Hasta prácticamente el último minuto, el presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, intentó bloquear el camino hacia la normalización de las relaciones internacionales emprendido por su sucesor, Juan Manuel Santos, quien fue investido jefe del Estado ante 17 gobernantes latinoamericanos, el príncipe Felipe de Borbón y 5.000 invitados.

'Juro ante Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las Leyes de Colombia', dijo Santos.Uribe ya causó el pasado 22 de julio la ruptura de relaciones con una denuncia ante la Organización de Estados Americanos por la supuesta presencia de las guerrillas de las FARC y del ELN en territorio venezolano. Pero, tras una reunión celebrada el viernes entre el presidente venezolano, Hugo Chávez, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Néstor Kirchner, Venezuela decidió enviar a su canciller, Nicolás Maduro, a la toma de posesión de Santos.

A primera hora, cuando Maduro alistaba sus maletas para viajar a Bogotá, se produjo la última 'actuación-bomba' de Uribe: su abogado Jaime Granados presentó ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanas una demanda contra Chávez por crímenes contra la humanidad por su presunta complicidad con la guerrilla.

Contra todo pronóstico, Maduro mantuvo su viaje y declaró ser portador de un mensaje de felicitación de Chávez para Santos, 'con la mejor disposición hacia un futuro de esperanza y solidaridad para todo el pueblo colombiano'.

Venezuela envió a su canciller con 'la mejor disposición para el futuro'

El nuevo presidente de Colombia, extremando la cortesía hacia su antecesor, ha marcado pronto las diferencias. La primera se produjo cuando, horas antes de la imposición de la banda presidencial en la Plaza de Bolívar, se desplazó en helicóptero con su familia a la Sierra Nevada de Santa Marta, para recibir la 'investidura espiritual' de manos de los jefes koguis, arhuacos, kancuanos y wiwas.

En el sitio sagrado de Seyzhuna, los líderes indígenas le entregaron varias tumas (piedras sagradas precolombinas) y un bastón de mando, y le transmitieron su inquietud por las obras, proyectos turísticos y actividad paramilitar que amenazan la supervivencia en su territorio. Un día antes, un juez de Santa Marta condenó a 30 años de cárcel al jefe paramilitar Elíseo Beltrán por la tortura y desaparición de una familia de la zona que se negaba a abandonar sus tierras.

De regreso a Bogotá, otro acto simbólico: una primera reunión dedicada al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que rompió relaciones con Colombia en marzo de 2008, tras el bombardeo en su territorio del campamento de las FARC.

Durante su discurso de investidura, Santos le dijo a las FARC que está 'abierto' a dialogar para poner fin a la violencia, a condición de que esa grupo armado renuncie 'a las armas, al secuestro y al narcotráfico'. 'Diplomacia babosa', fue el calificativo de Uribe para el deshielo con los vecinos ecuatorianos protagonizado por la canciller Ángela Holguín.

El nuevo presidente visitó a los líderes indígenas para recibir su bendición

Y no fue la más dura muestra de rechazo a la dinámica iniciada por su sucesor. Cuando se anunció que el líder del centroderechista Cambio Radical, Germán Vargas Lleras -que obtuvo más de un millón de votos en la primera vuelta- podía ser ministro del nuevo gabinete, Uribe lanzó a su vicepresidente Francisco Santos a inundar los medios de comunicación. En ellos, Santos declaró que Vargas, que se opuso al tercer mandato uribista, era un 'traidor' y que nombrarlo ministro sería mandar el siguiente mensaje a Uribe: 'bien puede irse pal carajo'. Impávido, el nuevo presidente ha incorporado a Vargas Lleras como número dos, a cargo de Justicia e Interior.

Otro nombramiento que ha puesto los pelos de punta al uribismo es el del prestigioso economista conservador Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura. Como eje de su programa se propone, siguiendo la propuesta del Polo Democrático (izquierda), emprender una reforma agraria para devolver a los desplazados los cinco millones de hectáreas que caciques y paramilitares les han despojado a sangre y fuego en los últimos años.