El Tribunal Militar de Rabat juzgará a 24 saharauis implicados en los disturbios de 2010 que se saldaron con 13 muertos tras el brutal asalto y desmantelamiento de Marruecos del campamento Dignidad de Gdaim Izik, a las afueras de El Aaiún. El juicio, que iba a comenzar hoy, continuará finalmente el 8 de febrero. Se trata del mayor proceso contra ciudadanos saharauis de los últimos años. Los acusados han pasado más de dos años en detención preventiva, detalle que ha sido frecuentemente denunciado por numerosas organizaciones humanitarias.

Según ha explicado el abogado Lahmed Bzeid, miembro del equipo de defensores, el aplazamiento sirve para poder convocar a testigos solicitados por la defensa que podrían acreditar que al menos cinco de los acusados no se encontraban en el lugar de los disturbios cuando estos tuvieron lugar y la presentación de otras pruebas materiales como fotografías. Además, se permitirá que uno de los acusados, hoy ausente por enfermedad, pueda sumarse a todo el grupo.

Los acusados llevan más de dos años en la cárcel sin una acusación formal

Por otra parte, el presidente de la sala aceptó que sean presentadas armas blancas en esa nueva vista como posibles pruebas inculpatorias, en una petición cursada por el fiscal. La petición de comparecencia del que era ministro del Interior marroquí en aquel momento, Taieb Cherkaui, y de otros altos cargos de su departamento que participaron en un 'comité de diálogo' con varios de los acusados previo al desmantelamiento del campamento, fue rechazada por el tribunal.

En los disturbios que siguieron al desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik perdieron la vida 11 agentes del orden marroquíes y dos civiles saharauis, convirtiéndose en los sucesos más trágicos vividos en el Sahara Occidental desde el alto el fuego declarado entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991. Tras ser aplazado ya en otras dos ocasiones, el juicio se iba a abrir hoy con la presencia de juristas observadores llegados de España, Francia, Italia o Luxemburgo, además de diplomáticos de varios países occidentales.

Los acusados, todos vestidos con la darraa (túnica tradicional saharaui) entraron en la sala entonando lemas por la libertad del Sáhara Occidental y la autodeterminación. A las afueras de la sala, un grupo de saharauis reclamaba la liberación de sus amigos y familiares por un juicio que tildaron de 'político', mientras a escasos metros familiares de las víctimas exigían que se haga justicia y defendían la 'marroquinidad' del Sáhara, en medio de un impresionante despliegue policial. El portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa al Jalfi, negó ayer cualquier motivación política tras el juicio a los saharauis, y justificó el hecho de que comparezcan ante un tribunal militar por el hecho de que la ley marroquí así lo establece cuando la víctima de un crimen es un miembro de la fuerza pública.

Rabat niega toda motivación política para juzgar a los 24 saharauis

Los familiares de las víctimas han constituido una 'Coordinadora de familias y amigos' que reclaman por su parte que se haga justicia con los agentes muertos. 'No queremos venganza ni la pena de muerte contra los acusados, pero sí queremos que se haga justicia y poder así hacer el duelo final por nuestra gente', dijo Ahmed Atartur, primo de uno de los policías muertos en los disturbios.

Por su parte, los familiares de los saharauis los consideran inocentes, insisten en la falta de pruebas contra ellos y exigen su inmediata liberación tras más de dos años sin una acusación formal. Según la agencia oficial MAP, los cargos que la fiscalía quiere aplicar a los acusados son 'constitución de bandas criminales, violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres'.