Publicado: 31.07.2014 12:42 |Actualizado: 31.07.2014 12:42

El Parlamento ucraniano rechaza la dimisión de Yatseniuk

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La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania ha rechazado hoy la dimisión presentada hace una semana por el primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk, que seguirá al frente del Gobierno a pesar de que se ha roto la coalición parlamentaria que lo sostenía.

"Hoy hay dos noticias en la economía mundial. La primera es que Argentina ha presentado suspensión de pagos. La segunda, que Ucrania no la ha presentado y que nunca lo hará", dijo Yatseniuk tras la votación de los diputados, que dieron un apoyo abrumador a su Gobierno en una moción de confianza.

Apenas fueron 16 los parlamentarios que votaron a favor de su dimisión después de que el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, pidiera a la Rada que rechazara la decisión tomada en caliente por el primer ministro.

Yatseniuk dimitió ante la propia Rada después de que UDAR y Svoboda, dos de las tres formaciones que habían sostenido hasta ahora su Gobierno, abandonaran hace una semana la coalición parlamentaria.

Justificó entonces su decisión con el voto en contra de los diputados a una reforma fiscal propuesta por su Ejecutivo y al proyecto de ley que habría permitido vender a inversores extranjeros la mitad de todos los gasoductos ucranianos.

Las dos polémicas leyes, por cuya aprobación también se pronunció Poroshenko, volvieron hoy al hemiciclo ucraniano con distinta suerte, al menos de momento.

Por un lado, la Rada aprobó un nuevo impuesto temporal, equivalente al 1,5 por ciento sobre el salario bruto de todos los ucranianos, para financiar las necesidades de las tropas que combaten a los separatistas prorrusos en el este del país.

Poroshenko, en su intervención de hoy ante el Parlamento, señaló que la operación militar para recuperar el control sobre las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk le cuesta a Kiev unos 70 millones de grivnas (5,8 millones de dólares) al día.

Por otro lado, la votación del proyecto de ley para privatizar el 49%de la compañía estatal que posee todos los gasoductos del país fue aplazada para enmendar la normativa.