Opinión
Publicado:  24.12.2014 14:46 | Actualizado:  27.12.2014 08:00
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Igualdad en el documento Navarro-Torres

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Patricia Merino
Master en estudios feministas por la UCM y miembro de econoNuestra


El documento económico de Navarro y Torres para Podemos dedica una parte importante de sus propuestas al ámbito de la igualdad de género. Muchas expertas alertan de que la crisis se puede saldar con una regresión en este campo; y con el fin de evitarlo y avanzar en igualdad, el documento propone como ejes de actuación el empleo y la extensión del Estado de bienestar.

Efectivamente, si queremos avanzar en igualdad de género y también de clase, es imprescindible hacer realidad ese ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar que equipare nuestro raquítico sistema de prestaciones en lo relativo a los cuidados con los de los estados socialmente avanzados. Pero llama la atención que en las propuestas para la igualdad de Navarro y Torres no se mencionen las prestaciones monetarias ligadas a la crianza que es precisamente el aspecto en el que se produce el enorme desfase entre España y Europa: en la EU-28 estas prestaciones representan un 1,4% del PIB de media, frente al 0,5% en España; el agravio es mayor si tenemos en cuenta que el total de las prestaciones monetarias directas en España es del 17,1% del PIB, no lejos de la media europea del 18%.

El documento propone la universalización de la atención a la dependencia y de los servicios de cuidados para menores de 0 a 6 años. El hecho es que en lo tocante a educación de 0-6 años, la situación en España es cercana a la de los países más avanzados. En el informe de la Comisión Europea Barcelona Objectives que analiza la situación en lo relativo a la escolarización temprana y los avances hacia su universalización, España estaba en 2010 por encima de la media europea en lo relativo a escolarización de niños tanto en la etapa 0-¬3 como en la 3-6, estando entre los 10 países que habían cumplido estos dos objetivos, y con niveles cercanos a Francia y a Suecia para el tramo de 3 a 6. Este dato resulta llamativo si lo contrastamos con el hecho de que nuestra inversión en políticas familiares/infancia está entre las más bajas de la UE y nuestra tasa de pobreza infantil es la más alta después de Bulgaria y Rumanía.

El proyecto de igualdad de género en el citado documento está basado íntegramente en la incorporación de todas las personas españolas al empleo a tiempo completo y de calidad, para poder así gozar de plenos derechos sociales, una pensión decente y una inserción social que empodere a las mujeres y mejore su poder de negociación en la pareja y en la sociedad. Obviamente esta vía solo va a ser posible en el marco del pleno empleo, que será el objetivo prioritario del gobierno

Las vidas monolíticas, sólidas como rocas, y henchidas de seguridad quizá sean algo que debamos comenzar a contemplar como un modelo del pasado.

Posiblemente, la reducción de la jornada laboral, la eliminación de las horas extras, la muy necesaria extensión y mejora cualitativa de nuestro estado de bienestar y la implementación de políticas de sostenibilidad medioambiental serán capaces de generar empleo. Sin embargo, este proceso sin duda va a ser largo, y para que dé los frutos deseados debe ir paralelo a un profundo cambio estructural y cultural de la sociedad española; además, ese nuevo contrato social futuro, en su versión más positiva, posiblemente conciba el empleo de manera diferente a cómo lo entendemos ahora. Por eso, confiar la garantía de igualdad de las mujeres españolas hoy únicamente al sueño del pleno empleo de calidad resulta poco empático con la realidad de millones de mujeres (muchas de ellas con empleo), y posterga el acceso a los recursos para la igualdad a un futuro tan incierto que resulta cruel.

El pleno empleo nunca se ha dado en España, ni siquiera en tiempos en los que un gran número de mujeres no estaban contabilizadas en la población activa. Entre los años 1978 y 2013, la tasa de paro en España superó el 15% en 23 años, mientras que en la mayoría de los países de la OCDE esta tasa no se ha superó nunca en ese periodo, tan sólo en 8 países se superó en algunos años: en Portugal y Grecia en 2 años, en Polonia en 6 años y un máximo (aparte de España) de 8 años en Irlanda.

