Publicado:  04.10.2011 07:45 | Actualizado:  04.10.2011 07:45

La ONU denuncia la tortura en Brasil

Dilma anuncia medidas contra los abusos policiales

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"Existe una cultura de la tortura que va a prevalecer mientras haya impunidad", ha constatado Margarida Pressburger, miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU que entre el 19 y el 30 de septiembre ha recorrido cárceles, centros de menores, comisarías, psiquiátricos y otros lugares de privación de libertad en los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Espíritu Santo y Goiás. "Ya he escuchado de varios agentes decir: Si no se les tortura un poco, no confiesan'. Esa es la mentalidad que tiene que cambiar", añadió.

El pasado viernes, el mismo día que el subcomité mandaba a las autoridades brasileñas su informe confidencial, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enviaba al Congreso un proyecto de ley para crear un Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, tal y como Brasil se comprometió a hacer cuando, en 2006, entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

El relato de las denuncias es escalofriante. La periodista Lúcia Rodrigues documenta algunas en su reportaje para la revista Caros Amigos. Es habitual, todavía, el uso de electrochoques heredado de la dictadura militar; otras veces se recurre a introducir la cabeza de la víctima en un cubo de agua o ahogarlo en una bolsa de plástico; se humilla a los reos hasta el punto de restregarlos contra heces de animales o se les cuelga del pene.

Varios policías brasileños alegan: "Si no se les tortura un poco, no confiesan"

Para las mujeres presas, la violación y las humillaciones sexuales son su pan de cada día; en ocasiones, no se les facilitan compresas, y estas se convierten en una moneda de intercambio de favores. A menudo, todo ello sucede con la complicidad de los directores de las instituciones penitenciarias.

Además, las leyes internacionales ya definen como tortura la condición extrema de hacinamiento que viven los presos en Brasil, que, con unos 500.000 prisioneros, es ya el cuarto país del mundo en población carcelaria.

Los últimos estudios señalan que las cárceles están al 160% de su capacidad; la cifra llega al 200% en el caso de los centros de detención provisional, que, aunque concebidos para ser temporales, acaban cobijando a presos durante años. A menudo, celdas diseñadas para 12 presos albergan a más de 50.

Las mujeres presas sufren violaciones y humillaciones sexuales en la cárcel

Un estudio del Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo demuestra que en la mayor parte de los casos los jueces no prestan atención a las denuncias de abusos policiales. Esa connivencia del sistema judicial explica que muy pocas víctimas se animen a denunciar, junto con el miedo a represalias y el hecho de que normalmente el preso sólo tiene contacto con el juez meses después, cuando las heridas ya han desaparecido.

Se espera que el proyecto de ley que Rousseff acaba de firmar incluya una vieja reclamación: que, en consonancia con los tratados internacionales de los que Brasil es signatario, el preso sea llevado ante un juez en las 48 horas siguientes a su detención.

El diputado Marcelo Freixo, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río, explica que se trata de "acabar con la invisibilidad" que posibilita los abusos. Y Freixo va a la clave de la cuestión cuando subraya que "no sirve de nada firmar un sinfín de tratados que dicen que respetas los derechos humanos, pero no hacer nada en la práctica. Brasil es maestro en eso".

La propia ley de tortura de 1997 está en el centro de las críticas: coloca en el mismo nivel los crímenes cometidos por los agentes del Estado y los que perpetran particulares a ancianos. El subcomité de la ONU también recordó que los detenidos tienen derecho a un abogado en las primeras horas de la detención.

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