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Washington lleva la ley de Arizona al Tribunal Supremo

Justicia alega que sólo el Gobierno federal tiene competencias en materia de inmigración

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El Departamento de Justicia de EEUU ha decidido finalmente denunciar ante los tribunales la ley contra los inmigrantes ilegales aprobada por el estado de Arizona en abril y que entrará en vigor el próximo día 29 argumentando que sólo el Gobierno federal tiene jurisdicción en temas migratorios y que la medida discrimina a los latinos.

El Gobierno ha tardado lo suyo en decidirse, no del todo convencido del poder de sus argumentos legales, y temeroso de atacar una ley que ha sido bien recibida, no sólo en Arizona, sino también, según parecían indicar los sondeos, en el resto del país.

La demanda pide que se aplace la entrada en vigor de la normativa hasta que se aclare el asunto y reafirma que, según la Constitución, las leyes federales tienen preeminencia sobre las estatales.

La ley criminaliza la presencia de indocumentados

La ley, aprobada por la gobernadora Jan Bewer, criminaliza la presencia de indocumentados y otorga funciones migratorias a las policías locales. Permite incluso que un ciudadano o una municipalidad puedan denunciar a sus propios sheriffs si estiman que no cumplen la ley a rajatabla.

La parte más polémica de la iniciativa autoriza a las fuerzas del orden de Arizona a pedir la documentación de cualquier persona si existe 'sospecha razonable' de que se encuentra en el territorio de forma clandestina. Washington estima que la cláusula autoriza 'la discriminación racial', en particular contra la comunidad hispana.

La secretaria de Seguridad Interior y ex gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, y el secretario de Justicia, Eric Holder, tenían previsto formalizar el anuncio. Barack Obama anticipó la ofensiva legal el pasado jueves en un amplio discurso sobre inmigración en el que atacó directamente la ley de Arizona.

Obama calificó la medida de 'errónea' 

El presidente estadounidense dijo entender 'el nivel de frustración' del Estado fronterizo más permeable a los ilegales (se calcula que en Arizona viven algo menos de 500.000 indocumentados), pero calificó la medida de 'errónea' y añadió que la ley metía 'mucha presión a las fuerzas del orden' y suponía 'una carga enorme' para los maltrechos presupuestos locales.

La iniciativa de Arizona ya tiene pendiente otras demandas, presentadas por varias organizaciones prodrechos civiles y asociaciones hispanas, pero de momento nada parece apuntar a que vaya a suspenderse antes del próximo día 29, cuando está previsto que entre en vigor. En todo caso, será un juez de Arizona el que deba tomar la decisión.