Publicado: 05.12.2015 09:53 |Actualizado: 05.12.2015 09:56

La vendetta contra Rousseff

El presidente del Congreso, Eudardo Cunha, ha cumplido su amenaza y ha aceptado la petición de 'impeachment' contra la presidenta de Brasil. Las dudas sobre la legalidad de este proceso que diversos diputados han calificado de “venganza” y “golpe político” deja abierto el futuro de un país en recesión y con una fuerte polarización social.

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La presidenta de Brasil y candidata a la reelección, Dilma Rouseff.

La presidenta de Brasil y candidata a la reelección, Dilma Rouseff.

SAO PAULO.- La amenaza sobre un posible proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff ha sido el as en la manga de la oposición brasileña durante los últimos doce meses. Paradójicamente el mayor enemigo de la mandataria no fue el Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), principal partido de oposición con el que se jugó el segundo turno electoral, sino los líderes del Congreso (Renan Calheiros en el Senado y Eduardo Cunha en la Cámara) ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB ), sigla que en teoría pertenecería a la base aliada del Gobierno.

A lo largo de este año Rousseff ha gobernado con este fantasma sobre sus espaldas y ha cedido ante las imposiciones del Legislativo para evitar que su peor pesadilla se cumpliera. El PMDB se ha quedado con los principales ministerios. Carteras míticas del PT como la de Sanidad, pasaron a manos de esta sigla conocida por sus vinculaciones con las grandes empresas y por su escaso interés por lo público. En aras de la ansiada gobernabilidad, Rousseff dio un fuerte giro a la derecha que provocó la indignación del electorado petista y de gran parte de la izquierda brasileña.



Sus concesiones no han evitado que el pasado miércoles el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, anunciara que aceptaba dar inicio a la petición de impeachment. La decisión la tomó el mismo día que el Partido de los Trabajadores (PT) votaba a favor de un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara Baja que podría destituirle del cargo por unas cuentas en Suiza no declaradas y con valores millonarios, que tendrían origen en el escándalo de desvío de dinero de Petrobras.

En las últimas semanas se especulaba sobre si Rousseff haría una nueva concesión pidiendo a sus colegas de partido que no votaran contra Cunha y evitar que él se vengara con un impeachment. Desde Brasilia llegaban rumores de un PT dividido. Por un lado los que estaban a favor de ayudar a Cunha a cambio de mantener en el gobierno de la presidenta, y otro, que vendría del ala lulista, que optaba por no someterse a más chantajes.

La noticia del miércoles fue definida por gran parte de los medios como una “actitud de venganza”. Según el periodista Luis Nassif, “Cunha no podía haber elegido peor momento” ya que sus escándalos de corrupción le han dejado “la credibilidad por los suelos”. Sin embargo, la que parece haber salido fortalecida es la propia presidenta que, poco dada a comunicarse con la sociedad, no tardó en salir en directo en la televisión nacional para explicar su postura. Hizo un discurso corto y contundente en el que aseguró “estar tranquila y confiar en las instituciones” y aprovechó para mandar algún mensaje a su verdugo: “Yo no tengo cuentas en el exterior. No he cometido ningún acto ilícito, y no existe ninguna sospecha de desvío de fondos públicos".

Un juicio polémico

Entre las 28 peticiones de impeachment que tenía en su escritorio, Cunha decidió escoger el del grupo de abogados de Helio Bicudo, Janaina Paschoal y Miguel Reale Júnior por ser “el que tenía más posibilidades de prosperar”. El pasado mes de septiembre el propio Cunha aconsejó al grupo de juristas que debían proponer argumentos más sólidos y centrarse en los delitos perpetuados en el actual mandato: “Sólo así habría oportunidades de seguir adelante”, dijo el jefe de la Cámara.

Hace un mes este equipo de juristas presentó una nueva petición nuevo en el que nombraban los escándalos de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, por los que hasta el momento Dilma Rousseff no ha sido acusada. A su vez denunciaban que la presidenta habría llevado a cabo maniobras fiscales irregulares con el fin de ajustar las cuentas de su Gobierno en 2015. Según los datos presentados en el escrito, Rousseff habría gastado más dinero del que podía “vulnerando la ley de directrices presupuestarias” lo que daría cabida para entrar con un proceso de destitución.

El mismo día que Cunha anunciaba la aprobación de la petición de impeachment, el Congreso votó a favor de ampliar la meta fiscal de este año. Las cuentas que antes no cerraban, ahora entrarían dentro del nuevo presupuesto. El ex ministro del Tribunal Supremo Federal, Joaquim Barbosa, declaró a Globo News “no ver condiciones para el impeachment” y alertó sobre las “consecuencias traumáticas” que podía traer al país. El jurista Dalmo Dallari se declaró “sorprendido” y aseguró que no había “consistencia jurídica” para tal petición. El ex ministro de Educación, Cido Gomes, fue más allá y declaró: “No aceptaremos que un jefe de cuadrilla procesado por corrupción lleve al país a una ruptura democrática. No aceptaremos el golpe”.

Aécio Neves, líder del PSDB, no quiso implicarse demasiado y dijo que no tenía cómo evaluar si la actitud de Eduardo Cunha era o no una venganza: “Creo que tenía muchas peticiones sobre la mesa y decidió el que era más oportuno”, dijo en rueda de prensa. El que no tuvo pelos en la lengua fue la figura más carismática de este partido, el ex presidente, Fernando Henrique Cardoso: “El impeachment es lo que quieren los mercados internacionales, sólo hay que ver lo bien que ha reaccionado la economía tras conocer la propuesta”. El partido de la ex candidata Marina Silva, Rede Sustentabilidade, se declaró en contra: “Con los datos que se han presentado hasta el momento no vemos hechos suficientes para llevar a cabo un impeachment”, dijo Silva.

Futuro incierto

Nadie se atreve a vaticinar cuál será el resultado. La destitución de la presidenta solo se produciría con el apoyo de dos tercios de la Cámara, un total de 342 diputados. El PT necesitaría tener al menos 171 votos que ayuden a archivar la petición. La gran duda es hacia dónde irán los votos del PMDB, partido que en la teoría es aliado del Gobierno y líder del Congreso, pero a su vez también la sigla de Eduardo Cunha. Si en la Cámara saliera adelante la destitución, después sería el Senado quien tendría que llevar a cabo la votación definitiva, y para ello también se necesitarían dos tercios de los senadores. Aquí el PMDB volvería a ser clave.

Este proceso puede llegar a durar hasta seis meses. Para el PT sería más conveniente que las fechas se acortaran ya que se presupone que a medida que se entre en 2016, la situación económica del país podría empeorar y el clima en las calles ser más favorable a una destitución. Según el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo Wagner Iglecias, “la única posibilidad que tiene Dilma de salir adelante es con el apoyo de los movimientos sociales”. Iglecias cree que “puede ser una oportunidad para que Dilma vuelva a la izquierda y refunde su Gobierno con la gente que realmente la ayudó a ganar las pasadas elecciones”, explica a Público.

Sin embargo, el profesor también se muestra preocupado en relación a lo que pueda suceder en las calles. Desde hace un año, el clima político se ha polarizado hasta el punto de producirse diversas agresiones hacia personas afines al Partido de los Trabajadores: “Este proceso va a crear muchas movilizaciones tanto a favor como en contra y no descarto que el clima de violencia pueda ser parecido al que tenemos ahora en Venezuela”, señaló Iglecias.