No parece que ahora, que el pleno empleo ya no es una tendencia ni siquiera en países que han gozado de tasas de empleo mucho más saneadas que la nuestra, podamos cifrar en éste todas las expectativas de recursos para la igualdad de las personas en general y de las mujeres en particular. La desmercantilización de los derechos sociales debe ser un objetivo de cualquier proyecto redistributivo actual. Ulrich Beck define la sociedad actual como sociedad del riesgo, y describe unas pautas laborales que se caracterizan por la inseguridad y la temporalidad. Las vidas monolíticas, sólidas como rocas, y henchidas de seguridad quizá sean algo que debamos comenzar a contemplar como un modelo del pasado. Para los españoles puede ser un reto aún más duro, pues tenemos tendencia al inmovilismo: la misma ciudad, el mismo empleo, la misma pareja, los mismos amigos… para toda la vida.

Parece prudente pensar en un futuro (y ya mismo) en el que habrá que contar con una mayor diversidad de recursos para todas y todos (que procedan tanto del mercado, como del estado, como de la comunidad) para lidiar con la inseguridad estructural. Insistir en que el empleo sea la única fuente posible de derechos y de estabilidad es apegarse a un mundo que no sabemos si volverá; pero además, ignora, invisibiliza, subestima y desvaloriza (como siempre ha hecho el patriarcado) los trabajos reproductivos, y amenaza con perpetuar un sistema injusto en el que, de hecho, el trabajo decente se convierta definitivamente en el privilegio de una casta dirigente.

Los permisos para el padre y la madre,iguales e intransferibles, solo existen actualmente en un solo país del mundo: Islandia, donde el padre y la madre disfrutan de cinco meses 

Todos necesitamos algo de estabilidad y seguridad, pero es durante el periodo de la crianza de las niñas y los niños (y otras situaciones de vulnerabilidad) cuando esta necesidad es crítica. Mientras vemos cuál es el mundo que llega, es necesario diseñar recursos que cubran las situaciones de vulnerabilidad si realmente queremos apuntar en la dirección de la igualdad y la sostenibilidad.

En el documento de Navarro y Torres hay una mención a las prestaciones universales por menores dentro del apartado dedicado a un pacto estatal contra la exclusión social. Contemplar las ayudas monetarias a la crianza como un recurso para quienes no han sabido “triunfar” o insertarse adecuadamente en el mercado laboral supone una visión poco realista de las dinámicas del capitalismo actual. Pero no es solo una cuestión de puntos de vista: la prestación por menor a cargo es, en la Europa avanzada, una prestación básica universal establecida hace décadas como política social básica, y concebida como derecho ciudadano. Su implementación en España mejoraría inmediatamente las vidas de las mujeres españolas reales, de los niños y de los hombres. El valor redistributivo de esta medida está sobradamente establecido, y su coste sería menos de la décima parte del coste actual de las pensiones (La infancia en España 2014, UNICEF).

Al tratar la desigualdad de género es igual de pertinente abordar cuestiones como la inserción laboral y la brecha salarial, como la feminización de la pobreza, la pobreza infantil, y el valor social del trabajo reproductivo. No hay discontinuidad entre estas desigualdades desde un punto de vista de género, aunque obviamente sí que la hay desde el punto de vista de la estratificación social: es un hecho que el acceso de las mujeres al empleo decente tiene en España un claro componente de clase. Encarar la igualdad de género escindiendo artificialmente en dos categorías las desigualdades: por un lado, las relativas a la igualdad en el empleo, y por otro, las relativas al reparto de recursos y la precarización de la crianza, crea una brecha profunda y brutal ente las mujeres reales, una brecha que sólo puede crear división.

