Publicado: 14.10.2015 21:45 |Actualizado: 16.10.2015 16:49

¿Quién ordenó el comunicado del TSJCat que denuncia un ataque "directo" a la independencia judicial?

El juez instructor no ha solicitado amparo por las concentraciones de políticos y ciudadanos ante el Palacio de Justicia mientras toma declaración a Mas y dos consejeras por convocar la consulta del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional.

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Concentración en la Plaza de Sant Jaume el pasado lunes, en apoyo de Mas, Ortega y Rigau, portando letras formando las palabras "Independencia" y "Desobediencia". REUTERS/Albert Gea

Concentración en la Plaza de Sant Jaume el pasado lunes, en apoyo de Mas, Ortega y Rigau, portando letras formando las palabras "Independencia" y "Desobediencia". REUTERS/Albert Gea

MADRID.- La plaza estaba abarrotada. Cientos de militantes y políticos se concentraban ante el Palacio de Justicia, en contra de la declaración de tres políticos ante el Tribunal Superior de Justicia. Los manifestantes asistían indignados ante este "acto de opresión", como dijo uno de sus líderes.

Ocurrió el 3 de diciembre de 2003. Ninguna institución dijo entonces de que esta concentración era un ataque "directo y sin paliativos" a la independencia judicial, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó "respeto" al alto tribunal y las asociaciones profesionales, más allá de denunciar la presión, consideraron que los jueces y fiscales tenían la suficiente experiencia como para no dejarse impresionar. Y eso que los cientos de manifestantes y políticos estuvieron cinco horas a las puertas del Palacio de Justicia. La jueza instructora, Nekane Bolado no pidió amparo alguno y cumplió con su trabajo.

Los políticos eran el presidente del Parlamento Vasco de entonces, Juan María Atutxa, y dos miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, que resultaron condenados por un delito de desobediencia por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, nombre que adoptó Batasuna tras su ilegalización.

El instructor no ha pedido el amparo


Casi doce años después, un Tribunal Superior de Justicia actúa de forma contraria y decide emitir un duro comunicado para denunciar en un comunicado unánime un "ataque directo y sin paliativos" a la independencia judicial por el hecho de que políticos y manifestantes acudieran el pasado 13 de octubre al Palacio de Justicia, en apoyo de Irene Rigau y Joana Ortega, dos consejeras imputadas por facilitar la celebración del 9-N.

No consta que instructor del caso, Joan Manel Abril, haya pedido amparo al CGPJ, el órgano encargado de proteger a los jueces y magistrados cuando se sienten perturbados en su independencia. Y eso que el instructor del 9-N es puesto de vuelta y media todos los días por conductores y tertulianos de derechas.

El juez Abril volvió a oír a las puertas del Palacio de Justicia este 15 de octubre nuevos gritos, cuando a las 10 de la mañana el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, acudió a declarar acompañado de 400 alcaldes independentistas, con sus bastones de mando... Una obvia medida de presión política, presión que Más rechazó al término de su declaración. Para él es "normal" que la gente se exprese en la calle como ejercicio de libertad de expresión. Y recordó que "todos los poderes están sometidos a la crítica pública".

Pulso político y ambiciones personales


La concesión de amparo a un juez no suele ser habitual. Es más, no suele otorgarse por declaraciones o presiones políticas -que "va de suyo" en casos como el 9N-, sino cuando un juez se siente tan perturbado por tales presiones -de ámbito económico, mediático, político...- que éstas influyen en el proceso de decisión e impiden que realice su función constitucional: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Pero Abril no ha pedido amparo alguno, según fuentes judiciales. La tensión en la instrucción del 9-N se encuentra más entre los poderes políticos y mediáticos, entrecruzado por las ambiciones personales, que en el seno del propio tribunal juzgador.

La instrucción de la querella sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre de 2014, celebrada a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional, está llevando al límite a las instituciones. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) es como una cuerda de la que tiran unos y otros, en una suerte de sokatira político de difícil salida.

