Teng Biao está nervioso. Este conocido abogado y defensor de los derechos humanos de Pekín sabe que dar entrevistas a la prensa no será bien visto por su Gobierno. Teng lidera un grupo de 18 abogados chinos que se ha ofrecido para prestar asistencia legal a los cientos de tibetanos arrestados desde que empezaron las revueltas en Lhasa el 14 de marzo.

'Gracias por venir', dice Teng, estrechando una mano temblorosa y sudada. Los nervios le traicionan y al sentarse no se da cuenta de que la silla está rota. Se tambalea por un instante y está a punto de caerse al suelo pero, al final, recupera el equilibrio.

Sonríe, para disimular el susto, y vuelve a empezar: 'Nuestro objetivo es asegurarnos de que los tibetanos detenidos serán juzgados bajo la regulación china', dice Teng. Según la ley, 'los arrestados tienen derecho a un abogado y, si no pueden pagárselo, el Gobierno debe poner uno del Estado a su disposición'.

Entre 800 y 2.000 detenidos

'Sabemos que muchos detenidos ya han sido juzgados sin que pudieran contar con defensa legal', añade Teng.  Según el Gobierno chino, hay entre 800 y 900 tibetanos detenidos. Teng estima que pueden ser más de 2.000.

Hasta 23 abogados se han sumado a la iniciativa. Pero el Gobierno aún no les permite viajar a Lhasa. 'Tengo la esperanza de que algunos de mis compañeros conseguirán pronto la autorización. Yo no podré ir. Mi situación es demasiado delicada y el director de mi bufete no me lo permitirá', dice Teng, mientras se levanta para ajustar la puerta del despacho. Las gotas de sudor le resbalan por la frente.

Este abogado fue coautor, junto al disidente político Hu Jia, -condenado el 3 de abril a tres años y medio de cárcel por 'incitación a la subversión al Estado'- , de una carta dirigida a la comunidad internacional para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por Pekín con la excusa de los JJOO.

La carta, difundida en septiembre de 2007 por la organización Human Rights Watch, detallaba casos de expropiaciones de tierras, desalojos forzados, represión policial, encarcelamiento de disidentes políticos o la persecución de religiosos. Teng fue arrestado durante tres días y puesto en libertad.

A los cincos minutos de entrevista, Teng se disculpa y abandona el despacho. 'Creo que es más conveniente que dejemos de hablar', dice, al regresar. Su americana azul claro está empapada de sudor. 'A mi director le parece una situación peligrosa', se excusa Teng, mientras me alarga una tarjeta de visita por si quiero contactarle más tarde, para hacerle más preguntas.

Teléfonos pinchados por la Policía

Por su mirada entiendo que prefiere que no lo haga. En China, las llamadas de teléfono y el correo electrónico, -no sólo de disidentes, sino de diplomáticos, periodistas y hasta de estudiantes extranjeros de tibetología- están pinchados por la Policía. 'Wen Haibo puede continuar explicándote nuestro proyecto', dice Teng, señalando a un joven abogado, de semblante serio, vestido con traje chaqueta oscuro, que aparece por la puerta. 

'Teng es un tipo muy valiente', dice Wen, sentado ahora en su lugar. A diferencia de Teng, Wen intenta mantener la entrevista dentro de lo estrictamente convencional. 'Todo lo que sé respecto a la situación de los tibetanos arrestados es lo que publican los medios oficiales', dice Wen, miembro de este grupo de abogados voluntarios. 

'Las autoridades no informan de nada en concreto, excepto que los sospechosos fueron arrestados y que los juicios han empezado. No sabemos nada de sus condenas', dice Wen. Procura no mirar a los ojos, distante. 'Las sentencias dependerán del crimen que hayan cometido: algunos han destruidos tiendas, otros han herido a gente', dice Wen.

Admite que es posible que algunos sean enviados a campos de trabajos forzados, o castigados con la pena de muerte.

Garantizar juicios justos

Ellos, como abogados, lo único que pueden hacer es 'intentar rebajar su condena y asegurar que el juicio cumpla con los procedimientos legales establecidos'. Por ejemplo, evitando que los detenidos sean sentenciados sin juicio; o que sufran extorsión de confesiones por medio de la tortura.

'La tortura sigue siendo un método muy frecuente en este país. Hemos sugerido en muchas ocasiones que China aprenda de los países extranjeros', dice Wen. 'El sistema judicial chino está mejorando, pero todavía no lo suficiente' , añade Wen.

Uno de los mayores obstáculos jurídicos es que sólo pueden actuar si el sospechoso solicita sus servicios, explica Wen. Algo que parece imposible, cuando cientos de tibetanos desconocen sus derechos legales y el territorio permanece aislado.

Wen se muestra escéptico al valorar si la presión internacional y las protestas protibetanas durante el relevo de la antorcha en París y Londres ayudarán. 'El Gobierno chino mantiene que el problema tibetano es un asunto interno. No va a permitir que otros países interfieran', dice.

La iniciativa de estos abogados no ha sido difundida por los medios chinos y para muchos 'sería difícil de entender'. La opinión pública en general apoya al Gobierno central y condena las revueltas tibetanas. 'La prensa china sólo informa de lo que al Gobierno le interesa mostrar', dice Wen.

'Queremos que la gente sepa lo que estamos haciendo, eso ayudaría a China a avanzar a buen paso para convertirse en un Estado de derecho'.