ha dado un pequeño y frágil paso hacia su pacificación. El Gobierno y la oposición comenzaron ayer a trazar una 'agenda de diálogo nacional' que solucione la crisis política .

Tras siete horas de reunión con el vicepresidente Álvaro García Linera el lunes por la madrugada, el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, confirmó que el diálogo ha comenzado.'Vamos por buen camino', apuntó.

El prefecto sugirió que la Iglesia, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y los gobiernos amigos podrían participar como facilitadores del diálogo.

Los enfrentamientos entre grupos armados de la oposición y seguidores del presidente Evo Morales en el departamento norteño de Pando han dejado al menos 30 muertos y 100 desaparecidos, según el último informe del ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

Ante este panorama de violencia, el vicepresidente impuso sus condiciones. Para dialogar exige que los grupos civiles opositores desalojen las oficinas estatales y adelantó que 'no se puede negociar la masacre en el proceso de concertación'. Se refería al prefecto de Pando, Leopoldo
Fernández.

Acusaciones

El Gobierno le acusa de haber contratado sicarios peruanos para perpetrar la masacre en la localidad de Cobija y ha pedido su captura. Pero la Fiscalía aún no ha cumplido la orden.

Fernández dijo estar dispuesto a ir a la cárcel si se comprueba que es culpable de la matanza de campesinos y estudiantes en su departamento, situado 1.200 kilómetros al norte de La Paz y en plena selva amazónica.

La mecha que encendió el conflicto fue la renta dignidad, un bono de 30 dólares para los mayores de 60 años que no reciben jubilación. Los gobiernos de la Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) reclaman para sí esos 166 millones de dólares.

Pero el trasfondo es más profundo: gira en torno al proyecto constitucional indigenista que impulsa Morales, y que prevé su reelección, y el régimen autonómico que defienden los opositores, dos modelos de país excluyentes.

Evo Morales, que llegó a la presidencia en 2005 con casi el 54% de los votos y fue refrendado en el cargo con el 67% en agosto pasado, lanzó el domingo la campaña para la aprobación del proyecto constitucional y aseguró que puede introducir cambios para compatibilizarlo con el modelo autonómico que exige la Media Luna.

Hacia el mediodía del lunes, los prefectos de Santa Cruz, Beni y Tarija recogieron el testigo de Morales y ordenaron a los grupos de choque levantar los bloqueos de carreteras iniciados hace 21 días.

Pero el Gobierno sospecha: en La Paz ven en la mano tendida de la oposición un espejismo de tregua que responde al comienzo el viernes de Expo Santa Cruz.

La apertura del diálogo y las señales son un avance, pero la situación aún es volátil. Pando sigue bajo el estado de sitio decretado por Morales. Los militares han realizado ya las primeras detenciones. En Cobija, la capital de la provincia, el Ejército detuvo a diez personas presuntamente implicadas en los actos violentos.

Según relató a Efe un periodista de Cobija, los militares habían 'allanado' hasta seis domicilios y un hotel para efectuar las detenciones.

Atrincherados

Pese a ello, las Fuerzas Armadas aún no han logrado entrar en la plaza principal de la capital ni en la prefectura, resguardados por los seguidores de Fernández. Tampoco controlan la carretera entre Cobija y Filadelfia, el punto más caliente de Bolivia.

En cambio, hallaron una metralleta, una escopeta, cuatro rifles, y cientos de municiones en las casas investigadas.

El Gobierno tampoco ha recuperado el control sobre los yacimientos de Yacuiba y Camiri, dos localidades de Tarija, que concentra el 80% de las reservas de gas del país.

El último recurso en favor del diálogo es internacional. Al cierre de esta edición, aún no había concluido la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El Gobierno chileno iba a proponer el envío de una misión a Bolivia para ayudar a la consolidación del diálogo.