El comunicado de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJCat era tajante y la génesis de dicho escrito es una incógnita. Pero diferentes fuentes judiciales sostienen que el comunicado fue el resultado de presiones realizadas a instancia de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, sobre la Sala de Gobierno del tribunal.

En la génesis se encuentra también la debilidad del actual presidente del TSJCat, Miguel Ángel Gimeno, quien aspira a ser reelegido para el cargo por Lesmes y su núcleo duro con el que controla el CGPJ. La votación para escoger al próximo presidente del TSJCat está prevista a final de año. Hay quien no augura futuro alguno a Gimeno.

Pero hay otro miembro del TSJCat que necesita exhibir músculo: Pablo Llarena, magistrado y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. En noviembre se presenta a la reelección a la presidencia de su asociación, y su estilo de dirección desaparecida es cuestionada dentro de su asociación.

Es más, Llarena influye en el sector conservador de la Sala de Gobierno del TSJCat que controla la mitad de la Sala, donde, en realidad, el único progresista es Miguel Ángel Gimeno. La otra mitad son independientes. Llarena cuenta para ello con la colaboración de Javier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona.

No es la primera vez que Gimeno recibe presiones de Lesmes, quien ambiciona su reelección dentro de tres años mientras renueva la cúpula judicial a su criterio, gracias al gran poder que le otorgó la reforma del Partido Popular sobre el CGPJ.

Ya el pasado abril, con motivo de la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, y después en septiembre, con la apertura del año judicial, el presidente del CGPJ preguntó directamente a Gimeno por la razón por la cual el juez instructor aún no había llamado a declarar a Artur Mas. Se da la circunstancia de que el CGPJ es un órgano constitucional administrativo y no puede entrar en asuntos jurisdiccionales. La pregunta representaba una injerencia directa.

El TSJCat no había citado a Mas porque había seguido la senda del Supremo, que aplazó las declaraciones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán hasta la celebración de las elecciones andaluzas de marzo. Es más, la defensa del propio Mas intentó que declarara justo antes de las elecciones del 20 de septiembre, paseíllo que le habría venido como anillo al dedo para sus fines soberanistas.

Gimeno optó por revelar a Lesmes que el presidente catalán y sus consejeras serían citados a declarar por el instructor tras las elecciones catalanas. Se da la circunstancia de que el día de la jornada de reflexión, la inminencia de la declaración fue filtrada al diario La Razón.

El señalamiento de Artur Mas se realizó mirando la agenda disponible, y nadie se fijó de que el 15 de octubre coincidía con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys i Jove, presidente de la Generalitat. 

Era el CGPJ la institución que debía haber salido desde el primer momento para reclamar respeto al tribunal u otorgar el amparo si entendía que se producían presiones intolerables. Pero su presidente, Carlos Lesmes, optó por callar en las primeras horas del día 13 de octubre y que fuera el TSJCat el que saliera en su autodefensa.

El pleno del órgano constitucional asumió el comunicado del TSJCat el día 13 por la tarde, a propuesta del vocal Juan Manuel Fernández. La propuesta, planteada en el turno de ruegos y preguntas, le pilló a Lesmes algo desconcertado. Al filo de las diez de la noche, el CGPJ difundió el comunicado de amparo aprobado por la mayoría conservadora y parte del sector progresista. Dos vocales no votaron al estar de viaje -las progresistas Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda-, aunque podrían haberse sumado por correo electrónico. Además, abandonaron el Pleno Roser Bach -magistrada, ex directora de la Escuela Judicial y esposa del conseller catalán de Justicia, Germà Gordó-, Enrique Lucas Murillo y Concepción Sáez, nombrados a propuesta de PSOE, PNV e IU, respectivamente.

La mayoría del órgano de gobierno asumió el comunicado del TSJCat para amparar así al tribunal y denunciar la presión "directa y sin paliativos" e "intolerable" que sufría el juez.

Un juez, Joan Manel Abril, que no ha dicho esta boca es mía.