El Gobierno de Nicaragua ha lanzado este martes un gran ataque contra la comunidad indígena de Monimbó, al sur de Masaya (oeste), una de las que mayor resistencia ha opuesto al presidente Daniel Ortega desde que comenzaran las protestas contra el presidente el pasado 18 de abril y que ya se han cobrado al menos 280 muertos.

Integrantes del Movimiento 19 de Abril Masaya denunciaron que miles de integrantes de las "fuerzas combinadas" del Gobierno establecieron un cerco alrededor de Masaya, a 29 kilómetros de Managua, para impedir cualquier tipo de ayuda a la población.

El ataque comenzó a las 07:00 hora local (13:00 GMT). "Oren por nosotros", pidió el líder del Movimiento, Yubrank Suazo, en sus redes sociales. "Estamos cercados", compartió otro integrante de la organización comunitaria. Las carreteras que van hacia Masaya fueron cortadas por la Policía Nacional en distancias de hasta 15 kilómetros antes de llegar a la ciudad.

"¡Atacan Monimbó! Comisión de Verificación y Seguridad está solicitando ingreso y esperan respuesta. Solicitan corredor humano para los heridos y las ambulancias. ¡Balas llegan hasta la iglesia parroquial!", urgió el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en su cuenta en Twitter.

Los habitantes de Masaya compartieron en sus redes sociales fotografías, vídeos y audio de los ataques, en los que se observan policías y hombres encapuchados fuertemente armados disparando, así como maquinaria pesada destruyendo las barricadas que los manifestantes habían erigido para defenderse de las "fuerzas combinadas".

La ONU denuncia ejecuciones y torturas del Gobierno

Horas antes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió en Ginebra de que "la Policía, elementos armados y otros grupos violentos han llevado a cabo las denominadas 'operaciones de limpieza' en diferentes partes del país, quitando por la fuerza las barricadas erigidas por los manifestantes y las comunidades locales".

"La violencia es aún más horrible puesto que los elementos armados leales al Gobierno están operando con el apoyo expreso o tácito, y en coordinación con la Policía y otras autoridades estatales", resaltó la ACNUDH en referencia a la actuación de paramilitares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ACNUDH han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", pero el Ejecutivo lo niega.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. Aunque Ortega dio marcha atrás, su represión severa de las manifestaciones generó un gran descontento y una respuesta violenta, sobre todo de parte de los estudiantes, entre los que se cuentan cientos de muertos.

El organismo de la ONU pidió el fin de una violencia que se ha cobrado casi 300 vidas en tres meses, "abrumadoramente perpetrada" por el Estado nicaragüense y elementos armados leales, según el portavoz de derechos humanos Rupert Colville en un encuentro informativo.

Ausencia de Estado de derecho

Entre las víctimas también hay 19 oficiales de la policía, dijo, y añadió que las denuncias provienen del personal de derechos humanos en terreno, en un escenario caracterizado por la ausencia del Estado de derecho.

El lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que grupos vinculados al Gobierno de Nicaragua estaban utilizando una fuerza letal "inaceptable" contra los ciudadanos, y lo instó a poder fin a la violencia.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el martes al Gobierno nicaragüense que proporcione información sobre dos activistas desaparecidos desde que fueron detenidos en el aeropuerto la semana pasada y que abra todas las cárceles a sus observadores.

Los dos activistas, Medardo Mairena y Pedro Mena, fueron detenidos por la policía en el aeropuerto de Managua el viernes y las autoridades no han informado a sus familias sobre su ubicación a pesar de las solicitudes emitidos mediante la justicia, sostuvo el portavoz de derechos humanos Rupert Colville.

Responsables de derechos humanos de la ONU recibieron permiso para visitar una prisión de Managua, La Modelo, más tarde el martes, lo que podría representar un "pequeño avance" en la crisis, dijo. Pero además desean visitar la prisión de El Chipote situada en la capital, donde se encuentran muchos de los arrestados en protestas, afirmó.

El portavoz dijo que una ley aprobada el lunes tenía una definición muy amplia de terrorismo, lo que hacía temer que pudiera utilizarse contra personas que simplemente ejerzan su derecho a protestar.