganistán... Todos esos regímenes siguen en pie. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos recuerdan que las amenazas contra los civiles también continúan en democracias, como Colombia e India. La lista de los abusos cometidos en el mundo es infinita.

"La resolución 1973 sobre Libia revela los equívocos de la comunidad internacional: por un lado había que hacer algo, en nombre de esta idea de proteger a la población civil, pero por otro hay divisiones entre los países sobre si entrar en guerra o no", explica Moreau-Desfarges, quien está a favor de la intervención militar contra el régimen de Gadadi. "Pero tiene que ser breve; si no, habrá muchos muertos. Hay que deshacerse rápidamente de este gánster".

La resolución 1973, adoptada el 17 de marzo, autoriza a "tomar todas las medidas necesarias" en Libia para "proteger a los civiles y las áreas pobladas bajo amenaza de ataques", un texto que responde a las obligaciones del Consejo de Seguridad definidas en la Carta de las Naciones Unidas. El uso de la fuerza era, en el caso libio, necesario, sostiene Pere Vilanova, catedrático de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona. "Hay tres tipos de posiciones: los pacifistas de verdad, como Gandhi; los que dicen que la guerra es fantástica; y el 98% de la gente, a la que le incomoda el uso de la fuerza pero que considera que debe ser el último recurso en algunos casos. En Bosnia Herzegovina se tardó tres años en actuar, pero ¡había que hacerlo!"

Sólo el Consejo de Seguridad puede decidir si la paz está o no amenazada

Sin embargo, a la pregunta de si la resolución podría aplicarse, por ejemplo, a Costa de Marfil o al Sáhara Occidental, donde ya hay misiones de paz de la ONU, nadie se atreve a opinar. "Nadie puede contestar a esta pregunta. Hay que hacerla al Consejo de Seguridad", resume Vilanova.

Moreau-Desfarges primero se aferra a la ley: "La 1973 sólo es aplicable para Libia y sólo ahora". Luego da su opinión: "Es imposible intervenir en todos los conflictos. La injerencia debe hacerse pensando en las consecuencias de los conflictos. En el caso de Libia, está para Europa el problema de la inmigración hacia [la isla italiana de] Lampedusa. Hay cálculos políticos detrás de todo".

Pequeña lección de derecho internacional público: no hay nada más sagrado que la soberanía de los Estados y, aunque se violen los derechos de sus poblaciones, sólo el Consejo de Seguridad puede decidir si "la paz está amenazada" y tomar medidas para proteger esa paz. Además, la "responsabilidad de proteger" a los civiles no tiene valor jurídico vinculante.

En Costa de Marfil, los civiles sufren guerra y represión, y no se hace nada

La norma es la no intervención, como, por ejemplo, en Bahrein o en Yemen, donde la represión actual de esos regímenes contra las revueltas está causando centenares de muertos. Y en Chechenia o en Tíbet, conflictos gestionados únicamente por las autoridades nacionales, Rusia y China. Y la operación Plomo Fundido del Ejército israelí, en diciembre de 2008 y enero de 2009 en la franja de Gaza: unos 1.500 palestinos, la mayoría de ellos civiles, murieron en los bombardeos.

El Consejo de Seguridad refleja aquellos "cálculos políticos" de los que hablaba el experto francés. Los cinco de sus 15 miembros con derecho a veto son las grandes potencias mundiales: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Toda decisión de la ONU que vaya en contra de los intereses de uno de ellos será vetada. Un ejemplo reciente: Washington vetó el pasado mes de febrero la resolución que condenaba la construcción de colonias israelíes en tierras palestinas. Israel recibe cada año unos 2.500 millones de dólares, en su mayoría para fines militares, de Washington. Y Palestina sigue siendo una nación sin Estado, con una población acosada.

"Atacamos Libia, pero ¡vendimos armas a Gadafi!", subraya un experto

Bahrein y Yemen son grandes aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo. El reino del golfo Pérsico, que discrimina a los chiíes (el 70% de la población), acoge la Quinta Flota de la Marina estadounidense. La cercana y potente Arabia Saudí es, además de una de las más férreas dictaduras del planeta, el primer productor de petróleo del mundo y se beneficia del ciego respaldo de Estados Unidos, que vendió armamento a Riad desde 1991 por valor de más de 30.000 millones de dólares. Francia, que pretende liderar la misión contra las fuerzas del dictador libio, observó de muy lejos la revolución en Túnez, porque Zin al Abidin Ben Alí era un gran amigo del Elíseo.

"La lógica de los occidentales es no intervenir, porque cada vez que lo hacen, la cosa acaba mal. Mirad Irak y Afganistán", apunta el analista Moreau-Desfarges.

"¡En Bahrein estamos a favor de la represión, pero intervenimos en Libia! ¡Y hemos vendido armas a Gadafi! Es absurdo. Ante tal contradicción, es mejor a veces callarse", exclama Jean Bricmont, autor de Imperialismo humanitario. El uso de los Derechos Humanos para vender la guerra (editorial El Viejo Topo). Bricmont no soporta los argumentos que comparan a Gadafi con Adolf Hitler para justificar un ataque: "Si seguimos esta lógica, estaríamos siempre en guerra y en el mundo entero".

El respaldo de EEUU a Israel impide aplicar sanciones al Estado judío

Una opinión que defiende con ahínco Rony Brauman, expresidente de Médicos Sin Fronteras. "Lo que me molesta de la operación en Libia es que se imponga la democracia con armas. Los que dicen que hay que intervenir para evitar masacres se equivocan. Un crimen no justifica otro crimen", dice con años de experiencia en el terreno. Recordemos Somalia en 1992, cuando la comunidad internacional quiso salvar de la hambruna a un país que ahora ni tiene Gobierno. O el Irak de Sadam Husein en 2003. No hubo resolución de la ONU, la última justificación de EEUU fue salvar a los iraquíes de una sangrienta dictadura, y el país se convirtió en un hervidero de terroristas.

Para Bricmont, la pregunta no es dónde podría aplicarse la resolución 1973 fuera de Libia, sino según qué principios lo haría la comunidad internacional. "Podríamos intervenir en Costa de Marfil o en otro país, pero ¿según qué principios? Nadie responde realmente. Si se multiplican los conflictos, las dictaduras van a encerrarse aún más. ¿Qué vamos a hacer? ¡¿Recolonizar?! Hay que pensar a largo plazo. Occidente necesita reflexionar para fortalecer la cooperación entre los países del norte y del sur", analiza.

Moreau-Desfarges, defensor del principio de democracia en derecho internacional, provoca un poco: "El derecho de intervención es legítimo si todo el mundo es igual ante la injerencia. Es decir, si yo intervengo en tu territorio, tú podrás hacerlo en el mío. ¿Podría intervenir Sudán en Estados Unidos?".