El Consejo General del Poder Judicial hizo público este jueves una declaración institucional de apoyo a los jueces que sean tratados de forma 'burda', 'grosera', 'denigrante' o 'injusta'. El escrito no menciona en ningún momento al juez José Castro, instructor del 'caso Nóos' que acaba de imputar a la infanta Cristina, pero se produce después de que dos asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia) reclamaran una reacción del CGPJ por el escrito de la Fiscalía que implicaba a Castro en una teoría conspiratoria contra la hija menor del rey.

El comunicado es una declaración de intenciones genérica del nuevo Consejo del Poder Judicial para manifestar que 'bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros, la imparcialidad o independencia de Jueces/zas y Magistrados/as'.

El comunicado no deja de suponer plasmar en papel la función de amparo de los jueces que el Consejo ya tiene atribuida por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que ha practicado en numerosas ocasiones en el pasado.

Sin embargo, el nuevo Consejo ha considerado oportuno en estos momentos reiterar en esta declaración institucional que 'amparará expresamente a todo/a Juez/a o Magistrado/a que demande su protección frente a actuaciones o críticas injustificadas que pongan en entredicho su función mediante procedimientos manifiestamente irrespetuosos o injustos, y apoyará de manera expresa en el ejercicio de sus cometidos a todos los/las miembros del Poder Judicial, quienes día a día, en condiciones casi siempre difíciles, contribuyen decisivamente a que los valores, derechos y libertades constitucionales constituyan una realidad efectiva'.

El CGPJ destaca que actúa en el ejercicio de la potestad constitucional de proteger la independencia de los jueces. 'En un Estado democrático de derecho, los/las Jueces/zas y Magistrados/as, como titulares del Poder Judicial, asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática'.

Agrega que 'la confianza pública de que los/las Jueces/zas y Magistrados/as puedan efectivamente desarrollar sus cometidos conforme a las exigencias de la Constitución, es un objetivo merecedor de la máxima protección, y justifica los numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional reclamando de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general, el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales'.

'En una sociedad democrática --recalca el comunicado-- todo ejercicio del poder, y el jurisdiccional no es una excepción, está sometido a la crítica pública, pero bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros, la imparcialidad o independencia de Jueces/zas y Magistrados/as, ya que dichas actuaciones, no sólo desconocen el respeto debido a quienes sufran el acoso, sino que socavan uno de los fundamentos esenciales del orden constitucional: la legitimidad de los miembros del Poder Judicial y la confianza social en su actuación'.