El fallecimiento de Antonin Scalia, el más brillante de los jueces del ala conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha abierto un encendido debate político sobre la posible decisión presidencial para cubrir su vacante en el contexto de una campaña electoral ya sobradamente polarizada.

En EEUU, los jueces del Tribunal Supremo, de los Tribunales Federales de Apelación y de Distrito, así como de otros tribunales especiales, son designados por el presidente, pero deben ser confirmados por el Senado. Pues bien, apenas unas horas después de conocerse la noticia del deceso, prominentes figuras del campo republicano, como Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, se apresuraron a advertir al presidente Obama que no intentara proceder al nombramiento de un nuevo juez, pues se encontraría con una feroz oposición a la hora de obtener la ratificación de dicho nombramiento.

Al igual que McConnell, los también senadores y candidatos republicanos a la presidencia Ted Cruz y Marco Rubio hicieron sendas declaraciones apelando a una supuesta "costumbre constitucional" de acuerdo con la cual un presidente en la recta final de su mandato no debe hacer nombramientos judiciales.

Según los republicanos, un "pato cojo" (lame duck) ─que es el nombre que reciben en los EEUU los presidentes que se encuentran en el tramo final de su mandato y ya no van a ser reelegidos─ no debería tratar de condicionar la composición de uno de los poderes del Estado, el judicial, dejando que sean los ciudadanos quienes, al votar a su sucesor, decidan también indirectamente sobre las plazas judiciales vacantes.

Hay que aclarar que, en sentido estricto, un presidente solo es verdaderamente "pato cojo" cuando su sucesor ya ha sido elegido y aún no ha tomado posesión, aunque es cierto que, por extensión, también se suele utilizar esa expresión para designar a un presidente que se encuentra ya en su segundo mandato y que, por tanto, sabe que no va a poder optar a la reelección y, en particular, en la fase final del mismo, una vez comenzado el ciclo electoral para escoger a su sucesor. En esta última situación en es la que se encuentra actualmente Barack Obama.

Antonin Scalia junto a Ronald Reagan en una fotografía de julio de 1986. - REUTERS

Nerviosismo entre los republicanos

El nerviosismo con el que los republicanos han reaccionado ante el fallecimiento de Scalia pone en evidencia lo mucho que está en juego en este episodio. Desde los nombramientos llevados a cabo por George W. Bush, se había mantenido en el Tribunal Supemo una exigua mayoría conservadora que se manifestaba frecuentemente en votaciones de 5-4. Los últimos nombramientos realizados por Obama no habían alterado ese equilibrio. Así pues, si la vacante de Scalia fuese cubierta por un juez de sensibilidad progresista se alteraría la relación de fuerzas en uno de los poderes del Estado.

En el contexto de crispación y polarización que caracteriza la política norteamericana del siglo XXI, no es nada extraño que los republicanos hayan salido en tromba a tratar de impedir que Obama ni siquiera intente llevar a cabo la designación. Pero, aunque no sorprenda, esta posición es profundamente perturbadora desde el punto de vista constitucional pues pretende privar de facto al presidente de uno de los poderes que le atribuye directamente la Constitución. Guste o no, Obama sigue siendo presidente de EEUU y las advertencias vertidas por los senadores republicanos significan, ni más ni menos, que estos pretenden negar a cualquier candidatura propuesta por el mandatario la posibilidad de ser estudiada con la consideración que merece antes de ser sometida a votación. En definitiva, lo que los republicanos han manifestado es que su intención es poner los criterios de oportunidad política por delante de sus obligaciones constitucionales.

Lo único que es de agradecer es la franqueza con la que han declarado sus intenciones pues, sin duda, podrían haber disimulado y haber optado por una estrategia dilatoria, manteniendo al menos la apariencia de respeto por la Constitución. Si no lo han hecho así es porque las bases republicanas radicalizadas, apenas minutos después de conocerse la noticia de la muerte de Scalia, ya estaban clamando en las redes sociales para que al "enemigo" no se le diese "ni agua".

Sin embargo, la estrategia republicana puede volverse en su contra en la batalla por el centro que se habrá de librar de cara a la elección presidencial. De hecho, inconscientemente, los republicanos se han deslegitimado y le han regalado al "pato cojo" Barack Obama importantes cartas en la partida que se habrá de jugar de ahora en adelante, pues sea quien sea el candidato propuesto para cubrir la vacante, la oposición al mismo de los republicanos va a ser vista indefectiblemente como "partidista".

Obama, a sabiendas de que su candidato va a ser rechazado, podría ahora optar por instrumentalizar políticamente el proceso, proponiendo a un candidato marcadamente progresista que satisfaga a los votantes demócratas, o incluso, siendo aún más calculador, podría proponer un candidato moderado cuyo rechazo por el Senado supusiera un mayor coste político para los republicanos frente a los votantes de centro. Incluso podría optar por un candidato perteneciente a una minoría significativa (hispano, asiático o abiertamente gay), de manera que el rechazo de los republicanos pudiese movilizar aún más el voto de estos grupos a favor de los demócratas.

Foto de grupo de los jueces del Tribunal Supremo de EEUU de octubre de 2010. - REUTERS

En cualquier caso, tanto la sustitución de Scalia como los nombramientos que previsiblemente se tendrán que realizar en un plazo relativamente corto van a suponer cambios trascendentales en el máximo órgano judicial de EEUU, marcando posiblemente a la futura generación. La juez Ruth Ginsburg del ala progresista ─por cierto, íntima amiga de Scalia, a pesar de sus diferencias ideológicas─, a punto de cumplir 83 años, ya ha anunciado su próxima retirada, y Anthony Kennedy, del ala conservadora, aunque a veces haya votado con los progresistas, cumple 80 este verano. Cuestiones como la influencia del dinero en las campañas electorales, el ejercicio del derecho al aborto, la protección del medio ambiente o el control de las armas podrían verse afectadas en un sentido o en otro dependiendo de quién sea el presidente que realice los próximos nombramientos y cuál sea la composición del Senado que los confirme.

*El autor es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Ha sido investigador visitante en el Washington College of Law (American University) y en la Universidad de Toronto.