Público
Público

Un tribunal suspende la ley migratoria de Arizona

Una jueza federal bloquea de forma temporal las cláusulas más polémicas de la norma que criminaliza la inmigración. Miles de activistas se reúnen en el Estado para protestar contra ella

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

Menos de 24 horas antes de que entrara en vigor, una jueza federal decidió ayer suspender temporalmente las cláusulas más controvertidas de la ley migratoria de Arizona, otorgando una victoria pírrica al Gobierno de Barack Obama, que podría pagarlo en las urnas.

La jueza Susan Bolton, en Phoenix, basó su decisión en la división de poderes entre el Gobierno federal y los estados. No entró en la polémica sobre discriminación o racismo contra la población latina. Respaldó el argumento presentado hace unas semanas por el Departamento de Justicia según el cual las funciones migratorias son competencia exclusiva de Washington.

'Hay muchas probabilidades de que la policía detenga a residentes legales con esta ley', dictaminó Bolton, 'Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno federal tiene autoridad para imponer'.

La jueza cuestionó la parte de la ley que otorgaba a la policía poderes migratorios y le permitía detener a cualquier persona bajo 'sospecha razonable de que se encontrara en el país ilegalmente'. También suspendió las cláusulas que exigían a los inmigrantes llevar sus papeles 'en todo momento' y que convertían en delito que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.

La magistrada reconoció una realidad que sheriffs y jefes de policía de muchas poblaciones de Arizona, incluida Phoenix, expusieron a lo largo de estos últimos meses: que el Estado no tenía capacidad logística ni económica para asumir las detenciones masivas que alentaba la ley. Y que muchos inocentes pasarían días en prisión antes de poder demostrar que no eran culpables.

'Pedir a las fuerzas del orden de Arizona que comprueben el estatus migratorio de cada persona detenida perjudicaría a inmigrantes legales porque su libertad se vería reducida mientras se comprueba su situación', dijo Bolton.

En su momento Obama calificó la medida de 'contraria a los valores' de Estados Unidos por alentar 'la división', pero tardó tres meses en ordenar al Departamento de Justicia que recurriera la ley. Su portavoz, Hannah August, se limitó a declarar que el tribunal de Arizona había tomado la decisión 'correcta'.
60% a favor de su aplicación.

La Casa Blanca no se precipitó en cantar victoria, primero porque se trataba de una decisión temporal pero sobre todo porque las repercusiones electorales podían ser algo más complejas. Sabía que, de ganar, sería una victoria pírrica. Las encuestas han mostrado una y otra vez que la ley es muy popular, y no sólo en Arizona. Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes afirmaba que el 60% de la opinión pública estaba de acuerdo con la ley.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que promulgó la ley y convirtió la inmigración en tema de debate nacional, declaró ayer que pensaba recurrir la decisión. 'Estudiaremos con cuidado cada elemento del dictamen y pronto presentaremos un recurso', dijo Brewer en un comunicado. Añadió que sólo se trataba de 'un bache temporal en el camino' y que el problema seguía siendo que 'las autoridades federales no hacían su trabajo'.

Mientras, organizaciones pro derechos civiles y asociaciones latinas que denunciaron la ley ante los tribunales y la opinión pública festejaron la noticia. 'Este es un paso que ayudará a proteger a los residentes de Arizona de la discriminación racial', dijo Anthony Romero, director de ACLU (American Civil Liberties Union). 'La frustración de un estado con las políticas federales no puede permitirles tomar la ley de rehén o dictar sus propias normas', añadió Romero.

La decisión de último minuto se produjo cuando el estado se preparaba a vivir días intensos de manifestaciones. En Phoenix, miles de activistas y líderes hispanos empezaron ayer a movilizarse, mientras el sheriff del condado, el conservador Joe Arpaio, anunciaba su intención de encarcelar a todos los indocumentados que se cruzaran en su camino.

Se esperaba el desembarco de caravanas de autobuses en la capital, donde se había establecido un perímetro de seguridad ante las protestas y vigilias programadas frente a sitios como el capitolio estatal y el tribunal federal.

La llamada Ley SB1070, aprobada el pasado abril, iba a permitir a las fuerzas de Arizona criminalizar de hecho al extranjero y muy especialmente a los hispanos que viven en el estado.

La versión expurgada de la ley que hoy entra en vigor sigue reforzando las medidas contra las inmigración ilegal y reconoce el problema de Arizona (donde se calcula viven unos 460.000 inmigrantes sin papeles para una población de unos seis millones de habitantes) pero dentro de los parámetros de las competencias del Estado.
El dictamen judicial podría tener un efecto disuasorio para los otros estados que estaban considerando aprobar leyes parecidas a la de Arizona. Al menos retrasará su decisión hasta que se diluciden todas las repercusiones legales.