Publicado: 06.11.2015 21:55 |Actualizado: 06.11.2015 21:55

Santos reconoce la responsabilidad del Gobierno de Colombia en la matanza del Palacio de Justicia

El presidente colombiano pide perdón y admite que el Estado se extralimitó en el operativo militar que hace 30 años causó 98 muertos.

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asiste a un acto conmemorativo por el trigésimo aniversario de la toma del Palacio de Justicia de Colombia. - EFE

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asiste a un acto conmemorativo por el trigésimo aniversario de la toma del Palacio de Justicia de Colombia. - EFE

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reconocido este viernes la responsabilidad del Estado en la matanza perpetrada hace justamente 30 años en la toma del Palacio de Justicia. Se trata de la primera declaración de este tipo que nace de la Casa de Nariño, sede presidencial.

"En nombre del Estado, pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial", ha declarado Santos en un acto conmemorativo de los hechos ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. El mandatario ha asegurado que lo hace "de corazón", "no solo para cumplir la orden" de la Corte Interamericana de Justicia, que en 2014 condenó al Estado colombiano a asumir su responsabilidad por las muertes, las desapariciones forzosas y los tratos crueles que se dieron en la toma del Palacio de Justicia.



Hace 30 años, guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente. En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en el año 2000 este número se redujo a 10 con el hallazgo en una fosa común del cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia, y recientemente ha pasado a ocho. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública ─militares y policías─. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.

Santos ha indicado que, a pesar de sus palabras de hoy, "persiste una deuda moral con las víctimas y sus familiares" que "todavía imploran que se conozca la verdad. "Y así pasa también con tantos hechos de violencia que se han presentado en el país", ha lamentado. Esta deuda moral "deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos, la adecuada reparación a las víctimas y sus familiares y ─sobre todo─ el esclarecimiento de la verdad", ha señalado.

A este respecto, también ha reconocido la responsabilidad del Estado "por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos".

Santos ha explicado que esta declaración es coherente con el espíritu que guía las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a más de medio siglo de conflicto. "Este proceso de paz tiene una característica muy especial, y es que hemos puesto en el centro de la solución del conflicto a las víctimas, a quienes sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de este enfrentamiento absurdo", ha recordado. "Por eso es tan simbólico conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz que haga posibles los derechos de las víctimas, porque la paz es perdón, es reconciliación, pero también es admitir responsabilidades", ha resaltado.

Santos ha recordado que el Palacio de Justicia fue escenario "de uno de los capítulos más tristes y dolorosos" de Colombia. "Aquí confluyeron las balas del M-19 y la fuerza del Estado ─ni más ni menos el propio conflicto armado─ en pleno centro de Bogotá", ha lamentado. "Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros: la angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional (...) Ningún colombiano puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado ni de cualquier otra persona", ha subrayado.