Los abogados de las asociaciones que ejercen la acusación popular en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) han comparado al fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, con el del caso Nóos, Pedro Horrach, por despachar con un par de preguntas los interrogatorios de los empresarios imputados.

'Es el Horrach de la Audiencia Nacional, apenas ha hecho una o dos preguntas en cada uno de los interrogatorios', ha señalado el abogado de Ecologistas en Acción, Juan Moreno, antes de poner de relieve que tres de los cuatro constructores que han declarado este viernes -Joaquín Molpeceres del Grupo Licuas, Ramón Aigé de Sorige-Acsa y José Luis Suárez de Copasa- se han negado a responder a las acusaciones.

El único que ha contestado a las acusaciones ha sido el consejero de Urazca Construcciones y expresidente del Athletic de Bilbao, Ignacio Ugarteche, que hizo un pago de 90.000 euros el 21 de marzo de 2007, según los manuscritos que Bárcenas entregó al juez Pablo Ruz en julio pasado. Ugarteche ha negado esta donación y ha dicho que nunca entregó dinero a los populares, aunque alguna vez llegó a visitar la sede de la formación en el País Vasco. También ha admitido que conocía a Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y exlíder del PP vascoç; y que, como presidente del Athletic, trató con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el palco del Santiago Bernabeu.

Las acusaciones han preguntado por qué Urazca, que quebró en 2008, obtuvo su primer contrato fuera del País Vasco después de la donación anotada por Luis Bárcenas y si esta expansión tuvo algo que ver con la situación de la compañía. El compareciente ha asegurado que ese contrato -adjudicado por el Ayuntamiento de Madrid por cuatro millones de euros para la construcción y concesión de un aparcamiento- era 'interesante' para la compañía y respondía a su estrategia comercial.

El presidente de Sorige-Acsa, Ramón Aigé, por su parte, ha negado los ocho apuntes que aparecen en la supuesta contabilidad B entre los años 2003 y 2008 por valor de 362.000 euros, y ha alegado que en esa época trabajaba en otra empresa (Copisa) que era accionista de la anterior. En todo caso, ha admitido que conocía a Lapuerta porque era amigo de su padre y que éste le presentó en una ocasión a Bárcenas, aunque nunca habló con ellos sobre la adjudicación de contratos.

El presidente del Grupo Licuas, Joaquín Molpeceres, ha sido preguntado por una entrega de 60.000 euros que Bárcenas anotó en su contabilidad B el 11 de junio de 2004 bajo el apunte Volpeceres. El empresario ha negado que pueda tratarse de él y ha dicho que conoció al extesorero popular un año después, cuando le propuso invertir el el Club de Golf El Olivar de la Hinojosa, que presidía. Bárcenas visitó las instalaciones pero, según ha dicho, su participación en el negocio no se llegó a concretar.

También ha señalado que conoció al extesorero popular Álvaro Lapuerta durante un almuerzo en el restaurante Jockey de Madrid con el expresidente del Consejo de Estado Íñigo Cavero, aunque nunca trató con él cuestiones comerciales ni le realizó ninguna donación para el partido. Molpeceres, que fue presidente de la Federación Madrileña de Tenis y actualmente dirige la Unión de Federaciones Deportivas de Madrid (Ufedema), ha asegurado que dejó de dirigir la constructora en los años noventa y que en la actualidad únicamente se ocupa de actividades relacionadas con el deporte.

El presidente de Construcciones Paraño (Copasa), José Luis Suárez, al que los manuscritos de Bárcenas atribuyen haber realizado una donación de 75.000 euros el 1 de marzo de 2004, se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones populares y ha asegurado que no conoce a ningún dirigente del PP salvo al exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 'Es gallego, como yo', ha explicado.

A la salida de su interrogatorio los abogados que ejercen la acción popular se han quejado de que ni el juez Pablo Ruz ni el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, hayan preguntado al empresario por qué, tal y como reflejaba un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, las contrataciones de Paraño cayeron en los años 2002 y 2003 y volvieron a recuperarse en 2004 y 2005, después de la supuesta donación. Ruz imputó a estos empresarios al admitir parcialmente, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, una ampliación de querella presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad, que ejercen la acusación popular en la causa.

En la causa también están imputados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo; y los empresarios Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso), José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas) y Antonio Vilella (Construcciones Rubau).