Publicado: 22.01.2016 18:50 |Actualizado: 22.01.2016 23:04

El Parlamento venezolano tumba el decreto de emergencia económica

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, rechaza el decreto de Maduro que, a su juicio, daba "un cheque en blanco" al Gobierno para controlar las partidas presupuestarias.

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Nicolás Maduro con el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup. - EFE

Nicolás Maduro con el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup. - EFE

CARACAS.- La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, ha rechazado el decreto de "emergencia económica" emitido por el presidente, Nicolás Maduro, lo que anticipa un nuevo enfrentamiento institucional entre los dos polos de poder en que ha quedado dividido el país sudamericano.

Tal como había adelantado la oposición, una mayoría de diputados ha rechazado el Decreto de Emergencia Económica, una decisión definitiva con la que la Asamblea Nacional se distancia del Gobierno y del Tribunal Supremo, que avaló la legalidad de esta medida excepcional.

El diputado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) José Guerra ha explicado que la comisión encargada de examinar la iniciativa gubernamental "escuchó la voz del sector empresarial y de los sindicatos (...) y acordó que no hay condiciones para aprobar el decreto. Además, ha indicado que "hay dos aspectos" en el decreto que la Asamblea Nacional "jamás puede dar a un presidente" porque "amputaría" las competencias de la sede legislativa, según ha informado el canal venezolano Noticias 24.

Guerra ha detallado que Maduro pretende "que la Asamblea Nacional renuncie a controlar el gasto público", es decir, "que le dé un cheque en blanco al Gobierno para que mueva las partidas presupuestarias para proyectos que estén establecidos o no en la Ley de Presupuesto". El Palacio de Miraflores también querría que "la Asamblea Nacional se desentienda de los créditos adicionales del presupuesto general". "Eso jamás se lo vamos a aprobar ni a este Gobierno ni al que venga después", ha sostenido.



El decreto, que está recogido en el artículo 338 de la Constitución de Venezuela, se puso en marcha para proteger los derechos sociales de los venezolanos y hacer frente a la "guerra económica" que supuestamente sufre el país caribeño orquestada desde sectores de la derecha nacional e internacional, según defendió el Ejecutivo de Maduro.

El presidente venezolano ha denunciado desde su llegada al poder, en 2013, la existencia de un plan internacional para asfixiar económicamente a Venezuela y provocar así la caída de su Gobierno. También ha denunciado maniobras en el mercado de los hidrocarburos y métodos de producción del crudo en Estados Unidos, como el de fracturación hidráulica, que afecta a países petroleros como Irán, Rusia y Venezuela. Venezuela sufre desde hace años una crisis económica, agravada, precisamente, por la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, que ha disparado la inflación.

Ente las prerrogativas que otorga el decreto puesto en marcha están la agilización de la burocracia estatal para expandir las compras estatales ─"bienes o insumos indispensables para el abastecimiento, la reactivación productiva o el aumento de la capacidad tecnológica"─ en un país que importa la gran mayoría de bienes que consume. "Queremos reafirmar la confianza del pueblo venezolano en el Gobierno revolucionario, este es un Gobierno del pueblo para el pueblo que se debe al pueblo y trabajamos para proteger al pueblo", dijo el ministro de Economía Productiva, Luis Salas, al leer el decreto.