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Trump Dieciocho estados demandan a la Administración de Trump por las leyes de emisiones de vehículos

La demanda busca anular y determinar como ilegales los esfuerzos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para debilitar las reglas vigentes sobre vehículos sin emisiones

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Un atasco en Nueva York. REUTERS

El gobernador de California, Jerry Brown, anunció hoy una demanda por parte de California y otros 17 estados contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus planes de eliminar los estándares sobre la cantidad de gases de efecto invernadero que pueden emitir los vehículos.

La demanda, presentada en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, busca anular y determinar como ilegales los esfuerzos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para debilitar las reglas vigentes sobre vehículos sin emisiones. Los estados sostienen que la EPA actuó de manera arbitraria y caprichosa al no cumplir sus propias reglamentaciones y violar la denominada Clean Air Act (Ley de Aire Limpio).

"La demanda presentada por la unión de los estados representa a 140 millones de personas que simplemente quieren tener coches más limpios y eficientes", indicó Brown en un comunicado. "Los estados defenderán los estándares de la nación sobre aire limpio para estimular el ahorro de combustible y frenar la contaminación de aire tóxico", agregó.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, indicó que los estándares actuales son asumibles, basados en datos científicos y "una bendición para las familias estadounidenses trabajadoras". "Hemos tenido suficiente", declaró. "No buscamos pelea con la Administración de Trump, pero cuando los intereses en juego son tan importantes para la salud y la prosperidad económica de nuestras familias, tenemos la responsabilidad de hacer lo necesario para defenderlas", sostuvo.

La decisión de la Administración de Trump de reducir los estándares de consumo y emisiones contaminantes de los automóviles amenaza con eliminar los logros alcanzados por su predecesor, Barack Obama. El administrador de la EPA, Scott Pruitt, anunció a principios de abril que, tras revisar las normas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para automóviles, "las normas actuales no son adecuadas y deben modificarse".

La decisión de Pruitt se refiere a las normas de emisiones para los vehículos de los años 2022-2025 establecidas, tras arduas negociaciones con el sector, por la anterior administración del expresidente Barack Obama. En 2012, tras dos años de trabajo, Obama anunció un acuerdo por el que los automóviles y camionetas ligeras duplicarían la media de eficiencia de combustible (lo que supone un menor consumo y reducción de emisiones) con respecto a la existente en el momento.

El acuerdo, que establecía que a partir de 2025 los vehículos que se venden en Estados Unidos emitirían de media 163 gramos de gases de efecto invernadero por milla recorrida (1,6 kilómetros), fue considerado una victoria para los consumidores, por los ahorros que suponía en combustible y las ventajas medioambientales. Las normas de la era Obama, de mantenerse, evitarían la emisión de 570 millones de toneladas de gases con efecto invernadero para 2030, el equivalente a la eliminación de las emisiones en un año de 140 plantas de carbón.

Según los cálculos de la EPA, los estándares que Pruitt y Trump quieren eliminar también habrían ahorrado a los consumidores 1,7 billones de dólares en gasolina en ese tiempo. Pero los nuevos estándares de combustible y emisiones nunca fueron del gusto de los principales fabricantes de automóviles porque les obligaba a realizar fuertes inversiones en mejoras tecnológicas.

A las pocas semanas de la llegada de Trump a la Casa Blanca, los ejecutivos de casi una veintena de fabricantes se reunieron con el mandatario y le pidieron que cancelase las medidas adoptadas por su predecesor. Los peores temores de las organizaciones medioambientales se materializaron el 2 de abril cuando Pruitt declaró que "la determinación del Gobierno de Obama fue equivocada", por lo que decidió eliminar los objetivos acordados en 2012.