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Rabat difunde falsamente la anulación de la protesta

Los medios oficiales tratan de reventar las manifestaciones

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El nerviosismo de las autoridades marroquíes ante las manifestaciones del domingo culminó con el falso anuncio de la anulación de la protesta difundido a través de algunos medios como la agencia oficial MAP y la radio Medi1.

Youssef Raissuni, presidente de la delegación de Rabat de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), una de las asociaciones más activas en la organización de las protestas, confirmó a Público que las manifestaciones siguen adelante y que el anuncio de los medios oficiales 'es una mentira del Gobierno y de los medios de comunicación a su favor'.

El falso anuncio de anulación parece el último intento de minimizar la protesta, después de que otras estrategias, como vincular a los organizadores con el Frente Polisario y tildarlos de 'traidores' no hayan funcionado.

Uno de los organizadores del Movimiento 20 de febrero, que ha convocado la manifestación a través de la Red, Nizar Bennamate ha acusado al Ejecutivo de pagar a Rachid Antid, conocido en Facebook por Rachid Spirit-Zata y creador de las dos primeras páginas en internet de convocatoria a la marcha del domingo, para difundir las noticias falsas.  'Creemos que el Gobierno le ha pagado porque estaba con nosotros. Aunque no venía a las reuniones, trabajaba por Facebook. Escribió un comunicado en nombre de todos y lo mandó a los medios', explica Bennamate.

En esta línea, Osama Elkhalifa, otra de los cabezas visibles del Movimiento 20 de febrero ha informado de que están escribiendo un comunicado para desmentir la desconvocatoria de la protesta. 'El Gobierno es el responsable porque es el que ha hablado con la persona que ha difundido esta información falsa', recalca.     

En los últimos días, al tiempo que se sumaban ciudadanos a la protesta, crecía también el número de arrestos. Un total de ocho jóvenes fueron detenidos en Kenitra, Marrakech, Agadir y Casablanca, mientras distribuían octavillas llamando a la participación en la manifestación de hoy. Uno de ellos denunció haber sido golpeado en una comisaría de Casablanca. Tras un interrogatorio de dos horas, los jóvenes fueron puestos en libertad.

La reforma de la Constitución está en el centro de las reivindicaciones 

Las manifestaciones de ayer pusieron también en alerta a las fuerzas de seguridad marroquíes, que han desplegado a 50.000 agentes en todo el país.

El Gobierno ha tratado de paliar el descontento social para así minimizar las manifestaciones. El Ministerio de Justicia anunciaba hace días 'un aumento de sueldo a los funcionarios de entre el 21% y el 27%'. Sin embargo, eso no parece que vaya a acabar con el clamor social.

Mientras tanto, los jóvenes del Movimiento 20 de febrero, de los que partió la iniciativa, esperan que el 'primer paso' para el cambio que debería producirse hoy se haga de forma pacífica: 'No sabemos si las posturas se van a radicalizar, pero no queremos muertos', explica uno de los organizadores.

Todos tienen claro que, pase lo que pase, continuarán con las reivindicaciones. Incluso aseguran que 'no irán a sus casas hasta que se colmen sus peticiones'.

Ocho jóvenes han sido detenidos por repartir folletos instando a participar

El Movimiento 20 de febrero estará arropado por 14 asociaciones de derechos humanos, el movimiento islamista Justicia y Espiritualidad, periodistas, sindicatos de trabajadores, colectivos locales del norte y sur de Marruecos, agrupaciones culturales amazighs (bereberes) y partidos de la extrema izquierda.

Incluso ayer en el último momento, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), la formación liderada por el amigo del rey y exministro de Interior Fuad Ali Himma, anunció que participará en las manifestaciones. Una adhesión en la que algunos ven otro intento del régimen de desactivar la protesta popular.

Todos los participantes en la convocatoria coinciden en su ansia de pedir reformas; sin embargo, sus demandas no siempre son las mismas. Las cinco peticiones que comparten son una reforma constitucional, la disolución del Parlamento y del Gobierno, la separación de poderes, una Justicia independiente, la liberación de los presos políticos y el reconocimiento de la lengua amazigh.