(Este artículo fue publicado originalmente en 'Público' el 14/03/2011 cuando Pablo Iglesias Turrión era profesor de Ciencia Política de la Complutense)

El pasado jueves, coincidiendo con el final de un ciclo de conferencias sobre feminismo organizado por diversos colectivos universitarios, unas setenta estudiantes entraron pacíficamente en la capilla del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Mediante una representación teatral protestaban contra el machismo y la homofobia de la Iglesia Católica y contra los privilegios de los que goza esta institución en un espacio público y laico como la universidad pública.

Los estudiantes protestaban contra los que goza la Iglesia en un espacio público y laico Parece que el hecho de que varias de las jóvenes se desnudaran de cintura para arriba durante la performance ha encrespado los ánimos de ciertos sectores ultracatólicos y una avalancha mediática conservadora ha tratado de criminalizar a las estudiantes. Varios medios han hablado de "asalto" y "allanamiento" de la capilla, de "delito contra la libertad de culto", han denunciado que el rector de la Complutense ampara la "persecución religiosa" y algunos columnistas no han dudado en calificar a las alumnas de "zorras". El sindicato de extrema derecha Manos Limpias se ha atrevido incluso presentar una querella criminal contra las estudiantes.

Más allá la relevancia simbólica y anecdótica de la iniciativa estudiantil, lo que está claro es que las alumnas han puesto sobre la mesa una cuestión que tiene que resolverse y frente a la que los demócratas tenemos que posicionarnos de manera contundente: la existencia de centros de culto católicos en las universidades públicas.

El problema no es que la Iglesia Católica sea la institución que más legitimó y se benefició del franquismo o que, sistemáticamente, haya combatido con fe ciega el reconocimiento de derechos a las mujeres y a las personas homosexuales, o que callara el 23-F, o que entre sus miembros los casos de abusos sexuales a menores hayan alcanzado niveles escandalosos. Con todo eso, en una sociedad democrática, la Iglesia y los católicos tienen, como cualquier persona o colectivo, perfecto derecho a practicar su religión, a organizarse y a defender sus ideas, incluso cuando éstas son claramente antidemocráticas, como ocurre con buena parte de los planteamientos de la Iglesia.

Lo que es intolerable es que, en el marco de un Estado que se dice laico, sigan disfrutando de los privilegios que les otorgó su franquismo en las universidades públicas.

Se podrá estar en desacuerdo con la forma en la que las estudiantes llevaron a cabo su protesta pero, permítasenos el chiste, tenían más razón que un santo en sus reivindicaciones. Gracias a su audacia y a su compromiso democrático, del que debiéramos aprender algo los profesores, se ha presentado una ocasión inmejorable para que las autoridades académicas tomen nota y acaben de una vez por todas con los privilegios de la Iglesia en las universidades públicas.

Como demócratas y como profesores no podemos tolerar además que se criminalice y amenace a las estudiantes que, organizando jornadas, seminarios, debates y ¿por qué no? también movilizaciones, protestas y performances, nos recuerdan que la universidad debe ser un espacio laico y democrático para la crítica y la diversidad.