Tras una guerra que dura ya demasiados meses para ser contada y una semana de huida desesperada, a Yoyce sólo le queda un par de botas sucias, una bicicleta sin frenos y un saco con los restos de lo que un día fue una vida. En Yei, en el desolladero en Yei, ha abandonado un rebaño y un hogar. Algún día, sueña en voz alta, volveré a por los animales. Pero no será pronto. “Allí están matando a mucha gente. Incluso a los civiles”.

Desde hace algo más de un año, las regiones del Alto Nilo y el oeste de Bah al Gazal han concentrado la crudeza de los enfrentamientos entre las tropas dinkas, afines al presidente Salva Kiir, de etnia dinka, y los nuer del exvicepresidente Riek Machar.

No obstante, ha sido la localidad de Yei, ubicada 150 kilómetros al sur de Yuba, donde se han certificado algunas las mayores atrocidades: entre julio de 2016 y el pasado enero se produjeron, según la ONU, “bombardeos indiscriminados contra civiles, asesinatos dirigidos, saqueos, incendios premeditados de propiedades civiles y violencia sexual contra mujeres y niñas, incluidas muchas que huían de esa violencia”.

Es precisamente de Yei, a poco más de 200 kilómetros de la frontera con Uganda, de donde proceden la mayoría de refugiados, al menos dos centenares, que han arribado esta mañana al centro de registro de Kuluba. Lo hacen andando, algunos empujado una bicicleta cargada con sillas, bebes recién nacidos y colchones raídos. Otros apilan sus pertenencias, lo que queda de sus vidas, en sacos cargados con ropa, comida y pesadillas. Porque todos, apunta Christine, una de las psicólogas del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) que asiste a los refugiados a este lado de la frontera, traen consigo los “traumas” de los que han visto “los horrores de ver morir gente”.

Cada día más de un centenar de personas cruzan Sudán del Sur huyendo de la guerra .Pablo L. Orosa.

Tras comprobar, observando las cicatrices de los brazos, que efectivamente proceden de Sudán del Sur, trabajadores del gobiernos ugandés registran sus datos: la última en llegar es una familia de cinco mujeres. Tres de ellas son apenas unas niñas. Otras dos proles, que suman más de una veintena de personas, esperan a que el camión los traslade junto a sus pertenencias al centro de registro de Kuluba. Una vez ahí, los recién llegados son enviados a los tres nuevos campamentos abiertos desde diciembre: Palorinya, Imvepi y Palabek Ogili. Bidi Bidi, hasta hace unos meses apenas un puñado de viviendas de adobe para agricultores, está ya demasiado saturado: actualmente es el segundo campo de refugiados más grande del mundo. 272.206 personas viven allí bajo las lonas de ACNUR.

“Estamos en un momento crítico. Uganda no puede afrontar la mayor crisis de refugiados en África sola”, alertaba en marzo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Desde entonces, el flujo migratorio no ha parado de aumentar: durante varios meses, más de 2.000 personas cruzaron la frontera a diario. “Hubo picos de hasta 4.000”, recuerda uno de los responsables del programa ugandés de asistencia. Aunque en las últimas semanas la presión migratoria se ha reducido, más de 20.000 personas huyeron a Uganda a lo largo del mes de junio. Siguen siendo más de 600 al día, lo que sitúa a Sudán del Sur como la crisis de refugiados que más crece en el mundo. De hecho, el país africano es ya, tras Siria y Afganistán, el tercer mayor emisor de refugiados del mundo.

De la euforia de la independencia a la batalla fratricida

Tras lograr su independencia de Sudán en 2011, el mañana se vislumbraba halagüeño para la joven nación africana. Su economía, impulsada por el crudo extraído del Alto Nilo -aunque comercializado a través de los oleoductos de su vecino del norte-, aumentaba a tasas del 35% y los expertos citaban a Sudán del Sur como el país que más crecía del mundo. Todo comenzó a torcerse en diciembre de 2013, cuando el presidente de Salva Kiir, de etnia dinka, denunció un intento de golpe de estado urdido por su vicepresidente, el nuer Riek Machar.

Fuerzas leales a uno y otro iniciaron una batalla fratricida que se cobró en unos meses más de 50.000 víctimas mortales. La presión internacional y la mediación de la Unión Africana se tradujo en una tregua sellada en agosto de 2015: menos de un año después, en julio de 2016, el Gobierno de coalición saltó por los aires y el conflicto entró en una deriva de violencia desmesurada que recuerda a lo ocurrido en Ruanda en 1994.

La propia ONU, a través de la comisión del Consejo de Derechos Humanos para Sudán del Sur, advirtió ya de que en el país está en curso un "proceso de limpieza étnica". “Los dinkas están locos. No quieren que tengamos trabajo, lo quieren todo para ellos”, relata una mujer de media edad que hace algo más de un año decidió cruzar la frontera después de que prendieran fuego a su aldea. Varios de sus hermanos fallecieron aquel día. “Los dinkas masacran a la gente como a animales”.

