Cada vez que el presidente francés Nicolas Sarkozy ha necesitado un empujón en las encuestas, siempre se ha valido de un mismo recurso: presentar la inmigración como un problema. Ahora, que nunca ha tenido unos índices de popularidad tan bajos, ha vinculado tan virulentamente inmigración y delincuencia que ha obligado al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial a advertirle del 'notable recrudecimiento del racismo' en Francia y de los peligros de seguir 'incitando al odio' contra los extranjeros.

En sus tiempos de ministro del Interior, fue el contrato de integración para los inmigrantes. Luego llamó 'chusma' a los jóvenes de los suburbios. Y ahora, como presidente, en medio del escándalo del caso Bettencourt, ha puesto en su mirilla tanto a la población gitana como a los franceses de origen extranjero, a los que amenaza con quitar la nacionalidad si atentan contra agentes de la autoridad pública. Dos semanas después de advertir de las 'consecuencias de 50 años de inmigración insuficientemente regulada' en un discurso sobre seguridad, ya ha desmontado 40 campamentos de gitanos 'ilegales' y su ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció hoy la expulsión de 700 gitanos de origen rumano y búlgaro.

Esta actitud ha alarmado a los 18 expertos de la ONU que esta semana evaluaron las políticas de integración francesas. La ONU recriminó al Gobierno su 'falta de voluntad política' para erradicar los actos racistas en un país 'caracterizado por su respeto a los derechos humanos'. Hablan los expertos: '¿Cómo se puede entender que los gitanos puedan ser extraditados como si no pertenecieran a la Unión Europea?'; 'No sabíamos que se podía hacer la diferencia entre un ciudadano de primera y de segunda categoría'.

El portavoz de la UMP, el partido de Sarkozy, declaró estar 'sorprendido por la actitud de esta comisión' y 'su composición', con personas que provienen de países 'que no hacen nada por los derechos humanos'.