BRUSELAS.- Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea (UE) han dado este lunes luz verde al establecimiento de una misión militar naval para combatir las mafias que transportan ilegalmente a migrantes en el Mediterráneo. El texto deja varios problemas legales sin resolver y abre la puerta a destruir las embarcaciones en aguas territoriales de los países de partida.

Según el documento aprobado por los ministros comunitarios, el bloque prevé una "operación militar de gestión de crisis" contra estas mafias centrada en "identificar, capturar y desechar" las embarcaciones que utilizan, señala el documento aprobado por los ministros.

En una primera fase la misión, bautizada EUNAVFOR MED, pretende intercambiar información y patrullar en alta mar para detectar redes ilegales de inmigración de acuerdo con el Derecho Internacional pero sin necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Resolución que tampoco hará falta en una segunda fase. El texto contempla abordar, capturar o desviar los barcos sospechosos que se aproximen a Europa que no tengan pabellón o si se cuenta con el permiso del país representado en su bandera en aguas internacionales. En caso de que el abordaje se produzca en las aguas del país concernido, se deberá contar con su permiso o con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aunque los Veintiocho evitan expresamente hablar de la posible destrucción de las embarcaciones utilizadas por las mafias, contemplan en una tercera fase "tomar todas las medidas necesarias contra una embarcación o sus activos relacionados". Dentro de las acciones está el "desechar" las embarcaciones o "hacerlas inoperativas en el territorio de ese país" de acuerdo con una resolución del Consejo de la ONU o con el consentimiento del país costero implicado.

Los Estados miembro tendrán que "evaluar si las condiciones para la transición más allá de la primera fase se han cumplido" teniendo en cuenta si hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de los países costeros.

Problemas legales sin resolver

Varios de los ministros comunitarios, como el titular de Defensa británico, Michael Fallon, o su homóloga alemana, Ursula von der Leyen, han evidenciado los asuntos legales que no se quedan resueltos con la aprobación de la misión militar. Por ejemplo, no está claro qué se haría con los inmigrantes que se rescatan o con los propios traficantes, que deberían ser juzgados, según varias fuentes diplomáticas.

Asimismo, tampoco se especifican normas de enfrentamiento claras, algo que España había solicitado. El Gobierno español también había pedido acuerdos establecidos con Frontex y las autoridades italianas y maltesas antes de pasar a la segunda fase de la misión para que ellos asuman la responsabilidad sobre los inmigrantes rescatados pero también los traficantes, con vistas a juzgarles, según fuentes militares.

Según el mandato aprobado, la misión podrá recoger, "de acuerdo con la ley aplicable", datos personales de personas para su identificación, como huellas digitales. Los ministros también acordaron establecer el cuartel general de la nueva operación en Roma y que su comandante de operaciones sea el contraalmirante italiano Enrico Credendino.

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha confiado en que los ministros de Exteriores puedan "lanzar" la misión en el Consejo que celebrarán el 22 de junio en Luxemburgo, y que para entonces el Consejo de Seguridad de la ONU haya adoptado el mandato solicitado por la UE "al amparo del capítulo 7" de la Carta de Naciones Unidas (que permite el uso de la fuerza) para que la operación pueda entrar en vigor "en todas sus fases".