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La Unión Europea tiene la oportunidad de acabar con los ‘minerales de sangre’ 

El parlamento Europeo legisla contra los  llamdos 'minerales de conflicto' y obliga a las empresas europeas a asegurarse de que las materias primas que importan no provegan de zonas en conflicto

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Un niño rompe rocas extraídas de una minería de cobalto en una mina de cobre y un pozo de cobalto en Lubumbashi el 23 de mayo de 2016. El precio del cobre ha caído fuertemente, afectando directamente a los trabajadores de la ciudad. JUNIOR KANNAH / AFP

El Parlamento Europeo vota este jueves un marco regulatorio que prevé obligar a las empresas importadoras y procesadoras de minerales a que comprueben el origen de éstos, para evitar que provengan de zonas en conflicto, evitando así su financiación y la complicidad en violaciones de derechos humanos.

La legislación, que comenzó a negociarse en marzo de 2014, será previsiblemente aprobada por una amplia mayoría de los eurodiputados, ante las reticencias de algunas oenegés que la consideran insuficiente y en medio de la polémica por la posible retirada de un marco similar por parte de la administración Trump.

¿Qué son los 'minerales de sangre'?

Se conoce como 'minerales de sangre' o 'minerales de conflicto' a las materias primas extraídas de zonas de guerra por los propios grupos armados o cuyo comercio repercute directamente en la financiación de los mismos.

Un comercio entorno al cuál se producen innumerables violaciones de derechos humanos.El africano es uno de los continentes más afectados por este fenómeno. El caso más conocido es el de República Democrática del Congo (RDC), aunque toda la región de los Grandes Lagos sufre conflictos relacionados con la extracción de minerales en mayor o menor medida.

La RDC vive sumida en un largo conflicto con raíces políticas, que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas, agravado por el comercio de minerales de sangre, extraídos de minas explotadas por militares y grupos armados.

Su riqueza en diamantes, coltán, del que se extraen la colombina y el tántalo, o metales preciosos como el oro, lejos de convertirse en una fuente de ingresos ha abocado a esta guerra al olvido pero también a su explotación económica por otros países de la región como Ruanda o Uganda, además de las empresas occidentales. Países que se benefician de la desestabilización del país para lucrarse con el tráfico de minerales y metales preciosos.

¿Por qué son tan importantes estos minerales?

La importancia del oro es de sobra conocida pero, ¿qué es y por qué es tan codiciado el coltán? Del coltán, una piedra negruzca, se extra el tántalo. Este mineral es un material altamente conductor y resistente a altas temperaturas que desde hace años se usa para fabricar baterías, microprocesadores, lentes o, en aleación, acero quirúrgico.

El tántaloes un componente básico en la fabricación de numerosos aparatos electrónicos y particularmente conocido por su uso en la fabricación de smartphones.

Se cree que el 80% de las reservas de este mineral se encuentran en el Congo. Su extracción está directamente relacionada con numerosas violaciones de derechos humanos y la financiación de conflictos en la región.

¿Qué supone la aprobación de esta legislación?

Con esta legislación, la UE obliga a las empresas que importen y procesen este tipo de minerales –en concreto estaño, tántalo, wolframio y oro- a responsabilizarse del origen de los mismos. Es decir, las empresas europeas serían responsables jurídicamente de importar y utilizar en su producción minerales que vengan de zonas de conflicto o cuyo comercio contribuya a la proliferación y prolongación de éstos.

En un primer momento, la Comisión Europea presentó un marco voluntario. El Parlamento exigió ir un paso más allá, pidió que la comprobación de la “limpieza” de estos minerales fuera obligatoria. Y lo logró.

Serán los Estados miembros quienes se encarguen de asegurar que las empresas cumplen con la regulación y también de imponer sanciones en caso contrario, aunque bajo la supervisión de la Comisión.

Además, el marco no se limita exclusivamente a la República Democrática del Congo y la zona de los Grandes Lagos, como ocurre con otras legislaciones similares, sino que alude a cualquier “zona de conflicto o alto riesgo”.

Quedan excluidos sin embargo los pequeños importadores, por entender la UE que supondría para ellos una carga administrativa excesiva, así como los metales reciclados y los productos procesados.

Esta regulación se enmarca en las ‘Directrices sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales’ que la OCDE aprobó en 2010 al respecto. La Comisión tendrá que revisar la aplicación de la misma e informar al Parlamento y el Consejo de su funcionamiento cada tres años.

¿Es la mejor legislación posible?

Amnistía Internacional celebra la decisión de la Unión Europea de establecer una legislación ambiciosa para evitar que los minerales que lleguen a Europa no alimenten la violencia y las violaciones de derechos humanos.

Nele Meyer, Directora Ejecutiva de Negocios y Derechos Humanos de Amnistía Internacional advierte de que “el papel de Europa en la limpieza del comercio de minerales de conflicto es ahora más importante que nunca ".

Para Amnistía, aunque esta directiva es muy importante, deja fuera muchas compañías además de los productos ya manufacturados, para cuya fabricación ha podido hacerse uso de estos minerales.

Para la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero este reglamento es “un claro ejemplo de que la política comercial de la Unión Europea actúa en defensa de los derechos humanos”, aunque ha insistido en la necesidad de “garantizar su efectividad con unas buenas medidas de acompañamiento”.

Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, se ha mostrado decepcionada por el resultado de más de dos años de negociación pues considera que el texto “se queda a medias, no soluciona el problema de raíz” y no sirve sino de “parche a las conciencias”.

Votará sin embargo a favor mañana “con el alma rota” porque considera que esta regulación es mejor que nada pero advierte que volverán “para pedirlo todo”.

La votación del texto llega apenas unas semanas después de que el presidente Donald Trump sopesara suspender e incluso retirar mediante una orden ejecutiva la ley Dodd-Franck, una legislación muy similar aprobada por Estados Unidos en 2010.