Rajoy ya dijo, cuando anunció desde Australia su intención de visitar Catalunya, que quería 'explicarse mejor ante los catalanes'. Y no ha dejado ni sombra de duda. En su primer acto de presencia en Barcelona después del 9-N ha demostrado que no se mueve ni un ápice y que no está dispuesto a dialogar sobre nada que pueda significar reconocimiento de Catalunya a decidir sobre su futuro.

Probablemente lo que ha conseguido con su mejor explicación es que aumente algo más el número de 'senyeres estelades' en los balcones y calles de las poblaciones catalanas. No tiene prevista ninguna iniciativa o propuesta para responder al clamor popular que se expresa cotidianamente en ciudades y pueblos, que se vuelve multitudinario en las manifestaciones que tienen lugar desde verano de 2010 y que se autoafirmó de manera más evidente en el 'proceso participativo' del pasado 9 de noviembre.

A los dirigentes del PP, un tercio de la población catalana, que no del censo, les parece poca gente. La participación de más dos millones trescientas cuarenta mil personas no merece otra consideración por parte del Gobierno que la de un acto ilegal. 'Ha sido una ilegalidad y punto', dijo Rajoy. Él y su partido valoran como un fracaso la respuesta popular al llamamiento a participar en la jornada del 9-N. 2.345.144 personas 'infringieron la ley' y les parecen pocas.

Rajoy y sus compañeros de gobierno y de partido prefieren pasar por alto el peso de una movilización históricamente insólita e imaginar la existencia en Catalunya de una mayoría decididamente contraria a la independencia. Una 'mayoría', silenciosa eso sí, como en los viejos tiempos, que no acudió a las urnas el pasado 9-N, entre otros motivos porque el llamamiento fue declarado ilegal. Los que niegan al pueblo catalán su condición de sujeto político soberano se otorgan de alguna manera a sí mismos la representación de esa 'mayoría', pero hasta el momento no han conseguido hacer oír su voz en las calles más que con la congregación de un número de personas poco significativo, sobre todo en comparación con las cifras logradas por el independentismo.

2.345.144 personas 'infringieron la ley' y les parecen pocas

El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó la ley de consultas aprobada por el Parlament de Catalunya, recurrió dos veces más al Tribunal Constitucional para conseguir que 'ilegalizara' las iniciativas de la Generalitat. El PP quiso además ridiculizar la consulta, al tiempo que su presidenta en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, anunciaba por su cuenta y riesgo las actuaciones que poco más tarde realizó la 'independiente y autónoma' Fiscalía en contra de Artur Mas y otros gobernantes implicados en el proceso participativo.

Amenazaron con identificaciones, expedientes, suspensiones y sanciones. Impidieron que la ciudadanía fuera convocada de acuerdo con el decreto de la Generalitat, para luego •'denunciar' que el proceso participativo se realizaría sin las 'necesarias garantías democráticas'. Llegaron a calificar de 'pucherazo' aquella particular convocatoria. Aseguraron que se trataba de un 'ejercicio antidemocrático inútil', un 'simulacro estéril', una 'farsa', que no tendría efecto jurídico alguno, que no era un referéndum, ni consulta 'ni nada que se le pareciera'. Y aún así, a pesar de todas estas advertencias y amenazas, realizadas desde el Gobierno y desde las direcciones de los partidos contrarios a la soberanía catalana, cuarenta mil voluntarios garantizaron la apertura y funcionamiento de 6.695 mesas de participación y más de dos millones de ciudadanos acudieron a inscribirse en esos lugares, para poder expresar a continuación su deseo sobre el futuro de las relaciones de Catalunya con España.

Un 'fracaso' dice Rajoy, porque una parte importante de la población catalana 'no quiso participar'. Habrá que suponer que el PP considera también fracasada la última convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo. En Catalunya votaron 2.531.000 personas sobre un censo de 5.300.000. Unos 200.000 ciudadanos más que el 9-N, a pesar de que obviamente en esas elecciones de mayo pasado todas las instituciones y prácticamente todas las fuerzas políticas llamaron a la participación, que valoraron posteriormente como excepcionalmente alta.

Algunos dirán que el Parlamento Europeo interesa a poca gente y que queda lejos. Acerquémonos pues. En las pasadas elecciones al Parlament de hace dos años votaron 3.668.310 personas. Un millón trescientas mil personas más que en el 9-N, que son muchas, sobre todo si se tiene en cuenta que en aquellas elecciones del 2012, la suma de todos los votos obtenidos por fuerzas contrarias al derecho a decidir apenas sobrepasó la cifra de 800.000.

Parece poco sostenible la actitud de gobernantes que se niegan a hablar de una realidad, constatada formalmente por el Parlament de Catalunya y, cómo no, recurrida ante el Tribunal Constitucional, que es la consideración de Catalunya como sujeto político soberano.

E irresponsable parece la de personalidades como el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que advierten, sin que nadie les llame al orden, sobre el 'riesgo de que la frustración independentista degenere en violencia'. Pasa por alto este ex - gobernador civil de Barcelona, que las cinco movilizaciones masivas, que han puesto de manifiesto el auge del soberanismo catalán, tuvieron lugar todas ellas sin alteración alguna, de la manera más pacífica imaginable.

Más involución autonómica parece ser la receta del PP para hacer frente al auge soberanista

'Sin violencia todo es posible' se dijo una y otra vez durante muchos años cada vez que alguien trataba de plantear escenarios de solución a los problemas políticos y de convivencia en el País Vasco. Afortunadamente, la sociedad vasca se ha quitado de encima el estigma de la violencia. En Catalunya, nadie, ni remotamente, insinúa la posibilidad de recurrir a la fuerza. Sería rechazado de inmediato y sin duda alguna por el conjunto de la sociedad . Las hipotéticas fracturas sociales sólo se encuentran en la cabeza de unos pocos, los que las anhelan.

Ni violencia ni fracturas y, sin embargo, ninguna vía diálogo abierta en torno a nada que pueda tener relación con el derecho a decidir del pueblo catalán.

'Lo que necesita Catalunya - ha dicho Rajoy en Barcelona - es que alguien se ocupe de gobernar', al tiempo que negaba explícitamente a su actual presidente la autoridad para hablar en nombre de los catalanes.

Poco antes, la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, había pedido más presencia del Estado en Catalunya y que ahí se fortalezca, había afirmado que el jefe del Gobierno central era el 'presidente de los catalanes', que el Estado de Derecho funcionó al impedir que el 9-N tuviera lugar un referéndum y que 'se acabó el diálogo' con los que quieren acabar con la unidad de España. 'Tú eres el interlocutor directo con los siete millones de catalanes', le ha dicho a Rajoy.

Más involución autonómica parece ser la receta del PP para hacer frente al auge soberanista. El problema obviamente no está en Catalunya. Lo plantean quienes se niegan a aceptar cualquier posibilidad de mantener una relación entre iguales.