El pueblo gitano es la minoría étnica más numerosa de la Unión Europea. Es también, con diferencia, la más afectada por la pobreza, el desempleo, las dificultades para acceder a una vivienda, la discriminación, la insalubridad y la violencia, según la Comisión Europea. La precaria situación de este colectivo en Francia se ha agravado con el reciente desmantelamiento de 128 campamentos calificados como 'ilegales' por las autoridades, al que han seguido las deportaciones colectivas de casi un millar de romaníes promovidas por el Gobierno conservador del presidente Nicolás Sarkozy.

Según un eurobarómetro de 2008, las actitudes negativas hacia los miembros de etnia gitana son mucho más fuertes que hacia otros colectivos minoritarios. La encuesta mostraba que una cuarta parte de los europeos (24%) se sentirían incómodos teniendo un vecino gitano. Este porcentaje es muy superior al 6% que manifestaba sus reparos en el caso de tener que compartir vecindario con miembros de otro origen étnico en general.

Otro sondeo sobre discriminación llevado a cabo por la Agencia de Derechos Fundamentales en 2009 concluyó que la mitad de los gitanos habían sufrido tratos discriminatorios en los 12 meses precedentes a la encuesta y que una quinta parte había sido víctima de crímenes raciales.

La Comisión Europea ha elaborado un informe preliminar que pone en tela de juicio la compatibilidad de las medidas del Elíseo con las leyes sobre derechos fundamentales y de libre circulación marcadas por la UE. Este periódico ha tenido acceso a dicho documento, que será presentado el martes ante la Eurocámara en el primer debate sobre el estado de la Unión, durante el que se prevé que el Parlamento aborde el tema de las expulsiones.

El texto, firmado por la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, señala que la legislación de la UE prohíbe taxativamente las deportaciones masivas. También apunta que es responsabilidad de los Estados miembros evitar y perseguir la discriminación de cualquier grupo de ciudadanos por su raza, color, religión o su origen social.

El Ejecutivo francés argumenta que sólo 151 de las 979 personas expulsadas hasta la fecha fueron obligadas a abandonar el país y que los deportados han recibido ayudas económicas de 300 euros por cada adulto y 100 por niño.

Con el pretexto de evitar fraudes y que la misma persona reclame el dinero varias veces utilizando identidades distintas, el Gobierno francés prevé poner en marcha a partir de octubre una base de datos llamada Óscar. La finalidad de este sistema es recopilar las huellas dactilares de todos los perceptores de la ayuda económica de reasentamiento.

La Comisión Europea recela de esta base de datos, que podría entrar en conflicto con las leyes de protección de datos vigentes en el caso de que la información introducida no haya sido obtenida de forma voluntaria y sea utilizada 'para otros propósitos no especificados'.

El informe recuerda que la legislación de la UE obliga a las autoridades a velar por los intereses y el bienestar de los menores de edad.

El texto concluye proponiendo diversas iniciativas para contribuir a la integración de los gitanos, que incluyen la creación de un organismo que vigile y controle las medidas de los Estados miembros que afecten a esta minoría.