El Gobierno polaco mantiene su intención de reformar el sistema judicial a pesar del veto parcial del presidente del país, la ola de protestas y las advertencias desde la Comisión Europea, que mañana decide si abre un procedimiento para sancionar a Varsovia.

"El Gobierno no abandona el camino de las reformas en la Justicia, vamos a luchar para lograr los cambios necesarios y que se implementen tan pronto como sea posible", dijo hoy el ministro de Defensa, Antoni Macierewicz.

El ministro defendió el camino emprendido por el Ejecutivo nacionalista de Ley y Justicia, convencido de que "las reformas en el sistema judicial son esenciales para cambiar el país".

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, vinculado al partido del Gobierno, anunció ayer de manera inesperada que vetará dos de las tres leyes del paquete de reforma de la Justicia impulsado por el Ejecutivo, las referidas al Tribunal Supremo y al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Su decisión llegó después de que, durante días, miles de ciudadanos se manifestaran en las calles contra unas reformas que, según la oposición, amenazan la división de poderes. También ha sido determinante que la CE abriera la puerta a activar el artículo 7 de los tratados europeos, que implicaría la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la UE.

En una conferencia de prensa en Bruselas, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, no se pronunció sobre si el veto ha hecho cambiar la posición del Ejecutivo comunitario. Pidió, además, esperar a la decisión de mañana, cuando se analizará con información actualizada qué pasos deben darse.

La primera ministra polaca, Beata Szydlo, afirmó ayer que el Ejecutivo no puede "ceder ni a la presión de la calle ni del extranjero" y recordó que su partido, Ley y Justicia, tiene una mayoría estable y cumplirá su programa.

Szydlo admitió que el veto del presidente a dos de las leyes aprobadas por el Parlamento va a "ralentizar" el ritmo de las reformas.

Duda ratificó hoy la tercera ley en cuestión. Esta reforma el funcionamiento de los tribunales regionales y de apelación. Además, esta ley permite al ministro de Justicia, quien también es fiscal general, nombrar y cesar magistrados. Esta norma, según la oposición, reduce la independencia judicial.

La ratificación de esta ley, aprobada el pasado 12 de julio gracias a la mayoría absoluta de Ley y Justicia, se produjo pese a que anoche tuvieron lugar nuevas movilizaciones de ciudadanos para pedir el veto de todas las normas de la reforma judicial.

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá una Justicia más eficiente, aunque los críticos la consideran inconstitucional por las competencias que confiere al ministro de Justicia.

En cuanto a los dos proyectos vetados, el presidente polaco presentará sus propuestas alternativas en los próximos dos meses para volver a someterlas a tramitación parlamentaria.

El presidente del Parlamento, Marek Kuchinski, informó a través de su cuenta en una red social que la cámara no celebrará ninguna sesión extraordinaria y que la actividad se reanudará el 13 de septiembre, tras las vacaciones estivales.

La mayoría de la oposición (Plataforma Ciudadana, Nowoczesna y Partido Campesino) se han unido para encarar juntos el proceso de reforma judicial. Nombraron hoy un equipo con representantes de los tres partidos para elaborar sus propuestas ante el futuro debate.

Medios polacos habían especulado con que el Parlamento podía reunirse la próxima semana para abordar la reforma judicial y las recomendaciones del presidente tras su veto.