Como medida avanzada para resolver la crisis de los cuidados, el documento propone la implementación de los permisos iguales e intransferibles. Esta medida de conciliación solo existe actualmente en un solo país del mundo: Islandia, donde el padre y la madre disfrutan de cinco meses intransferibles y dos meses transferibles desde 2012. Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania tienen permisos parentales remunerados de en torno a los 12 meses transferibles (con un mínimo de semanas intransferibles tanto para la madre como para el padre), es decir, que el bebé, la madre, y el padre pueden disfrutar de un largo permiso y organizarlo según sus preferencias y conveniencias. En la medida propuesta por Navarro y Torres los permisos son intransferibles. Es decir, de obligado cumplimiento para ambos. Si se equiparara el actual permiso de 16 semanas a los padres, supondría una extensión del permiso de hasta 8 meses, pero no daría la opción, a las madres españolas que lo desearan, de criar a su bebé seis, ocho o doce meses a los que sí que pueden optar las suecas, alemanas o danesas, puesto que al cabo de las 16 semanas estarían obligadas a reincorporarse, suspender una lactancia sensata y el padre tomaría el relevo tanto si lo desea como si no.

sobre la realidad socioeconómica y sobre el feminismo, planea como ave acechante el debate sobre la maternidad, un debate que el feminismo no ha abordado seriamente en España, y que se ha evitado e invisibilizado.

La paternidad afectiva y responsable es parte de la sociedad sostenible a la que aspiramos, y sin duda es importante ampliar significativamente el permiso paterno intransferible. Todo apunta a que cada vez habrá más padres que asuman la corresponsabilidad en la crianza y en las tareas domésticas, pero la cuestión del reparto del permiso parental está ligado a cuál es la duración de éste, a cuáles son las etapas de desarrollo del bebé y sus necesidades, y a las pautas culturales de las sociedades y de las personas concretas en lo relativo al cuidado.

Un permiso transferible permite que el padre tome los meses que quiera y que acuerde con su compañera. Pero el deseo de cuidar un bebé no es algo que se pueda otorgar por decreto, es algo que solo puede nacer del deseo personal y de un profundo cambio cultural. Sin duda, la sociedad española ha evolucionado, pero en una política que va a regular algo tan delicado como la vida de los recién nacidos no se puede pecar de ingenuidad, es crucial ser realista con el tejido social. No creo que exista la garantía total de que todos los padres, incluidos aquellos que no sienten deseos de cuidar y se ven forzados a hacerlo, vayan a atender adecuadamente al bebé. Aunque el riesgo de maltrato o desatención de los bebés se incrementara tan solo en un 5% me parecería suficiente para cuestionar seriamente esta medida.

El Parlamento europeo aprobó en 2010 una directiva para ampliar los permisos de maternidad en la UE hasta al menos 20 semanas. La directiva –cuyo debate en la Comisión lleva cuatro años pospuesto– fue apoyada por partidos de todo el espectro político, y también incluía la ampliación de los permisos paternos, pero no defiende los permisos iguales e intransferibles.

El problema de fondo de los permisos iguales e intransferibles tal y como hoy se plantean es uno de criterio: se trata de una política cuyo objetivo es garantizar la competitividad y empleabilidad femenina en el mercado laboral, y por lo tanto, toma como criterio prioritario para diseñar la articulación social de la maternidad y la crianza, la dinámica del mercado laboral. No se trata, desde luego, de una política que ponga en el centro la vida ni el bienestar de las personas (al menos el del bebé), y tampoco tiene en cuenta el deseo mayoritario de las madres cuya principal demanda es la prolongación del permiso parental remunerado. Cristina Carrasco, en su libro Tiempos, trabajos, y flexibilidad: una cuestión de género, presenta un estudio cualitativo a base de entrevistas en profundidad a mujeres con empleo, y en lo relativo a los permisos de maternidad concluye: “La reclamación más fuerte y directa en este punto la hacen las mujeres, y guarda relación con sus experiencias vitales. Prácticamente todas aquellas que han sido madres hacen referencia a la incorporación al puesto de trabajo tras la conclusión del periodo de baja maternal como una experiencia muy traumática”. En la encuesta realizada a lo largo del año 2010 a mujeres europeas por el Mouvement Mondial des Mères, los resultados apuntaban a que durante los primeros 12 meses de vida del bebé, el 80% de las madres prefieren cuidar a tiempo completo; entre 12 meses y 3 años, el 50% de las madres prefiere trabajo a tiempo parcial; y entre 4 y 6 años el 80% prefiere trabajo a tiempo parcial.

