Publicado: 15.04.2014 10:01 |Actualizado: 15.04.2014 10:01

El recrudecimiento del crimen empuja a Brasil a la seguridad privada

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Con rejas en la puerta de cada edificio residencial de los barrios adinerados de Río de Janeiro o Sao Paulo y un ejército de vigilantes privados que quintuplica los efectivos policiales en las calles, Brasil acelera el gasto en la seguridad privada con el deterioro de los índices de violencia. Según datos del sector, la inversión privada supera el gasto público acumulado por los tres niveles de gobierno que, juntos, desembolsaron 61.104 millones de reales (unos 27.775 millones de dólares) en 2012.

Esta cifra, según la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, es engañosa puesto que el 37 % de esa suma se dedicó a pensiones y seguridad social de los policías y no a políticas "efectivas" de seguridad. Las regiones donde se registra una más rápida expansión de la seguridad privada son los estados del noreste y la Amazonía, áreas con crecientes tasas de violencia y donde más escasean las inversiones públicas, según las patronales del sector.

No en vano, Maceió, Fortaleza y João Pessoa, tres capitales del noreste brasileño, son la quinta, séptima y novena ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo, según un informe de la ONU divulgado la semana pasada. "La sensación de inseguridad ha alcanzado a los brasileños de todas las regiones del país. El blindaje (de vehículos) ha dejado de ser una necesidad exclusiva de Sao Paulo y Río de Janeiro", afirmó el presidente de la Asociación Brasileña de Blindaje (Abrablin), Laudenir Bracciali, en un comunicado.

El blindaje de vehículos registró una expansión del 11,55 % en el primer semestre de 2013, según los datos más recientes de la Abrablin, que calcula que esa tasa de ventas siguió fuerte durante todo el año. El blindaje más habitual, considerado el "más adecuado a la actual realidad" de las grandes ciudades brasileñas, es el nivel III-A, que soporta tiros de subametralladoras, de pistolas 9 milímetros y revólveres Magnum de calibre .44.

El coste medio para blindar un vehículo con este nivel asciende a 47.300 reales (unos 21.500 dólares), según cifras de la patronal, que registra ocho años de expansión continuada. Aunque esos precios son asequibles para pocos bolsillos en Brasil, la inversión en seguridad privada no se restringe a las clases pudientes, según explicó a Efe el sociólogo español Ignacio Cano, del Laboratorio del Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

"La clase baja sí invierte en seguridad: en rejas, en perros; la clase alta, en (coches) blindados, sistemas electrónicos y vigilantes", relató Cano. La cifra de vigilantes privados se ha elevado considerablemente en los últimos años, en parte con el impulso del Mundial de fútbol de 2014 y también por la expansión de hoteles, centros comerciales y bancos.

Según datos remitidos por la Policía Federal a Efe, Brasil tiene actualmente 2,3 millones de vigilantes privados registrados, cifra que no incluye cientos de miles que trabajan de forma clandestina, entre ellos policías que hacen horas extras en tiendas o bares debido a los bajos salarios pagados por la corporación. El número de vigilantes contrasta con los 400.000 policías que integran los 27 cuerpos estatales de Policía Militarizada, a los que compete patrullar las calles y garantizar la seguridad ciudadana.

El gran número de guardias privados y la habitual concentración de los policías en los barrios ricos genera, en opinión de Cano, "una privatización doble de la seguridad". "Las clases medias aquí contratan seguridad privada y exigen, con éxito, que la policía también vigile en las mismas áreas", comentó Cano, que subraya que en los barrios periféricos la tasa de policías por habitante "es muy baja". El empleo de policías como vigilantes privados clandestinos supone una vuelta de tuerca más en este proceso de privatización. "Lo que hace el Estado es que financia la seguridad privada", resumió Cano, e indicó que estos policías han sido entrenados y usan armas pagadas con dinero público.

"Nosotros defendemos que, ya que no se puede eliminar esta práctica, por lo menos que se regularice", agregó el sociólogo del Laboratorio de la Violencia.