En los centros de refugiados, el PMA distribuye comida.Pablo L. Orosa

El conflicto ha dejado al menos 50.000 muertos, casi dos millones de refugiados y otros dos millones de desplazados internos. Aunque la hambruna que había sido declarada el pasado febrero en los condados de Leer y Mayandit ha sido rebajada, la inseguridad alimentaria ha aumentado a su máximo nivel en el país, afectando ya a seis millones de personas. Miles de hectáreas de tierra agrícola han sido arrasadas durante estos más de tres años de conflicto y la inflación se ha disparado por encima del 800%. “Dentro de Sudán del Sur, la situación de seguridad alimentaria y nutricional es precaria, la producción de alimentos y los mercados se han visto interrumpidos por el conflicto, reduciendo drásticamente la disponibilidad de alimentos”, señala una portavoz del Programa Mundial de Alimentos (WFP), Lydia Wamala.

Asimismo, la destrucción del sistema de atención primaria ha dejado al país vulnerable ante cualquier epidemia: desde abril más de 2.500 personas han fallecido por un brote de cólera que los especialistas humanitarios augura podría ser devastador. MSF, que ha abierto ya un centro en Pieri para tratar de hacer frente a la enfermedad y a la desnutrición, ha alertado de que la situación podría empeorar con la llegada de la época de lluvias.

“Sudan es un gran país, el problema es que con la guerra nuestra moneda está muy devaluada”. Comprar comida o medicinas resultad “demasiado caro”, resume la mujer que abandonó Yuba para refugiarse en Uganda. Y es que mientras la población se muere, la cohorte afin a los líderes de ambas facciones “se beneficia” del “saqueo a la riqueza del país”. Una investigación de la organización The Sentry, fundada por el actor George Clooney y el activista humanitario John Prendergast, reveló el pasado septiembre como importantes responsables de ambos grupos se están enriqueciendo con la guerra gracias a un oscuro entramado en el que participan bancos, traficantes de armas, multinacionales del petróleo y de la minería.

La política de puertas abiertas, al borde del colapso

A diferencia de otros muchos países del mundo donde los refugiados permanecen confinados en campos y no puede trabajar legalmente, Uganda ofrece a los refugiados la oportunidad de una nueva vida: les entregan un pequeño terreno para cultivar y levantar su vivienda, cuentan con libertad de movimientos y el derecho a trabajar, así como de acceder a los servicios básicos de educación primaria y asistencia médica. “El único problema”, señala uno de los trabajadores del equipo de asistencia, “es cuando se mueven sin permiso. Si quieren ir a Kampala o a otro lugar a ver a sus familiares pueden hacerlo, solo tienen que avisar a la Oficina del Primer Ministro (OMP, la entidad que se encarga de la gestión de los refugiados). Si se mueve sin ese permiso, el Gobierno no se va a hacer cargo de lo que pueda pasar”.

Simon caminó durante una semana junto a su mujer u madre hasta llegar a Uganda. Pablo L. Orosa

Quizás porque muchos en el país también tuvieron que huir cuando el drama de la guerra desangró el país durante los años 80, los ugandeses se muestran hospitalarios con los recién llegados. En las puertas de Impevi, a donde son trasladados todos los refugiados que llegan al norte del país antes de ser distribuidos a otras zonas, han proliferado los mercados y las pequeños comercios de ropa y calzado. Entre los recién llegados sólo hay palabras de agradecimiento. No obstante, en las últimas semanas han comenzado a abrirse pequeñas grietas de convivencia: algunos locales temen quedarse sin tierra y se quejan de que los refugiados reciban lotes de ayuda mientras sus campos se resquebrajan por la sequía. La tensión se ha traducido ya en violencia: “Han matado a varios -refugiados- en los caminos de alrededor”, comenta un joven también llegado de Yei.

Despreciados en otros países vecinos, como Kenia o República Democrática del Congo, los huidos de Sudán del Sur acaban masivamente en Uganda: el país acoge ya el 53% de todos los refugiados, pero su capacidad está al límite. Con el actual ritmo migratorio, es necesario un esfuerzo humanitario cifrado en 673 millones de dólares, pero los fondos actuales apenas cubren el 17%.

Como consecuencia, las raciones de algunos alimentos han tenido que ser reducidas y la extensión de la tierra entregada a los nuevos residentes minimizada. Actualmente, asegura Wamala, “el WFP cuenta con comida suficiente hasta julio, pero si no llegan más fondos en las próximas semanas en agosto pondríamos vernos obligados a introducir restricciones”.

Pese a la difícil situación, el Gobierno ugandés mantiene por ahora su compromiso de puertas abiertas. “Uganda mantiene las fronteras abiertas”, aseguró en abril el primer ministro, Ruhakana Rugunda. "Pero esta afluencia masiva sin precedentes está poniendo una presión enorme sobre nuestros servicios públicos e infraestructuras. Seguimos recibiendo a nuestros vecinos en su momento de necesidad, pero requerimos urgentemente que la comunidad internacional nos ayude puesto que la situación se hace cada vez más crítica".