Que regresen a Estados Unidos los militares y contratistas civiles que están en Colombia y que el Gobierno dé a conocer qué acciones han adelantado en los últimos meses en el país. Estas son las demandas repetidas desde la oposición, después de que a última hora de la tarde del martes (madrugada de ayer en España) el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González declarara sin efecto el tratado para la instalación de siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano, suscrito el pasado 30 de octubre por el Gobierno de Álvaro Uribe.

La senadora del Partido Liberal que forma parte de la coalición del nuevo presidente, Juan Manuel Santos Piedad Córdoba, fue la más enérgica durante su intervención parlamentaria en la exigencia de la salida de los militares 'gringos'. Mientras, el Gobierno estudiaba distintas alternativas y preparaba una comunicación con el Departamento de Estado norteamericano para dar una nueva articulación a las relaciones militares entre Colombia y EEUU.

La Corte Constitucional sentenció, en un fallo inapelable, que el acuerdo firmado entre Washington y Bogotá y negociado en secreto desde enero de 2009, no fue (como esgrimió el Gobierno de Uribe) una simple prolongación de los convenios anteriores, suscritos desde 1974 y actualizados en el llamado Plan Colombia. En realidad, ese pacto es un verdadero 'tratado internacional, que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano y que debe ser sometido al Congreso de la República'.

En consecuencia, dictamina la Corte, al quedar sin efecto el tratado, que estaba previsto para diez años prorrogables, 'no puede surtir efectos en el ordenamiento interno' y todo el personal militar, equipos y ayudas que se hayan recibido, 'deben regresar al país de origen'.

La votación fue de seis contra tres. Entre los magistrados, una minoría mantuvo hasta el último momento la posibilidad de otorgar al Gobierno una moratoria de un año para renegociar el tratado sin que se suspendiera. En la misma línea trató de presionar el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, presentándose en la sede de la Corte para presionarla, en clara violación de su Reglamento, que prohíbe expresamente la presencia de quienes 'estén interesados o implicados en las sentencias que se van a dictar'. Para el constitucionalista José Gregorio Hernández, la pretendida moratoria significaría que 'durante un año más la Constitución seguiría siendo violada'.

Uno de las claves para declarar la inconstitucionalidad del tratado ha sido la inmunidad penal, las exenciones tributarias y la libre entrada y salida con carácter de 'diplomáticos' que preveía para los estadounidenses relacionados con las bases: militares, civiles, cónyuges, hijos, contratistas, empleados de los contratistas y observadores asociados. Privilegios que han provocado un amplio rechazo en Colombia.

Para aplicar la sentencia, el Gobierno debería desvelar de inmediato las actividades que se han llevado a cabo en el marco del tratado en los últimos diez meses, para suspenderlas en su efecto y retroceder en sus intervenciones.

Las operaciones tácticas y de inteligencia deben quedar suspendidas desde hoy. Por ejemplo, en la base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia: los aviones estadounidenses deben dejar de utilizarla y los militares nuevos que llegaron salir de inmediato. En los planes estratégicos estadounidenses se contaba con esta base para vuelos intercontinentales hacia África y la vigilancia del subcontinente. Aun así, en el tiempo transcurrido, el Pentágono no ha podido desplegar gran cantidad de tropas y armamento en las bases.

Círculos próximos al presidente Santos indicaron a Público que él ya tenía prevista la decisión de la Corte y que no la ha acogido con desagrado, ya que le deja las manos libres para renegociar un tratado que 'él no habría firmado'.

Presentar el texto al Parlamento
Presentar el texto del tratado anulado por el Constitucional para su debate en el Senado y la Cámara manteniéndolo tal cual está permitiría a los colombianos conocer el alcance de lo que se quería acordar entre Colombia y EEUU y causaría gran polémica, aunque fuera aprobado por la mayoría ‘santista’. El problema, señala el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, es que debería ser luego remitido de nuevo a la Corte y esta volvería a declararlo inconstitucional, porque “no hay ningún artículo de la Constitución que permita las bases militares extranjeras”.

Conformarse con el Plan Colombia
Bogotá podría prescindir de un nuevo tratado y seguir operando con los convenios suscritos con EEUU y en vigencia desde 1939, renovados con el llamado Plan Colombia suscrito entre los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana en 1999, en teoría para combatir el narcotráfico, pero al que se le dio un contenido contrainsurgente mediante modificaciones posteriores nunca del todo reveladas. A esa línea de operaciones colombiano-estadounidenses secretas sin necesidad de debates públicos, se apuntan la cúpula militar y un amplio sector de la derecha política.

Renegociar un tratado reducido
La tercera opción es renegociar un tratado reducido: la base de Palanquero en el interior y otra sobre el Pacífico, en un acuerdo más suave que no cause alarma entre los vecinos y mantenga a Colombia como aliado clave de EEUU en Suramérica. Esta línea coincidiría con el interés de Obama de quitarse de encima la imagen intervencionista heredada de Bush y ahorrar medios, cuando el propio Pentágono acaba de cerrar el centro militar de Norfolk (Virginia) y echar a la calle a 5.000 personas.