CARACAS.- El Gobierno de Venezuela ha decretado este viernes el "estado de emergencia económica" en todo el territorio nacional por un periodo 60 días, según ha publicado la Gaceta Oficial.  La medida se ha puesto en marcha para, según el Ejecutivo venezolano, proteger los derechos sociales de los venezolanos y hacer frente a la "guerra económica" que supuestamente sufre el país caribeño orquestada desde sectores de la derecha nacional e internacional.

El decreto está recogido en el artículo 338 de la Constitución de Venezuela, que señala que la medida puede instaurarse cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. El plazo de 60 días puede ser prorrogado por un plazo igual, según la Carta Magna. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tendrá hasta ocho días para vetar o ratificar el estado de excepción. Igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto.

"Queremos reafirmar la confianza del pueblo en el Gobierno revolucionario, este es un Gobierno del pueblo para el pueblo que se debe al pueblo y trabajamos para proteger al pueblo"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado desde su llegada al poder, en 2013, la existencia de un plan internacional para asfixiar económicamente a Venezuela y provocar así la caída de su Gobierno. También ha denunciado maniobras en el mercado de los hidrocarburos y métodos de producción del crudo en Estados Unidos, como el de fracturación hidráulica, que afecta a países petroleros como Irán, Rusia y Venezuela. Venezuela sufre desde hace años una crisis económica, agravada, precisamente, por la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, que ha disparado la inflación.

Ente las prerrogativas que otorga el decreto puesto en marcha están la agilización de la burocracia estatal para expandir las compras estatales ─"bienes o insumos indispensables para el abastecimiento, la reactivación productiva o el aumento de la capacidad tecnológica"─ en un país que importa la gran mayoría de bienes que consume. "Queremos reafirmar la confianza del pueblo venezolano en el Gobierno revolucionario, este es un Gobierno del pueblo para el pueblo que se debe al pueblo y trabajamos para proteger al pueblo", dijo el ministro de Economía Productiva, Luis Salas, al leer el decreto.

"Asegurar a la población el pleno disfrute de sus derechos"

Esa atribución se le concede al Gobierno para "asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales", afirmó Salas, que defendió que el secreto sirve para "mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, del sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros".

La medida concede al Gobierno la facultad de adoptar medidas para "disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015" para sufragar la inversión que "asegure la continuidad de las misiones sociales, el abastecimiento de alimentos y otros recursos esenciales para la vida". Asimismo, permite al Ejecutivo asignar recursos extraordinarios, tanto previstos como no, "para optimizar la atención en sectores como salud, educación, alimento y vivienda, que podrán ser ejecutados a través de las misiones".

También le faculta para "diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión y la reducción fiscal" o "dispensar de la modalidad del régimen de contrataciones públicas en determinados sectores a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia". Además podrá "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios para el disfrute pleno de sus derechos".