El gasto militar reconocido en los presupuestos de Defensa de los últimos tres ejercicios es irreal, ya que no ha consignado, entre otras partidas, más de 3.500 millones de euros destinados al pago de los denominados programas especiales de armamento, que incluyen las armas más sofisticadas de las Fuerzas Armadas: los aviones de combate Eurofighter, los tanques Leopard o el buque de acción marítima.

El camuflaje de este abultado gasto --que es más del doble del presupuesto inicial íntegro para 2014, que asciende a 5.742 millones-- se realiza con el ropaje de créditos extraordinarios de Hacienda que el Consejo de Ministros se ha habituado a aprobar en fechas próximas al verano. El Gobierno, que saca adelante los créditos mediante reales decretos, insiste en que el desembolso no engrosa el déficit, aunque se cubre con deuda pública.

En septiembre de 2012, el dinero aprobado fue de 1.782 millones de euros; en julio de 2013, de 877 millones; y para 2014, el crédito será de 915 millones, aunque la cifra final puede oscilar. En esta ocasión, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, anunció el desembolso en la propia comparecencia que tuvo esta semana en el Congreso para explicar los presupuestos, pese a que es un gasto que no se incluye en los mismos en su versión inicial. Lo que hace es engrosar el desvío final de esos dineros públicos.

La explicación de Argüelles para que esas partidas queden fuera del presupuesto es que las cuentas, de forma inicial, 'incluyen solamente lo necesario para cubrir los gastos administrativos de los diferentes programas especiales y las distintas agencias internacionales que los gestionan'.  Además, se trata de unas partidas que afectan no sólo a Defensa sino también a Hacienda e Industria, y que se solventan con un doble objetivo: pagar las deudas y reducir el impacto en el déficit.

Sin embargo, otras voces advierten en la fórmula de los créditos extraordinarios que se aprueban a mitad de ejercicio, y no al principio, un intento del Gobierno por camuflar aumentos de la siempre impopular inversión en armamento, máxime cuando al mismo tiempo se recorta en gastos sociales como la prestación por desempleo, la sanidad o la educación.

Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz, y miembro del Centro Delás d'Estudis per la Pau, declaró a Público que cuando se trata de un gasto que se conoce con antelacion --como en esta ocasión ha evidenciado el secretario de Estado del ramo--, y por tanto está programado, la única explicación de que no se plasme en el presupuesto es aparentar que el gasto militar disminuye cuando no lo hace.

'En la situación de crisis económica que atravesamos, no se quieren asumir abiertamente estos pagos', señala Font, que cree que el sistema de los créditos extraordinarios es una forma de maquillaje, o de 'creatividad contable'.

El compromiso de España con las empresas involucradas en estos programas especiales de armamento es cercana a los 30.000 millones de euros hasta el año 2030, que quieren renegociarse por el Ejecutivo en cuanto a cuantías, unidades solicitadas y plazos, para lo cual creen que es necesario primero abonar las cantidades adeudadas (por unos 8.000 millones).

La mayor parte de los 3.500 millones destinados en 2012, 2013 y 2014 a estos programas irá al Eurofighter, o avión de combate europeo, contratado con el consorcio franco-germano-español EADS, a través de su empresa subsidiaria Cassidian. El grupo también lleva, con Eurocopter, el helicóptero de ataque Tigre.

Otros proyectos son el de los carros de combate Leopardo, de General Dynamics-Santa Bárbara, que se fabrican en Sevilla, y el Buque de Acción Marítima, de Navantia. También figuran el Misil Iris-T; el Misil Spike; el Helicóptero UME; el Obus 155/152; o el sistema CIS UME, 718.530 euros.

En 2012, el Gobierno justificó el desembolso de más de 1.700 millones para el pago de deudas por estos programas en que, de no hacerlo, se produciría un 'colapso financiero' de los programas internacionales, con el consiguiente 'deterioro de la imagen de España'; se perderían empleos altamente cualificados y capacidad exportadora de nuestra industria; y se limitaría la capacidad española para participar en misiones internacionales.