Es significativa la escasez de encuestas y estudios sobre las preferencias de las madres. No parece que se confíe en la opinión de las madres como colectivo digno de tener en cuenta. A la hora de opinar sobre maternidad y crianza parece tener más peso la formación y aspiraciones de una mujer (sea madre o no) que la experiencia de ésta en la materia. Este criterio descalificador no es correlativo al que se aplica cuando valoramos, por ejemplo, la importancia de escuchar la opinión de un minero para valorar las características del trabajo en la mina. La descalificación intelectual de las madres, es, de hecho, una operación simbólica clásica del patriarcado.

Otro problema de criterio de esta medida es el hecho de que cifra todo el peso de la conciliación, y por lo tanto, de la autonomía de las mujeres, en la presencia, colaboración, “protección” y corresponsabilidad del varón. En este planteamiento subyace una idea tradicional y escasamente empírica de las circunstancias en las que se dan la maternidad y la crianza en una sociedad moderna, puesto que asume apriorísticamente que se van a realizar en todos los casos, y en todo momento, con la presencia y la implicación total de la madre y del padre. La realidad muestra que la crianza de niños y niñas se da hoy en circunstancias variadas que incluyen las familias monoparentales y las familias reconstituidas. Los países escandinavos hace décadas que contemplan en sus políticas familiares estas vicisitudes de la vida, y entienden que las políticas sociales deben cubrir de manera especial este tipo de circunstancias, a menudo transitorias.

En el documento de Navarro y Torres se menciona a las familias monoparentales de nuevo en el apartado dedicado a la exclusión social. Una primera observación es que la monoparentalidad masculina, a diferencia de la femenina, no suele tener este riesgo. Pero mucho más preocupante desde un punto de vista de género es colocar la precariedad de las familias encabezadas por mujeres, que es un hecho socioeconómico estructural patriarcal, como un problema de marginalidad social. La posibilidad social y económica de la monomarentalidad debiera ser una premisa básica de cualquier política de igualdad de género. Desde el momento en que existe el divorcio en una sociedad, la monoparentalidad no debiera de ser tratada como una anomalía social, si no como un requisito básico de cualquier sociedad igualitaria, un requisito sin el cual la violencia de género no podrá ser erradicada.

Obviamente sobre todas estas cuestiones, y sobre el feminismo de hoy, planea como ave acechante el debate sobre la maternidad, un debate que el feminismo no ha abordado seriamente en España, y que por ahora solo se ha evitado e invisibilizado. No es cuestión para tratar aquí, pero la igualación y equivalencia total de paternidad y maternidad que se pretende hacer desde algunos foros va a tener dificultades para encontrar argumentos sólidos en la Biología, la Psicología, la Antropología y la Medicina, por más que haya quien afirme que gestación y lactancia son cultura.

Las mujeres hoy son libres de elegir su maternidad. Pero al igual que el aborto libre, que debe ser un derecho básico de las mujeres en cualquier país civilizado, no atenta en contra de aquellas que no desean abortar, el modo en que una mujer desee llevar a cabo la crianza de su hija debe ser también un derecho básico de las mujeres, puesto que la maternidad, aunque el feminismo raramente lo afirme, es parte constitutiva de la sexualidad femenina y de sus posibilidades existenciales básicas.

La actual crisis es profunda y sistémica. Es probable que la salida en positivo solo sea posible con propuestas capaces de esbozar un orden social radicalmente nuevo, capaz de renunciar a los mecanismos y las premisas más salvajes, irracionales e insostenibles del capitalismo. Las mujeres no queremos perder un ápice del terreno ganado en emancipación y auto respeto en las últimas décadas. Pero es precisamente en tiempos de crisis cuando es crucial enfilar en la dirección correcta. No es la maternidad en sí lo que constituye un impedimento para la emancipación y la realización personal de las mujeres, si no el encaje que ésta tiene en las estructuras capitalistas y patriarcales.

La manera en que diseñemos este encaje en el futuro será determinante del rol social y del grado de libertad de las mujeres, y también de la armonía y la equidad de toda la sociedad.

Biografía
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